Migrantes no confían en que haya justicia tras incendio

Ciudad Juárez.— “Todos los que llegamos hasta acá sabemos lo que pasó en Migración. Mataron a hermanos nuestros que dejaron Venezuela por un mejor futuro”, dicen migrantes que están actualmente en Ciudad Juárez y que recuerdan el incendio en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) ubicada en el puente internacional Lerdo-Stanton.

Hoy se cumplen cuatro meses del siniestro en el que 27 migrantes resultaron lesionados y 40 más fallecieron dentro de la estación provisional, la cual luce abandonada.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se logró observar cómo en una de las puertas de la estación aún luce un cordón amarillo de precaución, mientras que las rejas están cerradas.

En otro de los accesos se logró observar a guardias de seguridad custodiando el lugar, mientras que el pequeño altar que los migrantes habían instalado en la banqueta de la estación fue retirado.

Pese a que la situación migratoria en la frontera es distinta a la del 27 de marzo, en las calles aledañas a la estación del INM aún es común ver a migrantes. Algunos de ellos aseguran que la justicia por la muerte de los 40 migrantes no llegará jamás, pues se trata de hijos, hermanos y padres que murieron en busca del llamado sueño americano.

Al igual que los migrantes, organizaciones civiles han denunciado falta de justicia en el caso, junto a los abogados de algunas personas que han sido detenidas como parte del proceso.

Las organizaciones civiles coinciden, desde el mes pasado, en que a la fecha no hay transparencia en las acciones que las autoridades mexicanas están llevando a cabo para investigar el caso, reparar el daño a las víctimas y sus familias; por el contrario, la revictimización y hostigamiento a los sobrevivientes y sus familias han primado en el proceso.

Algunas organizaciones que han denunciado dicha situación son Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C. (DHIA), Fundación para la Justicia (FIEDD) y el Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI), entre otras, las cuales desde hace un mes aseguran que personal del INM les presiona para que dejen de comunicarse con la sociedad civil, condicionando el apoyo que reciben para gastos de estancia en México y atención médica derivada del incendio.

FGR obstaculiza la averiguación previa

El abogado Jorge Vázquez Campbell, quien también es presidente de la Barra y Colegio de Abogados Defensores de Refugiados y lleva la defensa del venezolano Jeison Daniel, acusado de iniciar el fuego en la estación migratoria, señala a EL UNIVERSAL que las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) están obstaculizando el trabajo de la defensa de los detenidos, ya que la averiguación previa fue llevada a la Ciudad de México, sin que tengan acceso a ella.

Además, aseguró que se están deteniendo los pagos de indemnizaciones que se deben entregar a las personas lesionadas y familiares de los fallecidos por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), luego de que semanas atrás el gobierno mexicano informara que se había destinado un recurso para ello.

El abogado resaltó que el caso no está en el olvido, pero sí en una situación complicada, en la que las autoridades federales buscan utilizar a las familias de los migrantes como chivos expiatorios.

“En el caso de Jeison Daniel [el migrante acusado de comenzar el fuego], el video muestra que no estaba en el área donde se incendiaron; lo acusaron para tener un extranjero responsable. Recientemente se dio la detención de otro migrante, también venezolano, de nombre Carlos Eduardo Colombo Rodríguez, y a él sí lo reconocen los testigos como el que prendió el cerillo... Jeison ya no es el principal responsable”, asegura.

El abogado señala que el caso de su defendido está congelado, junto con los demás casos de los detenidos, por cuestiones políticas y de la FGR, asevera.

Sobre los pagos de la reparación del daño a las víctimas que se darían por medio de CEAV, el abogado añade que está siendo obstaculizado, aun cuando Hacienda ya asignó una partida para pagarles.

“No han querido pagar para que Garduño no tenga ningún beneficio. Ya llevamos como un mes que nos enteramos que Hacienda había recibido el recurso, les van a pagar como 300 mil pesos a cada familiar de los muertos y a los lesionados como 150 mil”, afirma.