Así recibe Evelyn Salgado a Guerrero: con el eterno pendiente de la violencia

Evelyn Salgado recibe a la entidad con 38 grupos armados, miles de desplazados, desaparecidos y asesinatos, además de una Policía Estatal precaria, con 98% de impunidad

Evelyn Salgado a Guerrero
Ilustración: Ani Cortés/ EL UNIVERSAL.
Estados 15/10/2021 03:11 Arturo de Dios Palma / Corresponsal Actualizada 03:30
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Chilpancingo, Gro.— Así va a recibir Evelyn Salgado Pineda, la nueva gobernadora de Guerrero, a la entidad: con 38 grupos armados, entre autodefensas y criminales que operan casi en la mitad del territorio. Miles de desplazados, desaparecidos y también de asesinados, además de una Policía Estatal precaria, con 98% de impunidad.

Salgado Pineda recibirá un gobierno inoperante, con 14 hospitales y 400 centros de salud cerrados por los trabajadores de la Secretaría de Salud (Ssa) para exigir la entrega de sus ahorros, y con la mayoría de los empleados de casi todas las dependencias en las calles protestando por el pago de sus salarios y prestaciones.

De último momento, Héctor Astudillo intentó que el Congreso local convirtiera en deuda pública los 13 mil millones que Guerrero debe al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Recibirá un estado de Guerrero donde 66.4% de la población está en condiciones de pobreza; un 36.1% no tiene acceso a alimentos, y 56.3% no cuenta con servicios básicos, según el informe del Coneval de 2020.

Hace seis años, el priista Astudillo Flores ganó la elección para gobernador con una promesa: “Orden y paz”.

Guerrero estaba convulsionado por el ataque y asesinato de tres normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 por policías y criminales en Iguala.

Pero no hubo orden ni paz, la descomposición no paró. Hoy, Iguala es muy parecida a la de 2014. La ciudad enfrenta uno de los procesos de violencia más agudos, pues no hay policías municipales ya que desde el caso Ayotzinapa los depuraron.

Iguala se convirtió en una zona de silencio: siete reporteros tuvieron que salir para proteger sus vidas y el resto, por sobrevivencia, no publica ninguna noticia que tenga que ver con asesinatos, desapariciones y extorsiones.

Según la Fiscalía General del Estado (FGE), la violencia la generan dos organizaciones criminales, La Sierra o Los Tlacos y La Bandera, un remanente de Guerreros Unidos.

Pero en Guerrero operan 20 grupos de autodefensa y 18 supuestas organizaciones criminales, según un mapa de riesgo que hizo el gobierno de Astudillo Flores en el último proceso electoral.

A muchos de estos grupos se les permitió operar libremente. Un ejemplo: el 11 de noviembre de 2018, unos 3 mil hombres armados llegaron a la comunidad de Filo de Caballo, en el municipio de Leonardo Bravo. Se enfrentaron a balazos con unos 100 hombres y los obligaron a salir. Fueron casi tres días de balacera.

 

Pobladores de esa comunidad y otras 11 más salieron huyendo por el temor de ser atacados. En total se contabilizaron mil 600 personas desplazadas. Días después los 3 mil armados se autodenominan como policías comunitarios del Frente Unido de Policías Comunitarios del Estado de Guerrero (FUPCEG).

En su refugio, los desplazados acusaron a los hombres armados de estar al servicio de Onésimo Marquina Chapa, un presunto líder criminal que opera en la zona a quien señalan de querer abrirle el paso a empresas mineras.

Según la FGE, Marquina Chapa encabeza esta nueva crisis de violencia e inseguridad que se vive en Iguala.  

El nuevo gobierno deberá atender a estos desplazados y a los otros 10 mil que han dejado sus pueblos desde 2011, según el recuento del Observatorio por la Paz y el Desarrollo de los Pueblos de la Sierra de Guerrero.

En los seis años de gobierno de Astudillo Flores ocurrieron 10 mil 856 homicidios dolosos, la mayoría fueron asesinatos por arma de fuego, según los datos disponibles en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De octubre a diciembre de 2015, cuando tomó el gobierno, fueron asesinadas 532 personas; en 2016, 2 mil 213; en 2017, 2 mil 310; en 2018, 2 mil 222; en 2019, mil 578; en 2020, mil 222, y hasta agosto de 2021, 779.

En 2018, Guerrero fue el más letal para los políticos. En ese proceso electoral fueron asesinados 13 personajes. La prensa no se salvó. Mataron a ocho periodistas: Francisco Pacheco Beltrán, Cecilio Pineda Brito, Víctor Fernández Álvarez Chávez, Pamela Montenegro, Gabriel Soriano, Édgar Alberto Nava López, Erick Castillo Sánchez Kuri y Pablo Morrugares, y se registran decenas de ataques contra otros comunicadores que están impunes.

Después de 2019, el número de homicidios dolosos comenzó a disminuir, pero no implicó que la violencia desapareciera.

En su informe de 2021, el Instituto para la Economía y la Paz reconoce esta disminución, pero la relaciona con la caída en la producción de amapola.  

La organización civil Impunidad Cero en su informe de 2020 colocó a Guerrero en el segundo lugar nacional en los índices de impunidad, con 98.8%, es decir, sólo 1.2% de los crímenes se resuelven en el estado.

Hoy inicia una nueva etapa para Guerrero, por primera vez la entidad será gobernada por una mujer, Evelyn Salgado, quien comenzó su carrera política apenas hace cinco meses.

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