Guichicovi.— Al menos ocho comunidades indígenas de Oaxaca, que se mantienen en resistencia contra el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), enfrentan procesos de división y conflictos internos entre autoridades agrarias, comuneros y ejidatarios como resultado del megaproyecto del gobierno federal.
Habitantes de estas poblaciones denuncian que luego de las “consultas amañadas”, en las cuales se autorizaron las obras del CIIT y la venta de centenares de hectáreas para la instalación de 10 parques industriales, se incrementó la violencia y la presencia de la delincuencia organizada, y se concretó “la militarización de la región” con la presencia permanente de elementos de la Guardia Nacional, las secretarías de Marina y la Defensa Nacional.
De acuerdo con testimonios recabados por EL UNIVERSAL durante un recorrido con la Misión de Observación —que encabezaron las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Front Line Defenders y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni)—, lugareños indicaron que el gobierno federal no toma en cuenta las necesidades comunitarias de infraestructura social y lo acusaron de ocultar información sobre los impactos ambientales, culturales, sociales y económicos de este megaproyecto en sus territorios.
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Además, las organizaciones denuncian la criminalización de la protesta social, pues se contabilizan 47 carpetas de investigación en contra de defensores del territorio.
El CIIT consiste en un corredor comercial e industrial en el Istmo de Tehuantepec. Se prevé que conecte, mediante infraestructura carretera y el Tren Transístmico, los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca. Contempla la modernización del ferrocarril, la construcción de puertos comerciales, red de carreteras primarias y secundarias, conectividad digital, un gasoducto y 10 parques industriales.
De acuerdo con el CEMDA, el corredor tendrá un impacto directo en al menos 79 municipios de la región: 33 de Veracruz y 44 de Oaxaca.
“Es un avasallamiento que implica despojo, cambio de vida, violencia y daños ambientales. [Las comunidades] se están enfrentando a obras que los afectan, los despojan, a la entrada de la delincuencia organizada, al crecimiento de la inseguridad; no toma en cuenta las necesidades (...) en materias de salud, educación, agua potable ni proyectos productivos en función del perfil de la región, productora de maíz, ganado y frutales.
“Están enfrentando a un monstruo que significa violencia, despojo y destrucción de (...) una cultura campesina indígena”, dice Carlos Beas Torres, dirigente de la Ucizoni, quien sostiene que hay intereses económicos vinculados con el grupo de poder político.
El activista advierte que grupos del crimen se han apoderado de espacios de la economía formal en la que no solamente comercializan camarón, limón y aguacate, sino también se han metido en la industria de la construcción y el transporte.
También señala los actos de represión, intimidación y hostigamiento contra opositores al CIIT por parte de la Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal, así como grupos de carácter paramilitar.
Mogoñé Viejo y Guichicovi
El excomisariado ejidal de San Juan Guichicovi, Albino Pedro Juan, afirma que la inconformidad con las obras se remonta a marzo de 2018, cuando el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), realizó una consulta indígena en Jaltepec de Candayoc a fin de avalar las obras. La comunidad ejidal de San Juan Guichicovi no fue tomada en cuenta, pese a que por sus tierras pasan las vías del ferrocarril, y no así en el poblado donde fue la consulta.
Su inconformidad llevó a una mesa de negociación con los gobiernos federal y estatal, autoridades que se comprometieron a ejecutar obras de infraestructura en la población, pero no se cumplió nada.
Por eso, habitantes de Mogoñé Viejo detuvieron las obras de modernización del Tren Transístmico por 72 días, hasta que fueron desalojados por policías estatales, la GN y la Marina, el 28 de abril pasado. El gobierno de Oaxaca presentó 17 denuncias penales contra 16 personas de la comunidad por ataques a las vías generales de comunicación.
Mixtequilla
Desde el 18 de julio, un grupo de ciudadanos y comuneros de Santa María Mixtequilla mantienen tomadas las oficinas del Comisariado de Bienes Comunales. En esta comunidad se construirá el parque industrial más grande de los 10 que están previstos. El proyecto fue avalado por la asamblea de comuneros; la inconformidad surgió cuando el gobierno federal les pagó 132 millones de pesos por las 502 hectáreas en las que se instalará el polo de desarrollo.
De las 502 hectáreas, 370 son de uso común y 132, parcelarias; las últimas se pagaron de manera individual a cada uno de los comuneros que las tenía en posesión a 260 mil pesos por hectárea. Las de uso común se pagaron al Comisariado de Bienes Comunales, ante lo que un grupo de ciudadanos y comuneros demanda que todos los habitantes sean beneficiarios de los recursos.
“Nosotros estamos luchando para participar de las utilidades de estas tierras de uso común”, afirma el comunero Ricardo Vargas.
Adelaido López Gallegos, uno de los dirigentes de la protesta, asegura que la consulta para la autorización de la venta de las tierras fue simulada porque sólo participaron los comuneros y no la totalidad de la población. Además, al menos 18 comuneros reclaman el pago completo de sus hectáreas: a algunos únicamente les pagaron dos de las 10 hectáreas parcelarías que poseían.
En este contexto, el pasado 4 de julio fue asesinado Noel López, activista del comité de Resistencia Pacífica, que exige el reparto de los recursos entre toda la comunidad.
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Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec
En Santa Cruz Tagolaba, comunidad de Santo Domingo Tehuantepec, sus habitantes se enfrentan a una autoridad agraria dividida: comuneros que supuestamente están a favor del proyecto del CIIT tienen tomadas las oficinas comunales, mientras otros que se oponen tomaron el salón común.
Ellioth Escobar Gómez, coordinador estatal de la corriente Sol Rojo, señala que también se han registrado ataques y asesinatos contra defensores del territorio; son víctimas de la delincuencia organizada y la omisión de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y del Poder Judicial del Estado; insiste en que no han sido consultados respecto de la ejecución del CIIT.
La división entre sus autoridades agrarias, explica, surgió porque se usaron datos de personas fallecidas, entre otras irregularidades, para imponer a Sergio Gutiérrez García como presidente del Comisariado de Bienes Comunales. Este hombres es hermano de Anastasio Gutiérrez García, conocido como Tacho Canasta, a quien señalan de ser responsable de una serie de despojos de tierras de manera violenta y bajo la protección del Estado.
En este lapso de conflicto fue asesinado el activista Jesús Manuel García, el 27 de octubre pasado.
Puente Madera, San Blas Atempa
El 14 de marzo de 2021, autoridades comunales y municipales de San Blas Atempa aprobaron la instalación de un parque industrial en las tierras de uso común conocidas como El Pitayal. La comunidad de Puente Madera asegura que se trató de una “asamblea amañada” orquestada por el entonces edil y actual secretario de Administración del gobierno oaxaqueño, Antonino Morales Toledo.
David Hernández Salazar, agente municipal comunitario de Puente Madera, quien lidera la oposición a la instalación del parque industrial, explica que están contra el proyecto, que implica daños al medio ambiente y a sus condiciones de vida. También acusa a César Morales Toledo, presidente del Comisariado de Bienes Comunales y hermano de Antonio Morales, de ofrecer sobornos a miembros de la comunidad y ejercer violencia física contra los que lo rechazan.
La comunidad ha realizado protestas en rechazo a la instalación del parque industrial, por lo que 17 personas de Puente Madera, entre ellas David Hernández, tienen órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de ataques a la vías de comunicación y daños por incendio, además de que han sufrido amenazas y actos de intimidación.