Empresarios de Cancún se amparan contra Ley de Hacienda

Cancún.- Más de 30 cámaras empresariales se ampararán a partir del lunes en contra de Ley de Hacienda del municipio de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, debido a las irregularidades detectadas en el procedimiento y redacción del dictamen aprobado por el Congreso de Quintana Roo que se traducen en agravios económicos para cientos de negocios y hoteles, además de invadir competencias de la federación y del estado, que también les afectan.

Directivos y representantes del Consejo Coordinador Empresarial ( CCE ), Coparmex , Canirac , Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, de la Asociación de Clubes de Vacacionistas ( ACLUVAC ), Asociados Náuticos, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias ( AMEXME ), entre otras, informaron que el primer bloque de demandas se presentará a inicio de semana.

El expresidente local de la Coparmex, Eloy Peniche , convocó a pequeños y medianos negocios que, aún sin estar afiliados, se acerquen para recibir asesoría y orientación.

La presidenta del CCE, Inna Germán ; el presidente de Asociados Náuticos de Cancún, Iván Ferrat y la directora de la ACLUVAC, Miriam Cortés , coincidieron en que la ley no es clara y su aprobación en el Congreso no corresponde a lo el municipio aprobó en sesión de Cabildo.

En respaldo, Juan Ignacio Athie, de la asociación Ciudadanos por la Transparencia ( CITRA ); Servando Acuña, por Amigos de Sian Ka’an (ASK) y Eduardo Galaviz , por el Observatorio Legislativo ciudadano, manifestaron que la ley padece de vicios de origen, irregularidades que deben ser rectificadas y sancionadas, y dar pie a un proceso de gobierno abierto para elaborar otro mandado, que tienda a ir al fondo del tema, consistente en propiciar el manejo y disposición final de la basura sin dañar el medioambiente y no beneficiar a una concesionaria.

Entre las irregularidades que detectaron está que el dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta; fue alterado, anexándole indebidamente un artículo transitorio que obliga a las empresas a costear el financiamiento y operación de contenedores tecnológicos, gasto que debería ser absorbido por la concesionaria. Así fue votado a favor.

Además, se ubica a los grandes generadores de basura, como microgeneradores, lo que impacta en los requisitos y obligaciones que deben cumplir. También en los montos que deben pagar por el cobro de derecho de recolección de residuos, explicó Cortés Franco.

Por la Asociación de Hoteles de Cancún, Lizzye Cole, señaló que tampoco se está respetando el principio de autodeterminación, que permite a los negocios, restaurantes, escuelas y marinas, definir la cifra de residuos que generan.

En ese tema, manifestaron que el ayuntamiento impide unilateralmente, los kilos generados, disparándose de 200 a 400%, por ejemplo. Esto ha provocado incrementos en el pago de derechos por recolección de residuos, de dos mil pesos a 29 mil, conforme a los reportes de algunos comercios.

De no pagarse esos montos, se retiene la expedición o renovación de las licencias de funcionamiento; también se da a la concesionaria la atribución de cobrar los adeudos, cuando la responsabilidad directa de ese y otros trámites, concierne al ayuntamiento, se expuso.

Otro punto consiste en que el gobierno ha vinculado la base de datos de las empresas, con la de la concesionaria, lo que ha provocado inquietud y temor por el manejo y protección de datos personales, en poder de un tercero.

Tampoco existe claridad en los términos del contrato de concesión, en los que se ha escudado el ayuntamiento presidido por la alcaldesa, “Mara” Lezama, para aplicar las modificaciones; no existe transparencia en los términos de la concesión y se desconoce oficialmente el nexo de Eco’ox -la encargada de los contenedores- con la empresa concesionaria Inteligencia México.

Coincidieron en que el gobierno ha intentado negociar por separado con cada empresa, pero lo que se requiere es tener un marco legal claro, no sujeto a interpretaciones, ni emanado de procedimientos con vicios de origen.

También criticaron la actuación de legisladores y legisladoras del Congreso -origen del problema- que les han citado para tocar el tema, sin embargo no se han presentado. El único que acudió a una reunión convocada fue el diputado Carlos Hernández.