Zacatecas.— De las 18 comunidades de la Sierra de Jerez que hace más de un año fueron desplazadas por la presencia de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la mayoría de éstas sólo 10% de los habitantes han regresado, asegura Juan Antonio Carrillo, uno de los representantes de los desplazados de la comunidad de Sarabia.

“Aún no hay condiciones reales de seguridad que nos permitan reinstalarnos por completo. Al menos en Sarabia, sólo hay cinco familias que retornaron, de 60 que antes eran, y así hay otros ranchos que no regresan por temor”, asegura el activista.

“Seguimos igual que cuando nos desplazamos a la ciudad de Jerez. Las autoridades sólo nos han utilizado para anunciar que hay avances. Lo cierto es que estamos yendo y viniendo para atender nuestras casas y tierras, porque el ganado lo perdimos, realmente perdimos todo”, dice.

El representante reconoce que es desesperante el proceso de recuperación de su territorio, pues no hay avances contundentes.

Relata que las autoridades han pintado las casas donde estaban las pintas de los cárteles y han otorgado avena a 50% de su costo, pero avizora que tendrán otra vez pérdidas por el temporal a destiempo y por no preparar a tiempo las tierras.

Carrillo detalla que tiene conocimiento de que hay más regreso de habitantes en Palmas Altas y Ermita de los Correa, pero es por las bases de seguridad que se instalaron, pero lamenta que en las demás comunidades, como Sarabia, siguen en el olvido.

Indica que para los desplazados es muy difícil sobrevivir en la ciudad, pues tienen gastos de renta, alimentos y gasolina para atender sus labores del campo a la distancia y tampoco es fácil conseguir algún empleo: “Lo que pedimos es seguridad, mínimo con recorridos diarios de las corporaciones o una base de seguridad. Mientras no haya condiciones reales de seguridad es difícil que la gente se anime a regresar”, reconoce.

Autoridades reportan avances

Marco Antonio Vargas Duarte, comisionado en Jerez para la atención a personas desplazadas, emitió un informe de avances en el que asegura que los desplazamientos forzados por el crimen organizado comenzaron desde 2019, pero a partir del 15 de septiembre del año pasado (cuando entró en funciones el actual gobierno municipal) se comenzó a atender este problema.

Sin embargo, fue en septiembre del año pasado cuando el Ejército Mexicano instaló una base de operación en la comunidad de Ermita de los Correa, la cual benefició a las comunidades de Ermita de los Murillo, Briseño y Colonia Miguel Hidalgo. En esas cuatro comunidades, hasta diciembre de 2021, retornó 85% de los 2 mil 500 habitantes.

En las otras 14 comunidades, con más de 2 mil 260 habitantes “ninguna fuerza del orden hacía recorridos, ante el inminente riesgo de que los policías o militares fueran agredidos por los miembros del crimen organizado”.

En una primera evaluación de daños en esas comunidades, se estimó que el crimen organizado habría robado 22 tractores, 76 camionetas, 20 motocicletas, 300 cabezas de ganado, cinco remolques y tres trailas (remolques), además de perderse el trabajo y la producción agrícola de un aproximado de 3 mil 355 hectáreas.

El informe destaca, incluso, que por las condiciones de seguridad ya se han registrado siete eventos sociales desde el 30 de julio hasta recientes fechas en varios ranchos, “sin que se hayan reportado incidentes”, así como la reapertura del Parque Ecoturístico de la Sierra de los Cardos.

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