CANCÚN.- Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que la empresa Calica viola la ley, al continuar con la extracción de material pétreo en Quintana Roo, pese a que el permiso de explotación venció en 2020, la compañía sostiene que las acusaciones son falsas, ya que tiene aún, un permiso vigente en uno de sus predios.
El tema no es tan simple.
Modificaciones al marco legal ambiental en Quintana Roo, que inciden en la emisión de permisos federales para la extracción de material pétreo en predios propiedad de Sac Tun, antes Calizas Industriales del Carmen (Calica), en la Riviera Maya, forman parte de una controversia de arbitraje comercial privado iniciada por Legacy Vulcan LLC, desde 2018, en contra del gobierno mexicano.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está impedida por el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del municipio de Solidaridad –vigente desde 2009– para renovar los permisos que requiere la empresa estadounidense, debido a que los usos del suelo aplicables en sus predios –La Adelita y El Corchalito– son incompatibles con la actividad minera que realiza la compañía.
Leer más: Emiten alerta por posibilidad de tornado en Acuña, Coahuila
Básicamente, Calica –hoy Sac Tun– contaba con permisos vigentes hasta 2020, pero en 2009 el Ordenamiento fue modificado y en él se prohíben actividades extractivas, por lo cual la Semarnat no puede renovarle los permisos. El tema intentó solucionarse mediante un “memorándum de entendimiento” fechado el 12 de junio de 2014, entre el gobierno estatal y municipal, y la propia empresa, el cual no prosperó.
Legacy Vulcan LLC tramitó un arbitraje internacional en contra del gobierno mexicano en diciembre de 2018, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), derivado de “la revocación” de una concesión portuaria a Calica y “el cierre forzoso” de las operaciones de extracción de dicha compañía en La Adelita y El Corchalito, predios que adquirieron en 1996.
Vulcan reclama que hubo “modificaciones unilaterales” por parte de autoridades de gobierno, además de haberles exigido el pago de impuestos supuestamente ilegales, impugnados por Calica. El monto reclamado por la compañía va por los 500 millones de dólares.
La resolución aún está pendiente, de acuerdo con el expediente consultado por EL UNIVERSAL, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
El tema ha generado conversaciones de alto nivel por parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador y miembros de su gabinete, con altos ejecutivos de la compañía, en busca de un acuerdo que satisfaga a las partes.
El gobierno mexicano ha puesto sobre la mesa el desarrollo de un proyecto ecoturístico en esos predios, y la empresa dio a conocer que se encuentra abierta a ello, siempre y cuando les permitan seguir extrayendo material para venderlo a sus clientes en los Estados Unidos.
Mientras las conversaciones se desarrollan y el asunto legal se dirime, López Obrador ha arreciado sus críticas en contra de la empresa, al señalar que continúan con sus actividades, aún careciendo de permisos.
Leer más: Reportan detención de 31 personas en Acatlán, Puebla; entre ellas 27 policías municipales
El origen
Vulcan Materials Company se presenta como el mayor productor de agregados de construcción de los Estados Unidos, principalmente piedra triturada, arena y grava, así como importante productor de materiales de construcción basados en agregados que incluyen asfalto y concreto premezclado.
Es una empresa creada en 1909, con sede en Birmingham, Alabama y cuenta con instalaciones de agregados activos y más de 120 instalaciones que producen asfalto y concreto.
Su historia en Quintana Roo nace en 1986-1987, con la creación de Calica –su filial en México en sociedad con el Grupo ICA– y la autorización para la explotación de bancos de material en los predios Punta Venado (puerto) y La Rosita.
Éste último es un predio con una superficie de 186 hectáreas, ubicado en el kilómetro 282.6 de la Carretera Federal Chetumal-Cancún, en la parte continental del municipio de Cozumel, localizada en el municipio de Solidaridad, que nació el 28 de julio de 1993.
Ahí la empresa extrae material pétreo como el sascab (piedra caliza), predominante en la Península de Yucatán, para su exportación y venta en los Estados Unidos.
Los agregados de alta calidad producidos por la compañía se emplean en la construcción de carreteras, puentes, hospitales, escuelas y prácticamente cualquier edificación de concreto.
La autorización ambiental de este tipo de actividades –la explotación de bancos de material– es competencia del estado; sin embargo, cuando ocurre por debajo del manto freático, se requiere de autorización de impacto ambiental federal y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
En el caso de La Rosita, el permiso fue obtenido del gobierno federal en 1986 y no tiene fecha de vencimiento, asegura la compañía.
En 1996 Calica adquirió dos terrenos más –El Corchalito y La Adelita, de 369.30 hectáreas y 882.13 hectáreas respectivamente– como reserva a futuro para continuar sus actividades, al agotarse la capacidad en La Rosita.
Ambos cuentan con dos permisos de uso de suelo y extracción bajo el agua, emitidos por la Semarnat, pero que vencieron en 2020. Estas autorizaciones no han sido renovadas.
El 22 de enero de 2018 la Profepa clausuró indefinidamente las operaciones en El Corchalito, bajo el argumento de incumplimientos en la autorización de impacto ambiental expedida por la entonces Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), lo cual fue impugnado por la compañía.
En el caso de La Adelita, el ayuntamiento de Solidaridad, el gobierno estatal y federal, modificaron el Poel en 2009, cambiando su uso de suelo, prohibiendo las actividades extractivas (minería) Calica se inconformó, alegando derechos adquiridos.
Las denuncias de ambientalistas
En 2016 el documental “Erosión”, realizado por Carlos Underwood y Sergio Santiago, en Playa del Carmen, exhibió la problemática socioambiental de la Riviera Maya, dedicando un capítulo a los impactos provocados por la minera estadounidense al detonar la selva para realizar sus actividades, dejando el manto freático expuesto y fragmentando el hábitat del jaguar (Phantera onca)
El trabajo de investigación abre con la imagen del naturalista Raúl Padilla, uno de los activistas a quienes López Obrador ha llamado “pseudoambientalista” por oponerse al Tren Maya y a quienes acusa, falsamente, de no haber alzado la voz en contra de la devastación de Calica.
“Casi todos los días hay explosiones como a las 2 de la tarde, según los registros que yo llevo y cuando estamos cerca es increíble como tiembla el suelo. Hay gente que ha salido corriendo de aquí pensando que estamos siendo invadidos. Es increíble la resonancia de las explosiones”, describe Padilla, a cuadro, al mostrar una de las zonas más devastadas por las actividades mineras de Calica.
El activista explica ahí que varias de las cuevas mapeadas por arqueólogos y espeleólogos como Peter Sprouse, dejaron de existir, al ser destruidas “por la actividad de la empresa Calica y por estas detonaciones de explosivos”.
En 2017 el Congreso de Quintana Roo, a solicitud de la entonces diputada y posterior alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain, aprobó mantener el Ordenamiento Ecológico sin modificaciones y con ello, quedó vigente la prohibición a la actividad minera, al considerar que genera deforestación, daños a la flora y fauna silvestre, daño a las cavernas y ríos subterráneos y exposición del manto freático, además de atentar contra el corredor biológico del jaguar y propiciar la pérdida de vestigios arqueológicos, al dinamitar la selva y con ello, destruir cavernas ya mapeadas.
En el predio de Punta Venado, con una superficie de 179 hectáreas, se construyó en 11.9 de ellas, una terminal marítima y las oficinas centrales de lo que hoy es Sac Tun.
En el sitio, además de instalaciones portuarias y espacios de oficinas, hay yacimientos arqueológicos protegidos, un vivero de especies endémicas y áreas de propiedad privada.
La postura de Sac Tun
La empresa informó que hace unas semanas el gobierno federal le renovó el permiso aduanal de exportación por los siguientes tres años.
También refutó las reiteradas acusaciones hechas por el presidente, en torno a la presunta “ilegalidad” de sus operaciones.
“La afirmación consistente en que la compañía ha actuado ilegalmente o que sus permisos fueron otorgados de manera irregular, es simplemente falsa”, expresó.
Vulcan confirmó que, a solicitud del propio gobierno mexicano, se exploran “adaptaciones” que permitan la operación de Sac Tun, “siempre y cuando podamos continuar suministrando de agregados pétreos a nuestros clientes en los Estados Unidos de América”.
“Asimismo y también a petición del gobierno mexicano, el plan actualmente en discusión contempla durante los próximos años, la posible expansión de la terminal marítima de Punta Venado para recibir y alojar buques de pasajeros y carga, así como unidades navales de superficie”, reveló.
Hace dos días la compañía explicó que habían optado por no pronunciarse públicamente sobre las reuniones sostenidas entre J. Thomas Hill, presidente y CEO de Vulcan, y el propio López Obrador, así como miembros de su gabinete, encabezados por el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández.
Sin embargo, las constantes menciones durante las conferencias “Mañaneras”, las “repetidas manifestaciones falsas y los recientes acontecimientos”, llevaron a la compañía a romper el silencio.
Vulcan detalló que durante los recientes encuentros se ha mantenido abierta a “explorar posibles cambios a sus planes de extracción” para permitir el desarrollo y construcción “a lo largo del tiempo”, de un proyecto ecoturístico de gran escala sugerido por el gobierno de México en terrenos propiedad de la compañía.
De concretarse, los cambios iniciarían en áreas donde se han agotado las reservas de material pétreo, pero manteniendo el suministro de agregados pétreos a clientela en Estados Unidos.
La compañía reiteró que ha buscado en todo momento mantener y continuar sus inversiones en Quintana Roo y subrayó que, “a pesar de los más recientes comentarios por parte del presidente”, se espera del gobierno mexicano una actuación “constructiva”, para que las partes en disputa alcancen una solución satisfactoria.
[Publicidad]
[Publicidad]