Tuxtla Gutiérrez.- La , que aglutinaba a los 45 tzotziles asesinados hace 23 años en ese poblado de Chenalhó, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que agilice la emisión del informe de fondo sobre el caso.

En ese sentido, solicitó que el organismo internacional haga públicas las conclusiones de sus investigaciones y recomendaciones al Estado mexicano, "para que se haga verdadera justicia enjuiciando a los autores intelectuales y materiales”.

Al cumplirse un aniversario más de la matanza de los tzotziles, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) consideró que el actual gobierno tiene la oportunidad histórica de no quedarse en el reconocimiento de "disculpa pública, mediática y frívola”.

“Posee el gobierno la oportunidad de estar a la altura de la exigencia de derechos que los pueblos han impulsado por décadas, de realizar acciones contundentes que conlleven a la investigación y sanción de los responsables de aquellos hechos sangrientos”, enfatizó la ONG.

Este martes, un grupo de sobrevivientes, familiares, integrantes de Las Abejas e invitados se reunieron en Acteal. Participaron en la celebración religiosa oficiada por el obispo auxiliar de San Cristóbal de las Casas, Luis Manuel López Alfaro.

En su pronunciamiento, Las Abejas de Acteal reclamaron que a 23 años del múltiple homicidio aguardan aún la aplicación de la ley y la justicia.

"Desde hace 23 años seguimos sin justicia, cuando nuestros hermanos ofrecieron su vida como precio para parar la violencia del gobierno mexicano en contra de las comunidades en resistencia", expresó.

Conmemoramos 23 años de una herida abierta, de mantener la memoria y la resistencia ante la guerra desatada en contra los pueblos. "Los sobrevivientes queremos que el mundo sepa que seguiremos buscando justicia hasta alcanzarla; no nos hemos vendido, que no aceptamos la solución amistosa que el gobierno federal ofreció", sostuvo la organización.

Las Abejas respetamos a nuestros hermanos que aceptaron la oferta del Estado, pero nosotros no nos cansaremos hasta que se sancione a los responsables materiales e intelectuales. "Queremos y exigimos justicia, lo que pasó en Acteal no debe de repetirse”, aclaró.

Al acordarse en septiembre pasado una solución amistosa con un grupo de sobrevivientes de la matanza, el gobierno pretendió dar carpetazo al caso Acteal ofreciendo dinero para obras públicas a familiares y sobrevivientes sin que los responsables de la sean enjuiciados, afirmó la organización de tzotziles.

El gobierno apuesta a que el cansancio y desgaste debiliten a las víctimas de la violencia y que aceptaran cualquier condición, subrayó.

Más aún, aseveró, la impunidad en el caso Acteal propició una descomposición del tejido social que la violencia "disparó".

"Los paramilitares" conservaron sus armas desde 1997 y estos años han sido beneficiados con presupuesto público para incrementar "su arsenal", acusó. La justicia en México, puntualizó, es un negocio y está plagada de corrupción.

Al respecto, el director del Frayba, Pedro Faro Navarro, expuso que es momento para que el Estado mexicano reconozca públicamente la existencia del Plan de Campaña Chiapas 94’ y el impacto de "los crímenes de lesa humanidad" en la vida comunitaria de los Altos, Norte y Selva de Chiapas, en el contexto de guerra contra insurgente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y contra se organizan desde la autonomía, como lo evidenció la matanza de Acteal.

Según la ONG, los sucesos de aquel 22 de diciembre de 1997 son una herida que se mantiene abierta para las víctimas, sobrevivientes, sus familias y para indignados que persisten en esa lucha.

afcl/nv

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