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La participación de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior es una de las misiones establecidas en el marco constitucional, así como en sus leyes orgánicas.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 89, faculta al Ejecutivo federal a utilizar la totalidad de la fuerza armada para cumplir con la obligación de brindar seguridad interior, mientras que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal estipula que le corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional el despacho de los servicios civiles que señale el Ejecutivo federal.
En el mismo sentido, el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece como segunda misión general del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos el garantizar la seguridad interior.
La actual administración federal, en su Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, define que la seguridad interior, como vertiente de seguridad nacional, es la condición necesaria que debe proporcionar el Estado para el desarrollo de la nación, mediante el mantenimiento del Estado de derecho, la tutela de las instituciones democráticas y del orden constitucional.
Las Fuerzas Armadas cuentan con entrenamiento, disciplina, inteligencia, logística, espíritu de cuerpo, movilidad y capacidad de respuesta y de fuego que hacen necesaria su participación en operaciones para garantizar la paz social en regiones del país donde grupos delictivos organizados cuentan con gran poder y constituyen una amenaza al orden constitucional.
En la segunda mitad de los años noventa, el gobierno mexicano realizó cambios en la administración pública para atender el creciente problema del crimen organizado. Uno de los cambios más relevantes fue la construcción de la Policía Federal Preventiva (PFP). El objetivo fundamental, además de construir un cuerpo policial de carácter federal, era sustraer de las actividades policiales tanto a las Fuerzas Armadas como al área responsable de la inteligencia para la seguridad nacional que tanto desgaste les originaba.
De esta manera, la PFP se integró en tres áreas sustantivas:
Coordinación General de Fuerzas Federales de apoyo (componente militar de esta nueva institución).
Coordinación General de Inteligencia (componente de Inteligencia para la Seguridad Nacional).
Coordinación Regional (integrada por la Policía Federal de Caminos).
Al profesionalizarse la PFP con espíritu de coordinación y colaboración, y operar bajo un marco normativo interno semejante al de las Fuerzas Armadas, se construyó una unidad organizada, equipada y capacitada, un área de inteligencia y una estructura operativa con mandos y tropa profesional y disciplinada.
Se le asignaron las misiones de realizar operaciones contra la delincuencia organizada, restaurar el Estado de derecho y de apoyo a la población civil en casos de desastre.
Y fue importante definir su forma de actuar, considerando que sería ante transgresores de la ley o conciudadanos inconformes.
Los mandos que se han sucedido en la Policía Federal no han logrado mantener una visión que permita tener una corporación que cumpla exitosamente con la tarea de garantizar la paz pública, así como atender la seguridad de las personas y de sus bienes.
Después de este esfuerzo inicial, los criterios y mecanismos para la construcción de una Policía Federal organizada, equipada y capacitada no se han logrado concretar. Se han invertido grandes cantidades de dinero en instalaciones y en equipo, soslayando lo importante que es el recurso humano.
Se tiene una Policía Federal grande, pero carece de la fuerza moral e intelectual de sus integrantes, de la disciplina que defina la doctrina para saber cuándo y cómo aplicar la fuerza institucionalmente. Sus mandos no son de carrera policial, porque cada vez que llega un titular trae nuevos comisarios e inspectores, con títulos académicos, pero sin el conocimiento de campo ni la visión que se obtiene en la práctica.
Además, ese vínculo los identifica con los subordinados y permite que se materialice el liderazgo que todo conductor de hombres debe tener.
No se ha logrado integrar a los estados y municipios en este esfuerzo, por la falta de una visión definida y un plan a largo plazo que fortalezca la institución independientemente de los compadrazgos y mandos en turno.
Se gasta dinero, mucho dinero, pero sólo en cosas materiales, instalaciones y equipo, sin preocuparse por el capital humano.
El objetivo de sustraer a las Fuerzas Armadas de estas tareas no se ha logrado.
Cada vez es más intensa su participación y el desgaste que sufren su personal, familias y el prestigio de la institución es creciente.
Es necesario que su actuación en estas tareas se puntualice mediante la creación de una ley reglamentaria sobre quiénes deben participar en la seguridad interior y cuáles son sus obligaciones.
Precisando los mecanismos coercitivos que toda ley debe contener para lograr la profesionalización de los cuerpos policiales del país, que no se ha alcanzado a pesar de la enorme cantidad de recursos financieros que se han otorgado para ello.
*General y maestro
