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Renato Sales es un buen hombre y un magnífico funcionario público. Está dotado, en amplias cantidades, de cultura, inteligencia y responsabilidad pública. No se me ocurre mejor persona para lidiar con la crisis detonada por el informe de la CNDH sobre el caso Tanhuato.
Enfrenta, sin embargo, un serio problema: no tiene poder.
¿Cómo así? ¿No es el jefe formal de la Policía Federal (PF) y del sistema penitenciario de la Federación? ¿No porta el título de Comisionado Nacional de Seguridad? Sí, pero eso no significa nada en la práctica.
Para entender las razones de esa contradicción, es necesario retrotraerse a 2012. Al momento de la transición entre el gobierno de Calderón y el de Peña Nieto, el nuevo equipo decidió que era necesario gobernar de mejor manera al aparato federal de seguridad. Según su razonamiento, no se le podía dejar suelto en una Secretaría dominada por policías. Había que hacerlo responsable ante el poder civil.
Se tomó por tanto la decisión de trasladar la SSP federal, junto con sus organismos desconcentrados (la PF, en primerísimo lugar), a la Secretaría de Gobernación. Pero no fue una fusión limpia: la SSP no se convirtió en una simple subsecretaría. Se optó en cambio por crear un híbrido: la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
La CNS tiene facultades de subsecretaría, pero parece algo mucho más potente. Y allí radica el problema. El Comisionado no controla el presupuesto de los organismos desconcentrados a su cargo: ese poder, junto con la disposición de plazas, lo tiene el Oficial Mayor de la Segob.
Crucialmente, el Comisionado tampoco decide sobre el nombramiento y remoción de los titulares de los desconcentrados. Tiene esa facultad en la ley, pero no en la práctica. No puede, por ejemplo, pedir la renuncia al Comisionado General de la Policía Federal sin pasar primero por el secretario de Gobernación.
En esas circunstancias, el jefe de la PF (así como sus pares en los otros desconcentrados) no tiene ningún incentivo para rendir cuentas a su superior jerárquico nominal. Si necesita recursos, va con el Oficial Mayor. Para todo lo demás, está el secretario.
Sin embargo, si algo sale mal, si El Chapo Guzmán se escapa o la PF lanza un operativo que deja decenas de muertos, el funcionario que tiene que salir a dar la cara y pagar el costo político es el Comisionado Nacional de Seguridad.
Esa divergencia entre poder y responsabilidad explica mucho. No es casualidad que, en el sexenio anterior, haya habido un secretario de Seguridad Pública y cinco comisionados generales de la PF y que, en este, hayan desfilado ya tres titulares de la CNS y el jefe de la PF se haya mantenido en su cargo desde el primer día. El poder cambió de manos. El aparato de seguridad se autogobierna más que nunca.
¿Cómo resolver el entuerto? Sólo se me ocurren dos maneras: 1) se reconstruye a la SSP federal en los términos existentes en 2012, o 2) la CNS se vuelve una simple subsecretaría dedicada a temas de planeación y prospectiva, y los desconcentrados se vuelven la responsabilidad directa del secretario de Gobernación (como lo es el Cisen, por ejemplo).
Ninguna de las dos alternativas parece muy viable antes del cambio de gobierno. Pero eso significa que vamos a seguir con las contradicciones presentes, con un Comisionado afirmando que acepta las recomendaciones de la CNDH sobre Tanhuato, pero sin poder para tomar las decisiones que eviten otros Tanhuatos.
En otras cosas. Las cifras de homicidios lucieron muy mal en julio. Probablemente luzcan peor en agosto. En el transcurso del fin de semana, diez personas fueron asesinadas en Acapulco. En la ciudad de Chihuahua, se acumularon seis víctimas en 24 horas. Malos augurios.
alejandrohope@outlook.com.
@ahope71
