Un pueblo entero se fue

Héctor De Mauleón

El Comandante Pala dio la orden el 18 de marzo de 2011: vigilar las propiedades de la familia Garza porque iban a “levantar” a todos sus miembros para matarlos. Apoyados por policías municipales que tenían la instrucción de “levantar a cualquiera de apellido Garza y llevarlo al Comandante Pala”, un grupo de sicarios irrumpió en el rancho de José Luis Garza Gaytán.

Había comenzado la carnicería más siniestra que se recuerde en México. Los Zetas irrumpieron en el rancho de Garza y se llevaron hombres, mujeres y niños. Mientras tanto, entre 40 y 50 camionetas cargadas de sicarios llegaron a la alcaldía. Ahí, Los Zetas revolvieron los registros del catastro, buscando el domicilio de los familiares de Garza, así como de su socio, Héctor Moreno Villanueva.

Recorrieron las calles de Allende, Coahuila, secuestrando gente e incendiando casas. El grueso de la fuerza municipal había recibido la orden de acuartelarse y no dar respuesta a llamadas de auxilio. Los bomberos fueron amenazados: se les dijo que matarían a sus familias si salían a apagar algún incendio. El alcalde Sergio Lozano declaró más tarde que “no tenía conocimiento de la situación”.

La persecución continuó a lo largo del sábado. Ninguna instancia federal acudió en auxilio de los pobladores. El domingo 20 los detenidos fueron llevados a una bodega en la que Miguel Ángel Treviño, el Z-40, y su hermano Omar, el Z-42, presenciaron su ejecución. Los cadáveres fueron introducidos en tambos de basura e incinerados con diésel y gasolina. Las casas de las víctimas fueron saqueadas por la propia población.

En aquella región del país, José Luis Garza, Héctor Moreno Villanueva y Mario Alfonso Cuéllar constituían un engranaje clave de Los Zetas en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Colocaban en Texas tres toneladas de cocaína al mes. Recibían cuatro millones de dólares cada diez días.

Pero los tres desertaron a principios de 2011: sabían que un miembro de la organización le estaba dando información a la DEA. Comprendieron que no tardarían en caer. Así que huyeron y se llevaron con ellos las ganancias de un mes; también, un libro de contabilidad lleno de información: entre otra, los pagos a funcionarios de alto nivel del gobierno del priísta Humberto Moreira.

La orden fue barrer a sus familiares. Lo increíble es que sucedió: durante todo aquel fin de semana, Los Zetas secuestraron y asesinaron a quien quisieron. Según la procuraduría local, las víctimas fueron 28. Moreno Villanueva declaró en una corte estadounidense que el número ascendió a 200 o 300. Los vecinos de Allende contabilizaron 80 casas incendiadas. De sus habitantes, no se volvió a saber.

Un informe presentado ayer por El Colegio de México, y coordinado por Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas —“En el desamparo: los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2011), y Allende, Coahuila (2011)”— revela la cadena de omisiones y complicidades que contribuyeron a enredar este caso y dejaron a las víctimas precisamente en el desamparo: el documento recuerda, para no ir más lejos, cómo el gobernador interino Jorge Torres López —hoy prófugo— intentó ocultar la desaparición masiva durante más de un año.

El reporte indica que la Policía Investigadora del estado llegó a Allende seis días después de los hechos, no a pedido de las autoridades locales, sino por la denuncia de los familiares de una de las víctimas. La procuraduría estatal no implementó acciones, sin embargo.

La primera inspección en las casas destruidas y en el rancho de los Garza no se realizó hasta noviembre de 2013, ¡dos años y medio después de la masacre! El primer peritaje vino en enero de 2014, cuando la evidencia había sido totalmente adulterada y contaminada. Ahí se tomaron muestras de ceniza y se hallaron 66 fragmentos óseos imposibles de identificar.

Las autoridades circunscribieron geográficamente la masacre al municipio de Allende, y limitaron la investigación a los hechos de un fin de semana. Existen pruebas, sin embargo, de que la persecución se prolongó incluso durante meses, y abarcó Morelos, Acuña y Piedras Negras entre otras áreas cercanas.

A todo esto se suma el misterio de la actuación de las instancias federales, que no se dieron por enteradas o no quisieron darse por enteradas de lo que sucedía en Allende. La PGR, por ejemplo, no ha ejercido la facultad de atracción del caso, a pesar de las diversas solicitudes que se le han realizado.

A más de cinco años de los hechos, se desconoce el número de muertos, la cifra de desaparecidos. Un pueblo entero se fue, y todavía no sabemos a dónde.

@hdemauleon

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