Frenan privatización de tierras en Yucatán

Ixil.- Además de frenar la privatización de cinco mil 700 hectáreas de tierras comunes , vendidas ilegalmente para el desarrollo de dos megaproyectos eólicos en el municipio de Ixil, Yucatán , el ejido de esta demarcación analiza cambiar el régimen de sus terrenos, a propiedad comunal, para blindarse de futuros despojos.

De ser avalada la propuesta, a través de una Asamblea Ejidal, Ixil se convertiría en el primer ejido en México en modificar su régimen de ejido a comunal, lo que ha encendido dudas y protestas al interior del poblado yucateco.

El planteamiento se hizo saber ayer a funcionarios del gobierno federal, durante el foro "Ixil, trinchera maya, por la defensa, recuperación y conservación" , realizado en la plaza central de la comunidad, ubicada a 25 kilómetros de Mérida, capital de Yucatán.

Al evento acudieron representantes de 49 ejidos de la Península de Yucatán, entre ellos, integrantes del Concejo Indígena Maya del municipio de José María Morelos , en Quintana Roo, quienes expusieron que también en aquella entidad existen intentos y despojos de tierras, para destinarlas al desarrollo de megaproyectos.

Una noche antes del foro, en el pueblo de Ixil corrió la versión de que los empresarios afectados por la cancelación de la compraventa ilegal de tierras, ofrecieron 200 pesos a los pobladores de ahí y de otros ejidos, para boicotear el evento.

La mañana de ayer ejidatarios ubicados como "provocadores" se presentaron al foro con enormes mantas y gente "acarreada" de otros ejidos, para increpar a las y los participantes, entre quienes estaban organizaciones civiles, ejidatarios, miembros de la comunidad y autoridades federales.

Las protestas fueron atestiguadas por el titular de la Procuraduría Agraria, Luis Hernández y de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, así como por subsecretarios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Previo al inicio del evento, más de una decena de patrullas de la Policia estatal se alistaron en la zona y cerraron el tránsito vehicular en el perímetro cercano a la plaza.

Ante la irrupción de los "manifestantes" y la tensión que provocó, el evento fue suspendido y varias intervenciones quedaron sin escucharse. La policía municipal se negó a intervenir para reponer el orden.

Antes de dar por terminado el foro, y entre abucheos y gritos de "¡fuera, fuera!", el procurador Agrario, Luis Hernández Palacios, afirmó que Ixil es "emblema de la resistencia maya" y, a nombre del gobierno federal, refrendó el compromiso de acompañar los procesos legales para encausar sus demandas, al confirmar la ilegalidad de los procesos de despojo.

"Expresamos nuestra voluntad de responder a su llamado para iniciar los procesos de rescate del territorio, que no es solo para la agricultura o el desarrollo forestal. Es tierra, agua superficial, es selva, bosque, es biodiversidad, es conocimiento tradicional, son lugares sagrados y es la fuerza moral e histórica de los pueblos", afirmó.

En entrevista, el funcionario precisó que han iniciado 52 juicios de nulidad de asambleas fraudulentas, para la recuperación del territorio en Yucatán. Siete mas están en proceso, incluida la de Ixil.

Frenan privatización de tierras en Yucatán

Foto: Adriana Varillas / EL UNIVERSAL

El foro fue respuesta en la Casa Ejidal, en donde Hernández Palacios escuchó diversos testimonios de la comunidad de Ixil y de otros ejidos en donde acaparadores de tierra han llegado con promesas o amenazas para despojarles de sus tierras con engaños. Algunas líderes de la comunidad denunciaran que han sido victimas de amenazas de muerte.

"A nuestra abogada la quisieron matar", dijo una de las integrantes de una organización comunitaria que pelea por la tenencia de la tierra en un ejido de la Península.

El funcionario federal informó que el gobierno ha iniciado un programa de restitución de tierras a sus legítimos propietarios -los pueblos originarios- pero advirtió que el tema no será fácil.

"Sabíamos a que veníamos, con quién nos enfrentábamos (...) no va a ser fácil, esto no es de superman; no vamos a empezar con resultados espectaculares, pero va a haber resultados", sostuvo.

Anunció que en 15 días llegará un equipo jurídico que dará seguimiento a los casos, para brindar asesoría a las y los pobladores y agregó que en el Senado se presentaron dos iniciativas para modificar la Ley Agraria.

Sergio Oceransky, de la Fundación Yansa, le expresó que es necesario cambiar el diseño de políticas públicas que vienen "de arriba a abajo", para que el proceso y el contenido de las leyes nazca de los propios pueblos originarios.

El despojo a ejidatarios de Ixil, inició en 2014, cuando un empresario ubicado como Alejandro Escoffie Gamboa, se presentó con los ejidatarios para ofrecerles legalizar documentos de tenencia de la tierra y dinero a cambio de tierras y desarrollo, cuenta Santiago Cob Tut.

El ejidatario detalló que, originalmente, Escoffie se hizo de un permiso legal para realizar trámites a nombre del ejido Ixil; sin embargo, a espaldas de la asamblea vendió mas de cinco mil hectáreas de uso común a empresarios locales, nacionales e incluso extranjeros.

Durante cinco años, el "intermediario" o "coyote" -como le llamó Santiago- registró actas de asamblea falsificadas, mapas apócrifos y realizó toda clase de trámites a nombre del ejido, para despojarles de sus tierras, sin que ellos se enterasen.

Fue a través de la "Red de Resistencia y Rebeldia Ho", que los ejidatarios abrieron los ojos. El colectivo se presentó en la comunidad para alertarles sobre dos megaproyectos eólicos que se pensaban construir; ellos lo pusieron en duda, con la certeza de que no había un acuerdo de la Asamblea Ejidal que lo permitiese y se sabían propietarios de esas tierras.

"Fue un proceso muy difícil porque se fueron dando cuenta del engaño de Escoffie. Por otro lado las autoridades se negaban a abrir la documentación, pero con la entrada del nuevo gobierno muchos documentos se abrieron y se fueron descubriendo muchas cosas", indicó en entrevista con EL UNIVERSAL, Martha Flores, de la Red de Resistencia.

Entre los logros de la comunidad de Ixil, están el haber demostrado a la Procuraduría Agraria la ilegalidad de la compra-venta de cinco mil 700 hectáreas, así como la falsificación de documentos y el registro ilegal de actas de asamblea inexistentes, por lo que para la dependencia federal todos esos actos no tienen validez.

No obstante, el tema se encuentra también en manos de un tribunal agrario, a la espera de resolución.

"Se trata de un rescate inédito por parte de la comunidad", consideró, Martha; "es un triunfo enorme para el ejido de Ixil", coincidió Oceransky.

Por separado, ambos activista relataron que, molestos al ver trastocados sus planes y derivado de las perdidas millonarias que supone para ellos, los empresarios han pagado a ejidatarios afines, en Ixil y de otros poblados, para invadir una zona de sabana denominada "La Trinchera".

"Ahora los empresarios están invadiendo las tierras que no pudieron despojar", afirmó Oceransky.

"La Trinchera" es una línea frontal, construida con base en piedras del lugar, dentro de una zona de sabana, que sirvió de contención ante las incursiones de piratas y fue usada por el pueblo indígena durante la llamada "Guerra de Castas".

Está bajo la denominación de "terrenos nacionales", pero en realidad pertenece a Ixil desde tiempos inmemoriales, razón por la cual la comunidad solicitó a las autoridades agrarias, el inicio de un proceso de restitución de esas tierras para declararlo "territorio histórico".

"Los ejidatario quieren proponer un plan de desarrollo estratégico o de aprovechamiento sustentable en esa sabana; el problema es que la zona está siendo invadida para crear un conflicto social", indicó Martha Flores.

El procurador agrario comentó que la Sedatu revisará el caso, porque existe la disposición del gobierno para entregar los terrenos nacionales al pueblo de Ixil.

El funcionario añadió que hay cinco funcionarios de dependencias agrarias, turnados al órgano interno de control, por investigaciones sobre actos de corrupción diversos.

En cuanto al cambio de régimen ejidal a comunal, añadió que es un tema que debe decidir en Asamblea, el ejido de Ixil.

De acuerdo con el artículo 99 de la Ley Agraria, bajo el régimen de bienes comunales las tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo que implica un mayor grado de protección legal ante posibles despojos.

Hasta 1992 los ejidos contaban con la misma protección que los bienes comunales, pero las reformas promovidas por el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, facilitaron la privatización y venta de tierras ejidales, explicaron Oceransky y la antropóloga Gabriela Torres, del CIESAS.

Este domingo, María del Carmen Sánchez, del Consejo Civil para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) en la Península de Yucatán, informó que al foro celebrado en Ixil asistieron 12 personas de ejidos de Quintana Roo, como Dziuche, La Presumida, Morelos, La Esperanza, Candelaria, Puerto Arturo, Saczukil y Siete Gatos.

Luis Alberto Cahuich, del Concejo Indígena U Yóol Lu um, de José María Morelos, indicó que deben tomar ejemplo de lo ocurrido en Ixil y en otros ejidos de la Península, ante la embestida de megaproyectos que amenazan sus territorios en Quintana Roo.

afcl