Oaxaca de Juárez.— El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto insignia del gobierno para detonar el desarrollo en el sureste del país, avanza sin que se pueda acreditar la realización de consultas a los pueblos indígenas... sin un diagnóstico que permita dimensionar su impacto en la población de 79 municipios de Oaxaca y Veracruz... sin planeación presupuestaria sobre recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución de sus objetivos prioritarios, y sin que haya certeza sobre la factibilidad de los planes de infraestructura ferroviaria.
Lo anterior es parte de las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), publicadas en su Informe sobre la Cuenta Pública 2019, en el cual, tras haber recibido en enero de 2021 las respuestas del órgano auditado, determinó mantener una serie de 14 recomendaciones sobre el proyecto, a fin de que se garantice un impacto real del mismo.
De acuerdo con la Auditoría de Desempeño 2019-1-47AYH- 07-0257-2020 257-DE, no hay evidencia que respalde que se hayan ejecutado las 21 asambleas, pero, sobre todo, que se haya cumplido con el objetivo de la consulta: acreditar la participación de comunidades indígenas en la toma de decisiones.
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Tras haber revisado las cinco fases de dicho proceso, la ASF determinó que en ninguna de ellas hay evidencia que respalde que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), haya cumplido con las Asambleas Regionales Consultivas que afirma haber realizado el 30 y 31 de marzo de 2019.
“No se proporcionó evidencia documental que acreditara las actividades realizadas en 2019 para dar cumplimiento a los procedimientos, etapas y acuerdos previstos en las Asambleas Regionales Consultivas; ni las convocatorias de las reuniones de seguimiento de los acuerdos ni los resultados de la consulta realizada”, señala.
Ante ello, la ASF emitió la recomendación con folio 2019-1-47AYH-07-0257-07-004, para que el Corredor Interoceánico establezca mecanismos de control que permitan “dar seguimiento a resultados y acuerdos derivados de las asambleas regionales en materia de consulta indígena respecto a la creación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024, a fin de garantizar la inclusión de comunidades indígenas vinculadas con el programa en la toma de decisiones”.
También pide que se les informe respecto a las posibles afectaciones a causa del programa.
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Lo anterior respalda las denuncias que han hecho comunidades del Istmo, sobre todo las habitadas por el pueblo ayuujk (mixe), respecto a que no tienen suficiente información sobre el impacto de este proyecto en su territorio, por lo que han —incluso— solicitado la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sin diagnóstico ni planeación
La revisión del proyecto arrojó que no se han acreditado avances en el establecimiento de mecanismos de coordinación y comunicación con 21 dependencias responsables de instrumentar 44 acciones puntuales incluidas en los cinco objetivos prioritarios del programa, “que permitan dar seguimiento a los avances y plazos de ejecución de las actividades previstas”.
Entre ellas figuran la Semarnat, SCT, CFE, Sener, Pemex, Sedatu, Sectur, SHCP, Sebien, Segob y el INPI.
Dichos objetivos son fortalecer la infraestructura social y productiva en el Istmo de Tehuantepec, impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico, asegurar la articulación de acciones emergentes para la población en situación de pobreza extrema, incrementar la biodiversidad y mejorar la calidad del agua, suelo y aire con un enfoque sustentable, así como reforzar la cultura e identidad regional de los pueblos originarios.
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Al respecto, la auditoría también determinó que los diagnósticos elaborados para el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, sobre problemáticas de la región, no incluyen causas y efectos sociales y económicos que presenta la zona, por lo que se careció de información para “dimensionar el fenómeno que se pretende atender”; tampoco la manera en que dichas problemáticas afectan a las personas de acuerdo con su identidad, condición y lugar de residencia. Por ello, no se pueden determinar los principales cambios esperados con la implementación del proyecto.
La anterior, añade, podría repercutir en la definición de Polos de Desarrollo para el Bienestar, polígonos que contarán con incentivos para atraer la inversión que detone el desarrollo económico y social de la región.
En específico, la ASF determinó que en los cinco objetivos del proyecto se enumeran metas, estrategias, así como acciones puntuales, pero no se establecieron líneas de acción específicas para la región del Istmo de Tehuantepec ni para las distintas entidades y dependencias responsables de llevarlas a cabo, “lo cual podría implicar que no existan los suficientes mecanismos programáticos que garanticen su ejecución”.
Sobre los recursos para dichas acciones, se señala que el Corredor Interoceánico definió que éstos van con cargo al presupuesto de las dependencias participantes, por lo que la ASF indica que, si bien se define su origen, “no cuentan con una planeación presupuestaria para consolidar la coordinación con las partes interesadas”.
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Por ello, la auditoría, en su recomendación 2019-1-47AYH -07-0257-07-002, señala la necesidad de establecer una programación de corto plazo en la que se definan los recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución de cada acción relacionada con el PDIT, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos prioritarios. Mientras que en la recomendación 2019-1-47AYH- 07-0257- 07-003 pidió tener indicadores “medibles, alcanzables, relevantes, [que] definan un plazo concreto para su logro y permitan evaluar el avance de los objetivos prioritarios establecidos en el programa”.
Estudios de factibilidad, inconclusos
Sobre el proyecto de modernización del Tren Transístmico, la auditoría detalla que están inconclusos o son insuficientes los estudios de factibilidad técnica y el análisis costo-beneficio realizado por la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
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Por ello, en dos recomendaciones le solicita implementar “los mecanismos de control necesarios para concluir el estudio de factibilidad técnica del proyecto de inversión” y actualizar los criterios de costo-beneficio, “a fin de contar con una estimación más acertada de los indicadores de rentabilidad del proyecto de inversión”.