Además de la tristeza y desesperación de no saber de sus seres queridos, los familiares de los desaparecidos en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo enfrentan apuros para sobrevivir, al quedar de forma inesperada sin la base o sin un pilar importante para su sostenimiento económico.
Han sufrido una doble revictimización por parte de servidores públicos insensibles y poco empáticos en el cumplimiento de su labor, y por el abordaje de delincuentes que los contactan para exigirles el pago del “rescate”, haciéndoles creer que tienen a sus seres queridos en su poder, sin que eso sea cierto.
Las desapariciones, secuestros y asaltos no son una novedad en la carretera ni en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, pues desde hace dos décadas es territorio disputado a sangre y fuego por las organizaciones del crimen organizado.
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Sin embargo, en los últimos tres años han desaparecido en dicha vía al menos 36 choferes de taxis y de vehículos pesados de carga, cuyos familiares, para visibilizar el problema, se agruparon en la organización Operadores desaparecidos en Nuevo Laredo.
La situación se recrudeció a partir de diciembre de 2020, ya que en sólo siete meses se tienen reportados 73 desaparecidos, incluyendo cinco menores y seis personas de nacionalidad estadounidense.
Todos son buscados por familiares que se organizaron en el grupo Todos somos uno, de desaparecidos de Nuevo León en Nuevo Laredo, el cual también pugna por la localización de los operadores no localizados y en conjunto emprendieron acciones de protesta para presionar a las autoridades a atender el problema.
Pero en su camino en busca de respuestas se han topado con diferentes obstáculos. Por ejemplo, los familiares de los desaparecidos de Nuevo León denunciaron que la fiscalía de Tamaulipas se negaba a recibir sus denuncias (a pesar de que la desaparición de sus seres queridos ocurrió en su territorio), pues argumentaba que la mayoría de los casos correspondía a Nuevo León.
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Finalmente, tras realizar una reunión conjunta, las partes acordaron que las investigaciones serán canalizadas a Tamaulipas.
Al escalar el tema en el ámbito nacional e internacional, a partir del 24 de junio los gobiernos estatales de Nuevo León y Tamaulipas, con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional, iniciaron operativos de vigilancia que incluyeron el uso de helicópteros para el rastreo aéreo, así como recorridos por brechas de la región.
Más adelante, ante la presión de los familiares y de la opinión pública, el pasado 7 de julio autoridades de los dos estados con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional, así como las comisiones locales y nacional de Búsqueda, realizaron un operativo para tratar de localizar a las víctimas de desaparición, sin que haya resultados.
Lo que sí sucedió, de acuerdo con Juana María Prado Vega, creadora del grupo Todos somos uno, de desaparecidos de Nuevo León en Nuevo Laredo, es que con el reforzamiento de fuerzas federales y estatales en la zona pareciera que se inhibió un poco la presencia de los grupos armados, pues entre el 24 de junio y hasta el 3 de julio no hubo reportes de nuevos casos. Antes de estos operativos se registraban cuatro o cinco eventos por semana.
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Busca a su esposo
Madre de dos niñas de cinco y nueve años de edad, y de un niño de 13, Juana María Prado Vega busca a su esposo Pedro Jesús Castro Villarreal, operador de taxi de la plataforma Didi, quien desapareció cuando realizaba un servicio hacia Nuevo Laredo, el pasado 23 de abril de 2021.
Para cubrir los gastos de la familia y pagar las mensualidades de la camioneta Yaris que Pedro Jesús usaba como operador durante el día, Juana tuvo que rentar un vehículo, pues hasta agosto tendrá respuesta sobre el seguro de la camioneta “perdida”.
Dice que sólo puede dormir tres o cuatro horas diarias, pues al contar sólo con su ingreso debe trabajar más tiempo. “A veces no alcanzo ni a comer”.
Espera que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas apoye económicamente a quienes tienen algún desaparecido y pasan por dificultades económicas.
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Una semana después de que desapareció su esposo, Juana María inició el grupo Todos somos uno, de desaparecidos de Nuevo León en Nuevo Laredo.
Acude a protestas, a reuniones con autoridades de Nuevo León y Tamaulipas, a hacerse escuchar con sus movilizaciones, pero hasta finales de junio, ya que antes no los atendían.
“La gente tiene miedo a denunciar y si denuncias pues ni te hacen caso”, sobre todo en Tamaulipas, comentó Prado Vega.
Ella reportó la desaparición de su esposo en Monterrey, dos semanas después de que ocurrió el hecho y hasta las tres semanas les empezaron a hacer entrevistas.
“Cuando denuncias criminalizan a los desaparecidos, te empiezan a cuestionar: ‘¿En qué andaba?’ Piensan que sólo al que anda mal le pasa eso, pero aquí hay menores, ¿una niña de nueve años va a pertenecer a algún cártel?”, pregunta Juana María, en alusión a la menor que junto con su madre y un hermano de 16 años, originarios de Laredo, Texas, desaparecieron el pasado 13 de junio en dicha vía.
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