Zacatecas.— “Hoy, nuestros adolescentes son los hijos de la violencia”, coinciden autoridades judiciales y expertos en infancias y juventudes del estado; sin embargo, ambas partes admiten que “lo preocupante” son los incrementos de cifras de menores que están cometiendo delitos de alto impacto, como posesión de armas, secuestro, homicidio y delincuencia organizada.
Esta realidad también se advierte en el Informe especial sobre las condiciones que viven las personas adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal en los Centros de Internamiento 2023, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde Zacatecas ocupa los primeros lugares a nivel nacional con el mayor número de población juvenil relacionada con esta gama de delitos graves.
Este escenario también se constata con información oficial, obtenida por EL UNIVERSAL, que revela que, al corte del 31 de diciembre de 2023, en el Centro de Internamiento Juvenil Zacatecas había 97 jóvenes (83 hombres y 14 mujeres) internos de entre 14 y 22 años.
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Las cifras corroboran que estos jóvenes zacatecanos están procesados o sentenciados por delitos graves, de lo cuales al menos 48 están internados por posesión de armas exclusivas del Ejército, otros 15 por homicidio, 14 por secuestro, seguido de los delitos de violación, narcomenudeo, asociación delictuosa, robo y delitos contra la salud. Además, un gran porcentaje de ellos acumula varios delitos graves.
En entrevista, Arturo Nahle García, presidente del Poder Judicial de Zacatecas, refiere que a 15 años de que en esta entidad se vive con el fenómeno de la violencia del crimen, ha emergido esta juventud que no sólo es parte de las víctimas, también de los imputados, quienes “nacieron y se desarrollaron en un clima de violencia que lamentablemente se ha normalizado”.
Refiere que, actualmente, hay dos cárteles en la entidad con asentamientos en Durango —Cártel de Sinaloa— y en Jalisco —Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— que se disputan el territorio zacatecano y admite que, en los últimos años, el Tribunal de Justicia para Adolescentes ha conocido más casos de menores detenidos por estar relacionados con delitos de alto impacto del fuero común y federal.
“Pareciera que los grupos criminales están reclutando a los adolescentes justamente por su edad, sabedores de que a ellos se les aplica una legislación mucho más benévola”, asegura Nahle.
Niño sicario
Nahle García refiere que antes de asumir la magistratura —en la que tiene ocho años y este mes concluye su periodo como presidente del Poder Judicial—, de 2011 a 2014, cuando fue procurador de Zacatecas, visitó todas las instituciones educativas de preparatoria para ubicar las problemáticas en las juventudes.
“Me di cuenta que había llegado tarde, el problema viene desde las infancias, los chavos y chavas que encontré con esas problemáticas ya las traían desde secundaria”.
Recuerda que en 2013 hubo “un caso muy triste que impactó a la sociedad”, primero, por la detención de un adolescente de 13 años, al que se le apodó mediáticamente Niño sicario por haber confesado que había participado en una decena de homicidios, pero recuerda que fue liberado por los beneficios de la edad; lamentablemente, dijo, tuvo “un terrible desenlace”: al poco tiempo su cuerpo apareció tirado.
Nahle García precisa que “en el Poder Judicial la función no es preventiva, ni siquiera persecutoria o de investigación, eso compete a las policías, a la fiscalía, a nosotros nos llegan hechos consumados, simplemente para que apliquemos la ley, donde he constatado que cada vez hay más menores de edad imputados que están relacionados con delitos de alto impacto”.
El presidente del Poder Judicial concluye que ante estos escenarios hay una gran tarea pendiente de prevención y rescate de las infancias y juventudes, porque la constante apunta al aumento de menores de edad cometiendo delitos enganchados por el crimen organizado.
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“Rescate de infancias y adolescentes”
La sicóloga Aimé Alanís Pérez —experta en atención a niñas y niños víctimas de violencia— ha trabajado en zonas vulnerables desde hace cinco años, donde se ha percatado de que muchos menores de edad son víctimas indirectas de las violencias, quienes “crecieron solos, sin vigilancia, sin acompañamiento”, además de que “muchos son huérfanos, porque perdieron a sus padres por feminicidio, homicidio o por desaparición forzada”.
La especialista lamenta que “nadie (sociedad ni gobierno) le ha dado la importancia ni ha trabajado la prevención en ninguno de sus tres niveles” para evitar que se siga la violencia.
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Alanís Pérez explica que la Organización Mundial de la Salud marca que el primer nivel incluye a toda la población para que no ocurra un hecho; el segundo es para atender a los sectores vulnerables en zonas focalizadas para evitar su expansión.
Mientras que el nivel terciario de prevención es cuando “en un lugar ya ocurrió un hecho violento, cuando ya hay víctimas indirectas, ahí es cuando se debe intervenir directamente para sanar y que no se vuelvan a repetir esas conductas, eso es lo que no se está atendiendo como sociedad”, expresa la sicóloga.
Asimismo, considera que se vive “un adultocentrismo”, donde los adultos son el centro en esferas como la familia, escuela, áreas públicas, privadas y gubernamentales, es decir, “toda la sociedad se ha olvidado de voltear a ver a las infancias y adolescencias para rescatarlas.
“Son niños que nacieron en violencia, en una narcocultura, sin una vigilancia que les ayude a comprender que la violencia no es normal, ayudarlos a discernir entre el bien y el mal”.
La experta señala que el problema se agrava en la adolescencia, porque a esa edad buscan pertenencia.
“Pero estamos en una sociedad tan desbrujulada que pareciera que el crimen organizado ha sabido entender muy bien esa problemática, es cuando se acercan a ellos y les dan sentido de pertenencia, los hacen sentir parte de un clan y hasta los vuelven poderosos con dinero y armas, fácilmente los enganchan”, dice la especialista.
La especialista menciona que ha conocido adolescentes que estuvieron en conflictos con la ley, por ello destaca la importancia de que exista un seguimiento a los jóvenes en situación de prisión para ayudarlos a redireccionar sus procesos.
Durante varios meses, EL UNIVERSAL solicitó información y entrevistas sobre el tema a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno estatal por ser los responsables del Centro de Internamiento Juvenil; sin embargo no se obtuvo respuesta.
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