Crisis en Sagarpa y Aserca por cuantioso fraude

Constituida en 1991 como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura para el impulso a la comercialización de la producción agropecuaria, en supuesto beneficio de los productores del campo, la ahora llamada Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) ha padecido en sus 24 años a directivos y funcionarios involucrados en abusos, robos, desvíos de recursos públicos, malas administraciones y pésimas políticas que han impedido servir realmente al campo.

Pero lo ocurrido últimamente en Aserca rebasa esos despilfarros y arbitrariedades cometidas con el presupuesto que recibe anualmente y que asciende a unos 50 mil millones de pesos, ante la complacencia de burócratas al frente de ese órgano desconcentrado y de la propia Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a cargo ahora de José Eduardo Calzada Rovirosa, ex gobernador de Querétaro y que apenas el 27 de agosto pasado tomó posesión, y quien ahora tendrá que lidiar con un cuantioso fraude a las arcas públicas que podría ascender al 10 por ciento de su presupuesto anual.

Aunque dicho fraude en Aserca se habría descubierto desde hace dos años, el gobierno federal lo ha mantenido oculto y lo ha manejado internamente con mucha discreción, para evitar protestas de campesinos, ejidatarios y pequeños y medianos productores agrícolas.

Fuentes internas comentaron a esta columna que este escandaloso fraude –que podría alcanzar hasta los 5 mil millones de pesos– es investigado por la Secretaría de la Función Pública; sin embargo, aseguran que desde hace dos años no se presenta la denuncia penal correspondiente en la Procuraduría General de la República, ante lo cual no hay averiguación previa y mucho menos consignados por tal delito, lo que por sí mismo resulta sospechoso, pues se presume que ex funcionarios de ese órgano desconcentrado están involucrados en tal desvío multimillonario y otros porque fueron omisos al permitirlo y no denunciarlo a tiempo.

Hasta ahora se sabe que el cuantioso fraude se cometía desde finales del gobierno de Felipe Calderón, cuando el titular de Sagarpa era el panista Francisco Mayorga Castañeda y su director en jefe de Aserca era Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez. Éste se fraguó mediante operaciones financieras con certificados de depósito falsos que supuestamente garantizaban cosechas de maíz y otros granos básicos, y cuyos originales eran emitidos para efectos comerciales por empresas privadas de almacenes generales, a fin de que los productores agropecuarios recibieran los apoyos federales por conducto de Aserca.

Por lo pronto se mantiene suspendida la recepción de certificados de depósito, con lo cual se afecta tanto a productores que no pueden recibir los apoyos económicos como a las ocho empresas almacenadoras relacionadas con el sector agropecuario.

Hace unos días el nuevo director en jefe de Aserca, Alejandro Vázquez Salido –quien sustituyó hace menos de tres meses a Baltazar Hinojosa Ochoa, quien desde el 1 de septiembre es diputado federal y aspira a gobernar el estado de Tamaulipas– se reunió con Raúl Millán Flores, director ejecutivo de la Asociación de Almacenes Generales de Depósito, a quien informó que las empresas almacenadoras también son investigadas por el Órgano Interno de Control en la Sagarpa y se revisan los procedimientos para evitar nuevos desfalcos. El funcionario se comprometió a que funcionarios de Aserca realicen visitas a las empresas para verificar sus operaciones y tener garantías de que no haya más fraudes.

Al interior de esa dependencia se cree que funcionarios de Aserca están involucrados en el fraude o por lo menos son responsables de omisión y negligencia, pues ellos “olvidaron” corroborar la legalidad de dichos certificados de depósito con las empresas almacenadoras que los emiten.

Por tratarse de certificados de depósito que se emiten con papel comercial, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya interviene en la investigación, pues se cree que se trata de una amplia red de defraudadores en donde participan servidores públicos.

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