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Consulta para ley indígena es “al vapor”, acusan

El comité expresó que les preocupa que existen en medios de comunicación señalamientos de “puntos críticos” de la iniciativa

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación para los Chimalapas demandó un debate público. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL
05/08/2026 |08:40
Juan Carlos Zavala
Corresponsal EL UNIVERSAL Oaxaca Ver perfil

Oaxaca.— El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas aseguró que la consulta sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos es “realizada al vapor, muy cuestionada por sus tiempos y formas”, por lo que demandó un debate público entre expertos y especialistas “como un acto democrático y de buena fe”.





Actualmente, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realiza la Jornada Nacional de Entrega de Información del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada sobre la propuesta de ley indígena.

Según el INPI, durante esta jornada visitarán las 16 mil 728 comunidades indígenas y afromexicanas para entregar la convocatoria, el protocolo del proceso de consulta, la propuesta de iniciativa de ley general y los cuadernillos explicativos para que cuenten con información suficiente para participar en las Asambleas Regionales de Consulta.

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Al respecto, el comité expresó que les preocupa que existen en medios de comunicación señalamientos de “puntos críticos” de la iniciativa, advertidos por expertos que han participado en los diálogos e incumplidos Acuerdos de San Andrés y en la elaboración de la Declaración de Derechos Indígenas de la ONU.

Dijo que la importancia de un debate público radica en que 85% de la biodiversidad de México se concentra en territorios indígenas, siendo Oaxaca y Chiapas las entidades con mayor diversidad biológica y de los más amenazados actualmente por la construcción de gigantescos megaproyectos extractivos y de voraz especulación inmobiliaria, junto con la península de Yucatán.

Por ello, señaló que es importante contar con una ley indígena que garantice y haga justiciables los derechos fundamentales relativos a la autodeterminación, a la tierra y al territorio, y a un desarrollo comunitario alternativo, etcétera.

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