La batalla por la Constitución de la CDMX

Salvador García Soto

En una guerra en la que se mezcla lo jurídico con lo político, los gobiernos federal y de la Ciudad de México se enfrentan, por primera vez en lo que va de este sexenio, por la Constitución capitalina. Con la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el árbitro que tendrá la última palabra en esta confrontación, está de un lado la ofensiva armada desde Los Pinos y orquestada a través de diversas instituciones que interpusieron una batería de impugnaciones (controversias, acciones y amparos sobre la constitucionalidad), todas bajo la batuta del consejero jurídico, Humberto Castillejos, mientras del otro lado, abogados de la Ciudad, senadores, diputados y asambleístas preparan una defensa que buscará tirar esas impugnaciones por diversas inconsistencias, mientras acusan un “centralazo” en el intento de frenar una Constitución “de avanzada” por el temor a que fuera replicada en otras entidades federativas.

En lo jurídico, ya se buscan argumentos, tesis, jurisprudencias e interpretaciones para llevar ante los ministros de la Corte que tomarán una decisión que puede ser histórica, como lo fue también la promulgación de la Constitución de la capital de la República; en lo político, se lanzan declaraciones, sentencias, afirmaciones. Por ejemplo, mientras los perredistas y la Jefatura de Gobierno hablan de una “venganza política” del presidente Peña contra Mancera, por temas políticos como sus amparos contra el “gasolinazo”, entre los priístas y peñistas que defienden las impugnaciones, muchos de ellos que por cierto fueron constituyentes y votaron a favor de la Constitución que hoy impugnan, se asegura que “se los dijimos a tiempo, que había fallas graves y temas que excedían el ámbito de una Constitución local, pero no quisieron atenderlo”.

Uno de esos priístas más activos en la ofensiva contra la carta capitalina es justo César Camacho, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Él sostiene, por ejemplo, que siempre alertó a Porfirio Muñoz Ledo y Alejandro Encinas, y a través de ellos a Mancera, de las contradicciones en algunos artículos que podrían ser controvertidos constitucionalmente. Lo que no explica el diputado Camacho, que también fue constituyente, es cómo es que él y otros diputados priístas que estuvieron en la Asamblea Constituyente, no votaron en contra o se abstuvieron al momento de aprobar la Constitución.

Y como en todo, siempre hay dos versiones, porque en el gobierno capitalino sostienen que César Camacho quería ser quien presidiera la Asamblea Constituyente, algo en lo que siempre insistió para que fuera un priísta quien encabezara el órgano deliberativo, como una petición expresa del presidente Peña. Sin embargo, la respuesta que le dieron al ex gobernador mexiquense fue que mientras el PRI no fuera ni mayoría ni primera minoría en la Ciudad de México, no podía pretender presidir el Constituyente. “Cuando seas primera mayoría en la Ciudad entonces hablamos”, le respondieron los perredistas al priísta Camacho cuando pidió la presidencia del Constituyente para su partido.

 

Peña y Mancera: ¿fin de la alianza? Uno de los primeros efectos de la batalla por la Constitución capitalina es el distanciamiento evidente entre el Palacio del Ayuntamiento y Los Pinos. Poco queda a estas alturas de la inocultable alianza política que sostuvieron en buena parte del sexenio el presidente Peña Nieto y el jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera. La cercanía entre ambos fue notoria durante varios años, al grado que desde Los Pinos había instrucciones específicas para que los priístas, ya sea en el Senado, la Cámara de Diputados o hasta en la Asamblea Legislativa, apoyarán los temas e intereses del gobierno capitalino. Varios congresistas del PRI confirman haber recibido “línea” para impulsar propuestas políticas de Mancera como el tema del salario mínimo, la reforma política del antiguo DF o incluso negociaciones presupuestales o debates dentro de la asamblea capitalina.

Fueron años en los que Mancera era invitado frecuente y constante a Los Pinos o a los eventos del Presidente, que siempre lo trataba con una deferencia especial. Al jefe de Gobierno, incluso, esa clara cercanía con Los Pinos le valió críticas y comentarios negativos desde la izquierda perredista, que veía con recelo ese acercamiento. Pero la dinámica de los dos gobernantes comenzó a cambiar en los últimos meses y, por estrategia o conveniencia, el jefe de Gobierno comenzó a tomar cierta distancia de un desgastado Peña Nieto que caía en picada en las encuestas de aprobación de su gobierno.

El tema terminó de hacer crisis en enero de este año, cuando el “gasolinazo” desató una ola de protestas en la Ciudad de México y buena parte del país. La señal de ruptura ocurrió finalmente cuando Mancera anunció la elaboración de un amparo promovido por su administración en contra del aumento de las gasolinas e invitó a todos los capitalinos a inconformarse jurídicamente con la medida tomada por Peña Nieto. Esa decisión, dicen, caló fuerte en Los Pinos donde tomaron la acción del jefe de Gobierno como una muestra de hostilidad hacia quienes lo habían tratado como “aliado”.

La respuesta del Presidente no fue inmediata, aunque por alguna extraña razón —quizá algún tipo de operación del Ejecutivo— todos los juzgados federales comenzaron a rechazar los amparos contra el “gasolinazo” promovidos por el Consejero Jurídico de la CDMX, Manuel Granados. Todavía en este momento y desde que comenzaron a elaborar y presentar los juicios, 300 amparos no han sido admitidos por ningún juez que, declarándose “incompetentes” o con cualquier pretexto, rechazan aceptar las demandas y se las turnan unos a otros en una extraña actitud del Poder Judicial.

 

La venganza “fría” de Los Pinos. La respuesta de Los Pinos pareció obedecer a aquella máxima de que “la venganza es un plato que se come frío”. Porque el grupo peñista esperó hasta que la Constitución capitalina fue aprobada —incluso con el voto de los constituyentes del PRI que hoy la cuestionan—; a que fuera luego promulgada el 5 de febrero, día del Centenario de la Constitución General de la República; a que el jefe de Gobierno y la élite perredista festejaran y la presentaran como “un logro histórico” y “documento de avanzada” en derechos ciudadanos. Y cuando aún celebraban en el Palacio del Ayuntamiento el golpe seco llegó cuando el consejero jurídico Castillejos interpuso ante la Corte una controversia que cuestiona 10 artículos de la Constitución, al tiempo que mandaba a su primo, el procurador General de la República, Raúl Cervantes, a impugnar 39 artículos.

Pero la verdadera sorpresa preparada desde la casa presidencial, fue la controversia presentada por el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. Su ex presidente, Edgar Elías Azar, que nunca estuvo de acuerdo con la Constitución porque al modificar la elección de los magistrados del Poder Judicial local, rompía con su control de 9 años, argumentó “violación a la autonomía del Tribunal” e impugnó los artículos 35 y 37, en lo que fue tomado como un “acto de traición” de Elías Azar. Y esa traición se confirmaría cuando, tras su renuncia a la presidencia del TSJ-CDMX el pasado martes, se anunció de inmediato la “invitación” que le hacía el presidente Peña Nieto al magistrado local para irse como embajador en los Países Bajos, cuando no tenía ninguna experiencia diplomática.

Así es que la guerra política y jurídica entre el Zócalo y el Molino del Rey está declarada. Cada uno moverá sus argumentos y sus recursos jurídicos y políticos, unos en defensa y otros en contra de la Constitución de la CDMX. En medio, con la última palabra para dirimir esta batalla, estará la Suprema Corte de Justicia que, se supone, sería el árbitro imparcial. La única duda razonable que algunos expresan es si los tentáculos del poder presidencial no se moverán para presionar a los ministros cercanos al Ejecutivo. Eso sería muy delicado en el máximo tribunal constitucional.

 

Notas indiscretas… Todos los candidatos ajustan sus equipos para la batalla electoral en el Estado de México. Alfredo del Mazo cambió de coordinador de campaña esta semana y en lugar de Enrique Jacobson, quien se dieron cuenta era “demasiado reflexivo” para una contienda tan intensa, metieron al experimentado político Ernesto Nemer, que dejó la Profeco para irse como mariscal a la campaña que él hubiera querido encabezar, pero que ahora sólo coordinará. Mientras tanto, Josefina Vázquez Mota también cambió de coordinador, y movió al poblano Eduardo Rivera, que ahora quedó como delegado del CEN en el estado, para nombrar nuevo jefe de campaña a Víctor Hugo Sondón, el aguerrido dirigente estatal del PAN mexiquense que, a diferencia del poblano, sí conoce bien la entidad y al panismo mexiquense. El ajuste de Josefina también es estratégico y la apuesta es a que Sondón al menos le salga mejor coordinador que Roberto Gil en su campaña presidencial. Y finalmente Delfina, que no necesita muchos coordinadores porque su campaña la maneja Andrés Manuel López Obrador, lo que sí hizo es nombrar a un ex colaborador de Josefina, Abelardo Martín, como su nuevo jefe de prensa de campaña. Martín fue vocero de Vázquez Mota en Sedesol y ahora se pasa al lado de Morena… Aunque los 23 aspirantes a fiscal anticorrupción siguen con posibilidades de ser nombrados y cualquiera de sus nombres podría ser electo por la Junta de Coordinación Política del Senado, que se reúne el próximo martes, entre los cuatro seleccionados por el Comité de Acompañamiento Ciudadano están los cuatro perfiles que ese grupo consideró “mejor calificados” para el cargo. Y éstos son, en el orden del mejor evaluado: César Alejandro Chávez, José Bernardo Rafael Espino, Miguel Angel González Félix y Manuel Luciano Hallivis Pelayo. La duda es si habrá elegido este martes, y si saldrá de esos cuatro o de los otros 19 aspirantes… Los dados cierran con Escalera Doble. Buena semana.

 

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