El que no tuvo buen periplo en Sonora, nos comentan, fue el senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena), quien había llegado muy feliz a presentar su libro a estas tierras. Sin embargo, nos platican que “le llovió en la fiesta”, pues fue severamente cuestionado por reporteros y mineros retirados a causa de los 55 millones de dólares que presuntamente le debe a los extrabajadores por la venta de la extinta Compañía Minera de Cananea a Grupo México y por ignorar cinco laudos de la Junta Federal de Conciliacion y Arbitraje (JFCA), a lo que don Napo respondió molesto que “no le debe nada a nadie”, que se dejen de telarañas y advirtió que, si siguen con eso, demandará penalmente a la titular de la JFCA, María Eugenia Navarrete Rodríguez. Así de intocable es, reviraron los mineros.
¿Y dónde están los alcaldes?
Desde Tamaulipas, nos comparten que los que no asoman ni la nariz a pesar del proceso electoral en su estado son el alcalde con licencia de Reynosa, Carlos Peña Ortiz (Morena), y el edil de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez (Morena). Nos relatan que mientras don Carlos argumentó ir a una graduación a Estados Unidos, don Eduardo avisó que dio positivo al Covid-19, pero la realidad, nos dicen, es que los dos enfrentan acusaciones legales que los tienen “con los pelos de punta”, ya que don Carlos tiene una orden de aprehensión por presunto lavado de dinero y don Eduardo aparece en una carpeta de investigación por los presuntos vínculos con el empresario asesinado Sergio Carmona. ¡Qué tal!
Pelean “paternidad” de cargo
Donde se armó un lío legal en Sinaloa, nos platican, fue en la alcaldía Guasave, pues la Dirección General de Asuntos Jurídicos tiene dos titulares… o ninguno. Nos explican que el alcalde Martín Ahumada Quintero (Morena) nombró a Luis Miguel González Valle en dicho cargo, pero a la vez la síndica procuradora Georgina Burciaga Armenta asumió facultades que la ley no le otorga y nombró a su asesora jurídica, Mayra Loya Navarrete, lo que generó una serie de denuncias ante tribunales y, mientras el Tribunal de Justicia Administrativa falló a favor de doña Georgina, un juez de Distrito tumbó esa resolución y le dio la razón a don Martín, por lo que ahora ambos aseguran tener la razón y, como en los divorcios, el pleito va para largo. ¡Zas!