García Harfusch: investigador investigado

¿Por qué el presidente Enrique Peña Nieto nombró como director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a un funcionario investigado por los hechos ocurridos en Iguala la noche del 27 al 28 de septiembre de 2014?

Desde el miércoles de la semana pasada Omar García Harfusch es la cabeza del FBI mexicano. Ocupa la silla que antes fuera del polémico Tomás Zerón.

De entre todos los candidatos posibles para dirigir la AIC era difícil encontrar a alguien que provocara más desconfianza.

Omar García Harfusch era el comisionado de la Policía Federal en Guerrero cuando desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa y es investigado por dos razones graves: primero, porque su nombre aparece de manera sospechosa en el auto de formal prisión que se dictó contra de Sidronio Casarrubias Salgado —presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos— y, segundo, por la actuación, a la vez cómplice y negligente, que tuvo la policía a su cargo aquella noche trágica en Iguala.

En el auto de formal prisión dictado en contra de Casarrubias se menciona como hecho relevante la existencia de una libreta de tapas negras donde la autoridad encontró una lista larga de contactos.

En la página número catorce de ese documento aparece el nombre de Omar García Harfusch, seguido por las palabras “Comisionado en Guerrero” y un teléfono celular “(55-26-73-81-10)”.

¿Por qué tenía Casarrubias esa anotación en una libreta que ha sido utilizada para derivar múltiples líneas de investigación a propósito de la tragedia de los normalistas?

Eso es justo lo que la Procuraduría General de la República (PGR) debe investigar. Sin embargo, ahora que García Harfusch es funcionario de esa misma procuraduría resulta difícil proseguir con la pesquisa.

Por este solo motivo el nuevo director de la AIC debió ser descartado para ocupar el cargo.

Pero este no es el único motivo para considerarlo impedido. Aquella noche de septiembre de 2014 García Harfusch era la cabeza de la Policía Federal en Guerrero y, según información disponible, un número considerable de agentes y patrullas de esa agencia jugaron un papel injustificado en diversos hechos criminales.

Los testimonios de las víctimas sobrevivientes no dejan lugar a dudas: la Policía Federal participó en los retenes dispuestos para interceptar los autobuses donde viajaban los integrantes del equipo de futbol “Los Avispones” y también los normalistas de Ayotzinapa.

Los jóvenes futbolistas que salvaron la vida, y sus padres, declararon que los agentes de la policía federal los amenazaron, se negaron a atender a sus heridos y también impidieron que fueran transportados a un hospital, a pesar de que era evidente el riesgo en el que se encontraba su salud y su vida.

El segundo reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) abunda en argumentos para señalar como sospechoso el desempeño de la policía a cargo de García Harfusch. En el mejor de los casos podría decirse que fue omiso pero hay elementos de peso para intuir complicidad de este mando policial.

La evidencia que apunta en tal dirección dentro del expediente Ayotzinapa es suficiente como para llamarse al escándalo por el nombramiento que Peña Nieto realizó el miércoles de la semana pasada.

Cabría suponer que el presidente tomó esta decisión sin contar con la información pertinente. En esta hipótesis, la más benévola, debemos preocuparnos por la distracción de las áreas de inteligencia del Estado mexicano en un asunto tan delicado.

La otra hipótesis es que haya dolo en el nombramiento de García Harfusch: el gobierno de la República estaría decidido a encubrir los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.

ZOOM: ¿Quién es el enemigo de Raúl Cervantes Andrade que aprovechó su reciente nombramiento como procurador general para colocar la primera bomba política que estallará durante su gestión?

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