Cancún.— La creación de Ciudad Aurum, megaproyecto pensado en 10 mil hectáreas de selva, lagunas y cenotes, a 3.5 kilómetros de las obras del Tren Maya entre Cancún y Puerto Morelos, mantiene enfrentado al Ejido de Leona Vicario.
Desde que salió a la luz, la violencia entre quienes respaldan su desarrollo y quienes se oponen aumenta, pasando de amenazas de muerte a amagos con armas.
El desarrollo del proyecto se planteó para un millón de habitantes, con inmuebles de 20 pisos, plazas comerciales, hoteles y zonas habitacionales, impulsado por empresarios de Cancún, con apoyo del Comisariado Ejidal de Leona Vicario, en una zona conocida como la Ruta de las Lagunas, en el kilómetro 3 de la carretera Valladolid-Agua Azul.
El concepto del proyecto y el esquema para la desincorporación de las tierras de uso común, a fin de ponerlas a la venta como parte del desarrollo, se aprobó este año durante una asamblea ejidal, sin haber aún estudios de topografía, mecánica de suelos, factibilidad ecológica y autorizaciones previas que sustenten su viabilidad ambiental.
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En oposición a los 300 ejidatarios que respaldan este desarrollo hay otro grupo de 68 ejidatarios, entre quienes figura una mujer que dirige una organización ambiental y un empresario dedicado a la operación de proyectos turísticos en la Ruta de los Cenotes, en Puerto Morelos, e intereses en la Ruta de las Lagunas.
El pasado 22 de mayo el grupo opositor denunció que, sin ningún tipo de permiso exhibido, se desmontaron 342 mil metros cuadrados de selva virgen para el apeo y deslinde de la poligonal de lo que será Ciudad Aurum.
Las denuncias se presentaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el 10 de abril y se responsabilizó de ello a una decena de personas, incluidos los integrantes del Comisariado Ejidal por la probable comisión de delitos ambientales, al no contar con permisos para los desmontes hechos.
Las 10 mil hectáreas —se expuso— no son propicias para la construcción de una ciudad con inmuebles de más de dos pisos, debido al suelo kárstico, frágil y poroso. Además, el acuífero está a una profundidad de 1.5 a cuatro metros, según un estudio de mecánica de suelos que elaboró en enero de 2017 la Universidad Autónoma de Quintana Roo (UAQR), lo que propiciaría la contaminación del agua.
La zona cuenta con abundantes lagunas y cenotes. Ciudad Aurum estaría sobre la zona de captación de agua potable que surte a Cancún y a Puerto Morelos, por lo que no se puede construir ahí, conforme al Programa de Ordenamiento Ecológico Local vigente.
Al momento de las denuncias se habían talado 126 kilómetros y tramos con tres metros de ancho de brecha, tampoco autorizados por el ayuntamiento de Puerto Morelos, cuya alcaldesa, Blanca Merari Tziu (PVEM), ha declarado que el municipio carece de competencia para emitir permisos.
“La comunidad de Leona Vicario aún no cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano, por lo que el gobierno municipal no puede otorgar permisos de construcción ni autorizar la tala o desmonte de selva, ya que esto corresponde a otros niveles de gobierno”, dijo en junio pasado.
“Proyecto de papel”
Rogelio Concha fue uno de los primeros ejidatarios en calificar el proyecto como “una simulación”, que presuntamente busca despojar de sus tierras a otros ejidatarios, so pretexto de la creación de Ciudad Aurum, argumentando beneficios de carácter económico y social.
Desde su óptica, detrás del megaproyecto hay una “mafia agraria”, integrada por Juan García Asbun, presidente del comisariado, Miguel Ángel Concha Naal, secretario, y Laila Manira Aguilar, tesorera.
Además menciona a José Leonel Noya, director del proyecto y hermano de Vicente Noya, empresario de transporte en Cancún; Arturo Millet Reyes, a quien identifica como socio; Jorge Alberto Abraham, Luz María Yam, Rogelio Betancourt Pech, Héctor Betancourt Perera y Celia Rodríguez.
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Jorge Alberto y Celia Rodríguez dijeron a EL UNIVERSAL que las acusaciones son falsas y las atribuyen a maniobras del grupo encabezado por Mar García, presidente del Consejo de Desarrolladores Ecoturísticos de Quintana Roo, para desacreditarles.
Rogelio Concha señala que los ejidatarios involucrados con Ciudad Aurum se coludieron con Renán Cruz Ramírez, director de gobierno de Puerto Morelos, y Leouvin Moisés Medina Cahuich, también funcionario del ayuntamiento, para “quedarse con las 10 mil hectáreas y vender las principales lagunas y cenotes a empresas millonarias turísticas interesadas en adquirirlas”, aprovechando que su plusvalía crecerá al ser desincorporadas y, a propósito del Tren Maya.
Alza la voz el ejido
El pasado 2 de julio el Comisariado Ejidal de Leona Vicario rechazó ante la prensa la existencia de una “mafia agraria” y negó delitos ambientales ligados al desarrollo de Ciudad Aurum.
Solicitaron la “urgente intervención” de los tres órdenes de gobierno a fin de contener las amenazas de muerte, los ataques y acoso de Mar García, a quien describieron como un hombre “peligroso”, que ha desarrollado irregularmente la Ruta de los Cenotes y que ahora —subrayan— tiene intereses en la Ruta de las Lagunas.
“Hemos vivido atemorizados por Mar García. El ejido ha sufrido desde hace muchos años los atropellos de este hombre. Ha sido cobijado por autoridades. Todos tenemos zozobra”, reveló el presidente del Comisariado Ejidal, Juan García Asbun.
García Asbun informó que hace dos semanas presentaron denuncias en contra del empresario ante la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) y de la República (FGR) por amenazas, daños en propiedad privada, invasión y robo y solicitaron a la gobernadora, Mara Lezama, y a la alcaldesa Blanca Merari, seguridad y una reunión.
Denuncias por violencia
Por separado, Miriam Espinoza Pérez, presidenta de la Asociación Ecologista de Quintana Roo y una de las ejidatarias que se niega a ceder sus tierras, dijo a EL UNIVERSAL que ha sido amenazada de muerte y hostigada.
“Los que no quisimos ser parte pedimos que se respetaran nuestras tierras y, a raíz de eso, comenzaron los ataques. Como mujer me quisieron bloquear, pero eso creció con el tema de la Ciudad Aurum”, relató.
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Ubicó al ejidatario José Leonel Noya Cruz —director del proyecto— como quien vendió la idea al ejido Leona Vicario en enero de este año, para luego comenzar a promoverlo, con el respaldo del grueso de ejidatarios, muchos de ellos sin tierra, pero con voto.
La mañana del 2 de junio, hombres armados a bordo de motocicletas y un vehículo la interceptaron en la carretera de Agua Azul a Valladolid Nuevo e intentaron privarla ilegalmente de la libertad. Esto fue horas antes de que se presentara en la agencia del Ministerio Público de Puerto Morelos para denunciar a García Asbun, Cruz Ramírez y Medina Cahuich por discriminación y violencia de género.
“Se me hace muy coincidente que el día en que yo iba a hacer la denuncia me atacaron”, expresó.
Aquel viernes rindió su declaración por tentativa de secuestro y homicidio (FGE/QROO/ PTM/ UAT/ 06224/ 23), en contra de quien resultase responsable y puso la denuncia por violencia y discriminación.
En tanto, afuera de la FGE su pareja —Mar García— se manifestaba con empleados a su cargo: “Nosotros no estamos en contra del proyecto ni del ejido ni de la asamblea, lo que no queremos es dar nuestra tierra y ellos quieren nuestra tierra a fuerza y ejercen muchas presiones. Ellos quieren hacer un proyecto de ciudad en 10 mil hectáreas… Cancún tiene 12 mil”, declaró el empresario.
Ese mismo día otros ejidatarios refutaron su versión. Josué Cámara Cimé declaró que Mar García y otros, han vendido tierras y devastado la naturaleza para enriquecerse.
“El proyecto es un negocio del ejido; 320 personas de 380 estamos de acuerdo con el desarrollo, pero los que se oponen son los que le roban al ejidatario, los que compran barato para vender caro. Están así porque se les acabó el ‘pastelito’”, subrayó.
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