“Ahora sí nos van a matar”; violencia obliga a pobladores a huir de comunidades en Zacatecas

Pugna entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG provoca desplazamiento de por lo menos 2 mil personas en 13 comunidades; criminales toman terrenos y se llevan a jóvenes, acusan

“Ahora sí nos van a matar”; Violencia obliga a pobladores a huir de comunidades en Zacatecas
Decenas de impactos de bala se perciben en la fachada de una tienda en Ermita de Los Correa, donde además de negocios hay casas que están vacías. Foto: Irma Mejía
Estados 27/09/2021 02:00 Irma Mejía Actualizada 06:36
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Zacatecas.— En decenas de comunidades en los municipios de Jerez, Monte Escobedo, Tepetongo y Valparaíso, enclavados en las zonas serranas, se vivía feliz y en paz hasta hace algunos meses, cuando el pánico invadió a los habitantes con el asentamiento de dos grandes cárteles: de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que mantienen una guerra que ya alcanzó a los pobladores, por lo que hace meses comenzó el éxodo.

Las autoridades de Jerez admitieron que en 13 comunidades suman más de 2 mil personas que se han desplazado forzosamente por la violencia. En Monte Escobedo se estima que unas 300 familias han dejado sus casas y se han cerrado negocios, principalmente desde hace tres meses, cuando el entonces alcalde, Ramiro Sánchez, huyó del lugar tras ser amenazado por el crimen organizado y que un grupo delictivo tratara de apoderarse del palacio municipal, al grado de que se pidió al gobierno estatal, que entonces encabezaba Alejandro Tello Cristerna, que mandara un secretario de gobierno especial para reactivar la administración.

En las comunidades de Jerez y Tepetongo los relatos son muchos, pero las voces prefieren mantenerse en el anonimato.

Señalan que integrantes de los cárteles comenzaron a ingresar a sus pueblos con los rostros cubiertos y con armamentos de grueso calibre, y que se han llevado por la fuerza a lugareños, principalmente jóvenes, al parecer, para enlistarlos a las filas delictivas, además de cometer despojos de propiedades.

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Perros abandonados deambulan por las calles en Ermita de Los Correa, donde se instaló un batallón militar de vigilancia y seguridad. Foto: Irma Mejía

Hace tiempo que la paz se acabó y esos rumores se esparcieron en los pequeños poblados que están sobre las rutas o caminos que usan los grupos delictivos para sus desplazamientos, donde la misma autoridad estatal de seguridad ha informado que en esas regiones serranas han encontrado y desarticulado campamentos de ambos grupos delictivos.

Estas zonas son tierra de nadie, pero en medio de esa pugna quedaron muchos poblados. La gente al ver estas irrupciones, aunado al temor de ser víctimas de represalias de cualquiera de los grupos delictivos, comenzaron con el éxodo. Las localidades se han convertido en pueblos fantasma, apenas ese fenómeno se visibilizó públicamente, cuando ocurrieron los desplazamientos masivos en la comunidad Ermita de Los Correa, una de las más grandes del municipio de Jerez.

“¡Ahora sí nos van a matar!”

Familias de la comunidad de Cieneguitas de Fernández relataron a EL UNIVERSAL que hace dos meses se fueron con sus camionetas y unos caballos hacia la cabecera municipal, después regresaron por el resto de sus cosas, sus perros y animales de granja, pero en el trayecto los interceptaron sujetos armados encapuchados, quienes los revisaron. Creyeron que les quitarían sus vehículos, pero al ver que llevaban a un niño, los hombres los dejaron ir.

Kilómetros más adelante se encontraron con otro convoy de hombres armados y comenzaron nuevamente a rezar, las mujeres lloraron y estaban nerviosos por ser la segunda retención. Eso tal vez inquietó a los individuos, quienes les preguntaban si trabajaban para el grupo contrario.

A los hombres los golpearon y por un momento las familias pensaron y clamaron: “¡Dios, protégenos, ahora sí nos van a matar!”, quizá el llanto del niño hizo que los dejaran ir, pero les quitaron sus animales. En ese momento decidieron dejar no sólo el municipio, sino el estado.

Historias similares han ocurrido en comunidades de Jerez y Valparaíso, las cuales se conocieron apenas hace unas semanas al visibilizarse el fenómeno de los desplazamientos forzados.

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Pocos habitantes del municipio han podido regresar por sus animales. Algunos relatan que en el camino se han encontrado hasta con dos retenes de los grupos delictivos. Foto: Irma Mejía

En Ermita de Los Correa, por la presión social y mediática, tiene dos semanas que se instaló un batallón militar en la casa ejidal, junto con rondines de vigilancia estatal para convencer a los desplazados de que regresen.

Sin embargo, el miedo se percibía en un recorrido que hizo EL UNIVERSAL en esa comunidad. De entrada, la firma del crimen se ve en la fachada de una tienda, que destaca con decenas de impactos de armas de fuego.

Según los pocos relatos de los lugareños, unas semanas antes del éxodo llegó uno de los cárteles, se llevó gente y baleó varias casas para amedrentar a la población y reclamar ese territorio.

Con el éxodo masivo de familias, el pueblo luce desolado, se ven perros hambrientos que deambulaban, casas cerradas con candados. Los pocos que quedan se esconden y no quieren hablar, sólo uno de ellos se atreve a romper el silencio y exclama con coraje e impotencia que temen por sus vidas, exigen vigilancia permanente, porque temen que a los pocos meses se retire la vigilancia y el crimen regrese “más encabronado” con ellos por denunciar el hecho y que entonces se registren algunas matanzas.

El secretario de Seguridad Pública, Arturo López Bazán, quien fue ratificado por el nuevo gobernador, David Monreal, asegura que continuarán los recorridos itinerantes en esas comunidades, que seguirán ayudando a la población a regresar y a recuperar sus animales que habían dejado en los montes.

Cierran negocios en Monte Escobedo

En entrevista, días antes de que dejara el cargo, Alejandro Arce, enviado del gobierno de Tello Cristerna como secretario temporal del ayuntamiento de Monte Escobedo, reconoció que aquí también hay desplazamientos, aunque la movilización fuerte se ha notado más en la cabecera municipal, ya que muchos negocios de los más grandes, como los aserraderos, ya cerraron y hay muchas viviendas solas.

Este municipio tiene importantes zonas serranas y colinda directamente con Jalisco, donde los dos grandes cárteles tienen presencia y operaciones.

Admitió que son cientos de familias que se han ido a otros municipios de Zacatecas o de Jalisco, donde sólo opera un grupo delictivo, ya que el peligro aumenta cuando en un mismo lugar están asentados ambos cárteles.

Arce precisó que desde mayo que llegó a gobernar tuvo el apoyo del Ejército, la Guardia Nacional y de las fuerzas estatales. Dijo que este lugar se quedó sin policía municipal tras el asesinato del jefe policiaco a principios de año.

Ahora, este ayuntamiento queda en manos del nuevo alcalde Ramón Acosta, ya que el anterior en los últimos meses gobernaba virtualmente, porque le urgía dejar el mando.

El crimen aprovechó el vacío de poder

El investigador Édgar Záyago Lau, director de la Unidad de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, consideró que es muy preocupante que hoy se viva un desplazamiento forzado por violencia en estos lugares, pues a diferencia de la tradicional migración a Estados Unidos, que surge para mejorar las condiciones de vida, ahora abandonan sus pueblos “por la urgencia de procurar salvar la vida”.

Incluso, consideró que no parece un desplazamiento espontáneo, porque seguramente ya tenían tiempo viviendo con miedo, pero llegó a un límite la violencia que puso en una emergencia a esas poblaciones: “No importa si en esos lugares vivan pocas familias, una, dos, 10 o 100 personas, estaban olvidados de la autoridad. Era una bomba de tiempo que estaba y tronó”, opinó.

Ante esta situación, el investigador consideró que el problema es que hubo un vacío de poder por la transición en el gobierno, tanto en el ámbito municipal como estatal, situación que aprovechó el crimen organizado.

Esta emergencia, advirtió, requiere de medidas inmediatas y del involucramiento de las autoridades: “No se va a resolver con despensas ni con fiestas para quitar el miedo, sino con una política pública agresiva, no sólo enfocada a la seguridad por medio de la fuerza, sino articulada, que reconfigure el tejido social y regrese el sentido de paz que perdieron”, aseguró el investigador.

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