El Presidente que ya no puede

Raúl Rodríguez Cortés

Entre la gente está arraigada la idea de que nuestro gobierno es uno de mentiras y corrupción. No exageran quienes ven en EPN tal debilidad política, que no resistirá la rebelión contra el gasolinazo

El problema no es que el Presidente esté cansado de gobernar. El problema es que la situación llegó a tal punto que ya no puede gobernar. Y esto no debe ser razón de regocijo para nadie, ni para sus más radicales opositores. Debería ser motivo de honda preocupación para todos. A nada bueno puede llevarnos esa ingobernabilidad.

A las ya frecuentes muestras del desgano presidencial por gobernar, de las que daba cuenta ayer la columna de Carlos Loret, deberíamos añadir el cada vez más limitado margen de maniobra del que dispone Enrique Peña Nieto para ejercer el poder, atrapado como está en el descrédito, la ineficacia y la corrupción.

El lunes pasado ni siquiera pudo sentar a la representación patronal a la mesa en que se firmó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección Familiar con el que se pretende revertir la ira ciudadana que desató el mega-gasolinazo.

Firmó, es cierto, el Consejo que agrupa a otras organizaciones empresariales (el CCE), pero no la Coparmex, que aglutina a 36 mil empresas de todos los sectores que generan 30 por ciento del PIB y 4.8 millones de empleos formales. Su ausencia, innegablemente, fracturó el intento de detener una escalada de precios y defender el empleo y la economía de las familias, como se propone el Acuerdo de marras.

La patronal explicó que su negativa se debió a que el documento final les fue entregado dos horas antes de que se firmara y porque su contenido es ambiguo y sus metas difícilmente auditables. Lo que quisieron decir es que se trata de demagogia pura. Y esta vez no les falta razón.

El documento empieza por decir que es producto de “un intenso y constructivo diálogo”. ¿Eso es posible en tres días? El tamaño de los problemas y retos del país amerita, estará usted de acuerdo, un diálogo nacional, amplio e incluyente, que dé lugar a un verdadero y efectivo pacto social y económico, con metas claramente definidas y mecanismos explícitos para evaluar su consecución.

Pero no: el CCE asumió en el Pacto el compromiso de evitar que haya un aumento injustificado de precios, lo que sugiere, de antemano, que es inevitable el incremento justificado, que lo habrá porque el de la gasolina es un costo fundamental en la producción y distribución de prácticamente todo; los sectores laboral y campesino se comprometieron a mejorar la productividad (¿?); y el gobierno a vigilar que no se desestabilicen los precios de la canasta básica, a apoyar los programas sociales y a estimular la inversión y la creación de empleos, como si no fueran esas sus responsabilidades cotidianas.

Incluso otras metas más concretas despiertan dudas. Veamos dos de ellas:

1. La reducción en 10 por ciento de los sueldos de los mandos superiores del gobierno, dejada ayer por Hacienda al arbitrio de cada dependencia. ¿Será sobre el sueldo nominal o sobre el integrado? ¿Por qué no les quitan, además, los vales de gasolina, los gastos de representación, los seguros de gastos médicos mayores o los bonos de fin de año?

Y 2. La facilitación de la entrega de recursos del sistema de ahorro para el retiro a adultos de más de 65 años que no los han recibido, aunque tienen ese derecho. Son, según cifras de Hacienda, tres y medio millones de adultos mayores que tienen en el SAR más de 50 mil millones de pesos. ¿No tenía el gobierno la obligación de facilitárselos aun antes de que les llegara el agua al cuello? Qué descaro: te voy a ayudar con un dinero que es tuyo.

El documento concluye con el repudio absoluto al vandalismo, en referencia, claro, a los bloqueos de protesta y a los injustificables saqueos de tiendas que hemos visto durante los últimos días. Pero, ¿por qué no hacen extensivo ese repudio a los gobernadores rateros y a toda esa caterva de pillos que desde el gobierno roban los recursos de la nación?

Peña Nieto no ha conseguido calmar las aguas por el gasolinazo. No lo logró en el improvisado y mal articulado mensaje del pasado 4 de enero, cuando aprovechó la reincorporación de Luis Videgaray al gabinete para decirnos que no había marcha atrás, que a su gobierno le tocaba explicar y a nosotros entender. Ni pudo hacerlo, al día siguiente, en el mensaje a la nación en que nos dijo que era el gasolinazo o la pérdida del Seguro Social (¿qué mano te cortas: la izquierda o la derecha?) y preguntó, en desafortunado reflejo de su impotencia: “¿qué hubieran hecho ustedes?”. Y tampoco el lunes pasado, con el reeditado pacto económico, respuesta tardía e ineficaz, como ocurrió con la Casa Blanca, la desaparición de los 43 y tantos otros hechos ocurridos en su gobierno.

Las aguas, pues, no se han calmado y prueba palmaria de ello es que el dólar llegó a cotizarse ayer al nuevo nivel histórico de 22.10 pesos. La incertidumbre, además, es atizada por la cada vez más cercana llegada de Trump a la Casa Blanca.

Entre la gente está arraigada la idea de que el de Peña Nieto es un gobierno de mentiras y corrupción. Y en ese contexto, no exageran quienes ven en él tal debilidad política, que no resistirá la recién iniciada rebelión contra el gasolinazo.

 

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