El abogado y activista ambiental en Baja California Sur , John Moreno, acusado del presunto delito de despojo y que ahora esta en prisión desde hace tres meses, enfrentará el proceso en libertad condicional tras lograr un amparo y la revisión de su caso.

Moreno Rutowski –de nacionalidad mexicana y estadounidense- abandonará el Centro de Reinserción Social de La Paz (CERESO) , tras pagar una fianza de 15 mil pesos, para seguir su proceso por el presunto delito de despojo del cual se le acusa vinculado a un caso archivado en 2014.

El litigante fue acusado junto a su clienta, Joella Corado –también de nacionalidad mexicana y estadounidense- del delito de despojo, derivado de un pleito legal por un predio que heredó la joven, por lo que contactó al abogado.

Empero, los acusados y la defensa han sostenido que el caso había quedado sin efectos y archivado desde 2014, sin embargo la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) habría encarcelado a Moreno Rutowski, “con falsificación de documentos y alteración de constancias procesales” en mayo pasado.

Arturo Rubio Ruiz, abogado defensor del litigante y su clienta, señaló que la resolución actual se logró tras la revisión que hizo un juez federal que advirtió vicios en el procedimiento e instruyó que se repusiera y tras pagar la fianza, Moreno quedará libre en las próximas horas.

El abogado coincidió con las organizaciones civiles que emprendieron una férrea defensa en los últimos tres meses, al señalar que, “se advierte la criminalización de la protesta”, ya que John Moreno es abogado de un grupo de pescadores de la zona de Punta Lobos (en el pueblo mágico Todos Santos, al sur de La Paz), quienes acusan a un proyecto turístico, “Tres Santos”, de haber sido desplazados de su zona de trabajo.

En declaraciones por separado, la empresa negó las acusaciones y el gobernador del estado Carlos Mendoza y el procurador Erasmo Alamilla, rechazaron que John Moreno sea un preso político.

Con todo esto y derivado del amparo otorgado apenas hace unos días, los ambientales reafirmaron la sospecha de que se trataría de un “preso político”, por el apoyo hacia los pescadores y la protesta en su defensa.

En las redes sociales su caso ha cobrado notoriedad, ciudadanos se han sumado a la demanda de justicia y han acudido incluso al Congreso local, con protestas y solicitando la intervención de los legisladores. Esta tarde de lunes, familiares y activistas por los derechos humanos, aguardan su salida de prisión.

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