El 30 de marzo pasado, la localidad de San Miguel Reyes, en Putla Villa de Guerrero, en la Sierra Sur, se tiñó de luto. Reyna Isabel Ortiz Jiménez fue asesinada y sus cinco hijos quedaron en la orfandad.
Reyna Isabel salió un día antes, a las 11 de la mañana de su domicilio para buscar leña, pero nunca volvió.
Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia. Reyna fue asesinada con un machete y un arma de fuego.
Como ella, 11 mujeres más perdieron la vida de forma violenta durante el mes de marzo. Hasta el 13 de abril, 28 mujeres habían sido asesinadas, señala el registro del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos.
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El feminicidio de Reyna Isabel causó indignación entre las colectivas feministas, que exigieron a las autoridades que se haga justicia para ella.
“Cinco hijos quedan en desamparo, huérfanos por feminicidio e invisibles a las autoridades”, cita un post en Facebook.
Los hijos de Isabel forman parte de los 39 menores de edad considerados como víctimas indirectas de feminicidio de 2020 a 2021, de los cuales, 20 son hombres y 19 mujeres, según datos oficiales de la fiscalía de Oaxaca.
Hasta septiembre de 2019, 130 menores, cuyas madres fueron víctimas de feminicidio, recibían apoyo del gobierno estatal. Sin embargo, el Congreso estimaba en 544 las niñas y niños que quedaron en orfandad desde 2010 a la mitad de 2018.
Sin embargo, de acuerdo con las organizaciones sociales feministas, hasta el momento no hay un padrón exacto de cuántos son los menores que quedaron huérfanos por ese delito.
Cuando estos crímenes suceden en el entorno rural o en comunidades indígenas, como en el caso de Reyna Isabel, las víctimas indirectas son invisibilizadas, señalan.
A la incertidumbre se suma también el hecho de que la mayoría de las muertes violentas de mujeres en Oaxaca no se indagan como feminicidio.
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EL UNIVERSAL informó en marzo pasado que, de acuerdo con datos oficiales de la fiscalía, entre 2017 y 2020 fueron asesinadas en Oaxaca 524 mujeres; sólo 149 se investigaron finalmente como feminicidio, lo que representa apenas un 28.4% del total, es decir, menos de tres muertes de cada 10.
En diciembre de 2020, la Cámara de Diputados federal aprobó reformas legales para apoyar a niñas y niños víctimas indirectas de homicidio o feminicidio, es decir, cuando queden huérfanos de padre o madre.
Estas reformas a la Ley General de Víctimas permiten garantizar el respaldo del Estado, servicios de salud, educativos, apoyo sicológico, e incluso, acceso a reparación del daño, a los niños, niñas y adolescentes cuyas madres, padres o tutores hayan fallecido a causa de homicidios y feminicidios, cuyos recursos se obtendrán del presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como de los recursos estatales, sin que se contemple la intervención del gobierno federal para ello.
El Instituto Nacional de las Mujeres calculó que, entre diciembre de 2018 y junio de 2019, los huérfanos en México suman entre 3 mil 400 y 4 mil 245 niños y niñas, respectivamente.
El 1 de abril, la diputada Mónica Bautista Rodríguez exigió al gobierno federal investigar el feminicidio de Reyna.