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El viernes pasado, un policía del municipio de Tonalá, Jalisco, fue asesinado frente a su casa. Dos de sus colegas en la misma localidad corrieron la misma suerte hace tres semanas: le marcaron el alto a un vehículo que iba a exceso de velocidad y acabaron curtidos a balazos. Hace unos meses, un policía de Zapopan fue asesinado de un balazo que entro por el ojo y salió por la nuca. A principios de 2016, un mando policial de Tlaquepaque fue ejecutado junto a sus dos escoltas, mientras circulaba en una patrulla.
Esas son algunas escenas de la guerra sorda que se libra en Jalisco desde hace varios años entre las corporaciones policiales de todos los niveles y la delincuencia organizada (en particular, el cártel que lleva el nombre del estado y se dice de nueva generación). Ese conflicto se ha llevado a más de 150 funcionarios estatales y municipales (policías en su mayoría) en los últimos cuatro años y ha tenido episodios dramáticos, como la emboscada que mató a 15 elementos de la Fuerza Única Jalisco en abril de 2015 o el derribo de un helicóptero del Ejército en mayo de ese mismo año.
Es una guerra, además, que no sólo se libra con balas. Cómo sabemos por una presunta llamada de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del CJNG y un comandante de la policía estatal, filtrada hace algunos meses, la corrupción e intimidación de mandos policiales es un fenómeno cotidiano. Y no sólo de policías: según me informa una fuente del gobierno estatal, varios alcaldes, tanto de la zona metropolitana de Guadalajara como del interior del estado, han sido víctimas de amenazas e intentos de soborno.
La batalla toca, directa o indirectamente, a la sociedad entera. El año pasado, mil 289 personas fueron asesinadas, un número 12% mayor que el total de 2015. Ese incremento es sin duda más modesto que el del país en su conjunto (+22%) y que el de varios estados vecinos (Colima, Michoacán, Zacatecas), pero se da sobre una base elevada y que ha venido creciendo desde hace años.
Con todo, es de reconocer que Jalisco ha hecho esfuerzos de construcción institucional. A nivel estatal, se ha establecido una policía de nuevo cuño, mejor pagada y mejor capacitada, llamada Fuerza Única Jalisco que, a la fecha, cuenta con mil 800 elementos, según información del gobierno del estado. A nivel municipal, está en proceso de construcción una policía metropolitana que cubra a Guadalajara y sus municipios conurbados.
Por otra parte, la Fiscalía General del estado tiene, inusualmente, control de la policía estatal y del sistema penitenciario, lo cual es al menos un experimento interesante. Está además presidida por un funcionario competente, Eduardo Almaguer.
Pero nada de eso ha sido suficiente para frenar la ofensiva contra los policías jalisciences. No es poca cosa ser el estado sede del CJNG. Esa organización criminal ha crecido como la espuma en los últimos años, ocupando espacios que han dejado varios de sus rivales (primero Los Zetas, luego los Templarios y ahora el Cártel de Sinaloa). Es, según fuentes estadounidenses, el mayor exportador de metanfetaminas hacia el país vecino y ocupa un espacio creciente en el tráfico de heroína.
Derrotarlo va a requerir una ofensiva federal sostenida en varios frentes. El estado sólo no va a poder, por más esfuerzos que dedique al tema. Pero lo que sí pueden hacer las autoridades estatales es prepararse para el momento en que ya no haya un cártel dominante y se libre un pleito a varias bandas por el control del submundo criminal.
Esa situación va a llegar, tarde o temprano, cuando caigan El Mencho y algunos otros. Y puede resultar tan o más mortífera que la guerra sorda del presente.
alejandrohope@outlook.com.
@ahope71
