Pachuca.- A tres años de la explosión de un ducto en Tlahuelilpan , que dejó 138 muertos, los familiares de los sobrevivientes reclaman que el gobierno se ha olvidado de ellos.
Rosalinda Reyes es una de ellas. Es una mujer fuerte a base de golpes, su esposo murió por cáncer y su hijo, Alan, de 15 años, estaba viendo la fuga de combustible la tarde del 18 de enero de 2019, cuando el ducto de Petróleos Mexicanos estalló en medio de unas 700 personas,
Cuenta que en su cabeza aún retumban sus palabras: “deje que mi hijo se muera”, las cuales pronuncio cuando le pidieron su autorización para amputarle los dos brazos al menor.
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Los recuerdos, dice, los tiene frescos. Para ellos es como si hubiera sido ayer, aunque para las autoridades la tragedia ya pasó al olvido.
Los recuerdos de Rosalinda
El viernes 18 de enero del 2019 Rosalinda había acudido a su trabajo en el centro de Tlahuelilpan, donde laboraba como dependienta en un negocio.
Recuerda que había movimiento inusual, en redes sociales había la invitación de acudir por combustible gratis al ducto de San Primitivo . Las camionetas pasaban en dirección a Tlaxcopan, muchos jóvenes, mujeres y hombres iban con bidones, y otros solo por curiosidad.
“No me imagine nunca que él hubiera ido. Yo salí a trabajar, y por la tarde escuché que había estallado el ducto, incluso vimos el fuego, con la gente comentábamos pero nadie creía que hubiera muertos.
“A los pocos minutos recibí una llamada de mi hija, me decía que Alan estaba en el lugar y que a lo mejor se había quemado. No imaginaba la gravedad, pensé que la gente había corrido, pero al llegar al sitio lo que vi, eran cuerpos ardiendo, gente que lloraba y gritaba; ahí en la cara tenía la realidad.
“Empezamos a buscar a mi hijo y a mi sobrino, quienes habían ido con varios amigos. Un vecino pasó por ellos en su camioneta, iban a ver qué pasaba”, recuerda Rosalinda .
Después de varias horas y tras un peregrinaje de en diversos nosocomios, Alan fue localizado en un hospital de Tula .
Ahí ya esperaban a un familiar que autorizara su traslado a Tulancingo . Alan fue llevado en ambulancia a esa ciudad, en el camino Rosalinda se despidió de él, le dijeron que tenía pocas posibilidades de vida al tener el 90% de su cuerpo con quemaduras de tercer grado.
“En la ambulancia me decía, ‘estoy bien jefa, no te preocupes’. De repente gritaba de dolor; entonces le dije, ‘si llegó tu hora, vete tranquilo; siempre has querido estar con tu papá y él te va a estar esperando’. En medio de lágrimas me decía que no me quería dejar sola, que no se quería morir, finamente me pidió que le echara la bendición”.
En el hospital los médicos pidieron a la madre firmar un documento de consentimiento para amputar los dos brazos a Alan. “Ni siquiera lo consideré, ellos insistían que era para salvarlo pero yo sabía que si lo hacían, él no lo soportaría”.
“Dejen que mi hijo se muera”, les respondió, y como pudo saco a Alan de ese hospital para trasladarlo a Zumpango.
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En Zumpango, Alan fue desahuciado a los 20 minutos de ingresar. Los médicos pidieron a la familia que pasarán a despedirse. Sus hermanos, primos y tíos se despidieron, Rosalinda se negó.
Recuerda que, en medio de todo, “apareció un ángel”, un médico que le recomendó pedir su traslado a Galveston, Estados Unidos.
“Nadie quería, me decían que no era candidato que él no iba a aguantar, que solo era para quien tenía posibilidades de vida y Alan no. Aseguraban que si lo movían se moría, yo grité, ‘si se tiene que morir, que lo haga luchando’. No tenía nada que perder.
Finalmente le dijeron que si aguantaba un día más, lo trasladarían “el médico ángel”, se encargo de mantenerlo con vida. En Estados Unidos con la intervención de la Fundación Michou y Mau , Alan estuvo internado ocho meses, tiempo en que le realizaron 16 cirugías.
“El día que lo dieron de alta no quería regresar, tenía miedo a las burlas a los señalamientos fue muy difícil”, recuerda su madre.
Han pasado tres años y el joven aún no se recupera tiene heridas físicas y emocionales.
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El abandono del gobierno
La familia de Alan denuncia que el gobierno se ha olvidado de ellos. No hay tenido apoyo para conseguir la visa que requiere para a acudir a Estados Unidos a practicarse sus cirugías .
Actualmente, las visas se las dan sólo por un año, lo que ha ocasionado que haya perdido seis operaciones, al no empatar los tiempos de la cita con la agenda del hospital.
Rosalinda tiene una petición al gobierno, la ayuda para que Alan pueda ser atendido en Galveston con una visa de 10 años, así no faltarían a su tratamiento médico.
Además, la pandemia por Covid-19 también se ha interpuesto en su tratamiento y ya provocó que no se le practicaran dos operaciones.
En el 2020, al estar en el hospital en Galveston, dio positivo al virus , desde entonces no ha podido acudir a sus citas.
Alan tiene pesadillas, grita que se quiere morir y llora. Él utiliza una máscara y un traje especial para protegerse del sol y de las infecciones, dice que si no se opera no se va a quitar nunca la máscara. Tiene miedo a las burlas por sus quemaduras y a ser considerado un criminal por un delito que no cometió .
“Él solo era un adolescente curioso como todos, la diferencia es que la vida se le fue en ello”, dice su madre.
Las promesas incumplidas
Lucia es la hermana de Gonzalo, quien murió en la explosión. Ella considera que no fue un accidente, está convencida que alguien lo incendió y quienes cometieron un delito en el incendio y el robo de combustible no les pasó nada, ellos se fueron del lugar y ahí quedaron muchos inocentes.
Lucia mantiene una lucha por limpiar el nombre de su hermano y porque el gobierno cumpla con lo pactado para las víctimas.
Dice que en marzo firmaron una minuta con autoridades federales y estatales donde se comprometían a seis puntos. Por el estado firmó el entonces secretario de la política pública, Israel Felix . Por el gobierno federal el delegado de programas sociales, Abraham Mendoza, y por la Presidencia Diana Alvarez Mauri y Leticia Ramírez Anaya, directora de atención Ciudadana.
Entre los compromisos está la compra del terreno para la construcción de una casa de oración, generación de fuentes de empleo y actividades productivas, complementar censos para los apoyos locales y federales, becas a los huérfanos, seguimiento y diagnóstico médicos para afectados y su familia.
El único que se cumplió fue el seguimiento a las pruebas de ADN para identificar a las víctimas.
Otro de los compromisos que se incumplieron fue el contacto directo y permanente entre autoridades y el comité de afectados. “Esto está roto, no nos atienden ni siquiera el teléfono. Nos han abandonado a nuestra suerte”, lamenta Lucía.
En Teltipan, localidad del municipio de Tlahuelilpan el pueblo ha cambiado. Ahí faltan más de 30 de sus pobladores que murieron en el incendio del ducto.
Henry Pedraza
es profesor en esa localidad, perdió a tres familiares y al menos a ocho amigos y conocidos.
Dice que la tarea de un maestro no solo es enseñar en una escuela, sino también apoyar a la comunidad y Tlahuelilpan lo necesitaba.
Forma parte del comité que gestiona los apoyos federales, cuenta que en Teltipan la gente era participativa, querían mejorar la comunidad. Después de ese enero la gente no tiene interés.
Lamenta que el gobierno dejó en el abandono a esta región nada de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador se cumplió. En esa zona de Hidalgo el ducto dejó 138 personas sin vida y 170 huérfanos.
En Teltipan dice al menos 30 personas perdieron la vida, en Tlahuelilpan, 51; Tlaxcoapan, 56, y Tezontepec ,21, el resto eran de otras localidades.
La cifra exacta de heridos y sobrevivientes no se conoce porque posteriormente aparecieron más personas algunas heridas por quemadura.
Él profesor conoce al menos a cinco, quienes al paso del tiempo reconocieron haber estado en el ducto.
Para él es importante que la gente reciba ayuda, la mayoría de las víctimas no eran delincuentes, eso lo tiene claro, y la gente lo debe saber.
Las víctimas indirectas mantiene una demanda
El despacho Trujillo lleva la demanda colectiva de 90 Víctimas directas e indirectas del estallido. El abogado Miguel Trujillo señala que se mantiene un litigio por mil millones de pesos en contra de la aseguradora Mapfre, contratada por Pemex ante cualquier desastre.
Precisa que cuenta con los elementos legales para poder ganar la demanda, ya que está descartado que los afectados hayan cometido un delito, es un caso juzgado por un juez, aseguró.
Precisó que no se encuentra desechado, como ha pretendido hacer creer otro de los despachos que también mantiene un proceso. Esta se encuentra activo y destacó que tienen todas posibilidades de qué ésta pueda ser válida a sus representados.
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Alan tenía 15 años cuando sucedió la tregedia. Hoy necesita viajar a EU para seguir con su tratamiento.