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¿Qué duda cabe que para el presidente Rafael Correa los medios independientes son sus enemigos? Para tener una noción de los extremos a los que ha llegado su gobierno, aquí van algunos ejemplos tragicómicos que demuestran notables niveles de autoritarismo.
Hace tres años, Correa firmó la Ley Orgánica de Comunicación, que concede al gobierno amplias potestades para limitar la libre expresión. La ley exige que la información difundida por los medios sea “verificada” y “precisa” —conceptos tan vagos que facilitan la censura—. Prohíbe, además, el “linchamiento mediático”, definido como “la difusión de información que [...] sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente [...] con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”.
Esta disposición es música para los oídos de quienes quieren esconder prácticas corruptas, conflictos de interés y abusos de poder. Y, en un recurso “orwelliano”, la ley prohíbe la “censura”, lo cual sería positivo si no fuera porque castiga a los medios que no difunden temas que el gobierno considere de “interés público”. El órgano encargado de aplicar la ley, la SUPERCOM, la ha usado para asfixiar a los medios independientes.
Por ejemplo, a pesar de la precisión de una caricatura cuya viñeta indicaba “Policía y Fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción”, en enero de 2014, la SUPERCOM impuso una multa de 90 mil dólares a El Universo, el periódico que la había publicado. La SUPERCOM determinó que representar con una caricatura el allanamiento del domicilio de un periodista que había revelado un escándalo de corrupción gubernamental “deslegitima[ba]” las acciones del gobierno y entrañaba el riesgo de ocasionar “agitación social”.
Un mes después, el caricaturista fue obligado a publicar una versión “rectificada” de su caricatura. En ella, se veía a agentes que, cordialmente y sonrientes, le pedían permiso a Villavicencio para ingresar y le ofrecían llamar a su abogado y redactar una lista de los documentos que tenían previsto confiscar. La caricatura “rectificada” mostraba a Villavicencio renunciando a estos generosos ofrecimientos y afirmando que confiaba ciegamente en las autoridades.
Los medios ecuatorianos deben estar atentos no sólo a lo que dicen, sino también a lo que no dicen. En junio de 2014, luego de que Correa criticara a los periódicos ecuatorianos por no cubrir adecuadamente su visita oficial a Chile, la SUPERCOM inició una investigación contra cuatro periódicos —El Universo, El Comercio, Hoy y La Hora— debido a que la cobertura del viaje de Correa no había hecho mención al doctorado honoris causa que le había otorgado una universidad chilena. La investigación permanece abierta.
La SUPERCOM ha multado, en reiteradas oportunidades, a medios que se han negado a publicar rectificaciones empleando los términos exactos exigidos por la Secretaría de Comunicación. No obstante, no ha aplicado sanciones a medios oficialistas en casos análogos. Cuando Correa, en un canal público que el gobierno maneja como propio, calificó de “fascista” al presidente de la Cámara de Comercio de Quito y luego éste presentó un caso contra el canal, la SUPERCOM decidió que el programa de Correa no estaba sujeto a la Ley de Comunicaciones debido a que constituía un “mecanismo de rendición de cuentas permanente” del presidente.
Hace pocas semanas cuatro periodistas independientes ecuatorianos pusieron en marcha un proyecto humorístico en el que los ecuatorianos pueden hacer que Correa critique a su gobierno. En una página web llamada MashiMachine, los usuarios pueden escribir una oración y el sistema selecciona extractos de alocuciones del presidente para armar una frase con la voz e imágenes de Correa. Habrá que ver hasta cuándo el presidente y su SUPERCOM tolerarán las irreverencias del propio Correa.
José Miguel Vivanco es director para las Américas de Human Rights Watch.
