Salud pública en crisis

Si en 2004 las partidas para el sector alcanzaban 108 mil 424 millones de pesos, en este año llegaron a 230 mil millones. Y ni así.

El alerta, no se surten completas las recetas para medicamentos; se generan largas esperas para consultas especializadas, estudios y cirugías, y en ocasiones se niegan los tratamientos, se ubica en el Primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud.

El diagnóstico es contundente: “El sistema de salud mexicano está enfermo, padece serios males que afectan su funcionalidad. Y lo más grave es que su sistema de defensa está muy debilitado”.

El documento señala que la reforma del 2003 que creó el Sistema de Protección Social en Salud, es decir el Seguro Popular, que en el papel permitiría ofrecer servicio médico a quienes no estuvieran inscritos en el sistema de seguridad social, no ha cumplido su cometido.

La responsabilidad, dice el texto firmado por Acción Ciudadana frente a la Pobreza, es de las entidades federativas que no han cumplido su parte.

Los recursos se desvían para fines distintos.

Para el año próximo se asignaron 75 mil millones 437 mil pesos al Sistema de Protección Social en Salud y 82 mil 446 a través del Ramo 33, sin que los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación garanticen transparencia y rendición de cuentas.

Las entidades federativas con más fallas en el renglón son Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal, Michoacán y Coahuila.

El 46.2% de las unidades de salud que dependen de ellas no reportaron información en el último periodo de 2014; casi dos terceras partes de las unidades de primer nivel urbano, es decir 63.4%, y seis de cada 10 de las del área rural (59.5%) tienen fallas en el surtimiento completo de medicamentos.

Y más: una tercera parte de los pacientes no recibe los medicamentos que se le recetan; 3.4 millones de personas tuvieron que pagar por consultas, medicamentos o estudios de laboratorios, en tanto 61% de las unidades de urgencia incumplen con los tiempos de espera previstos en la norma.

Una de cada 10 unidades reporta más de un mes de espera para cirugía; el 42.3 de las personas que se sometieron a intervención quirúrgica en los servicios públicos de salud tuvieron que pagar por algún material o medicamento. Más de la cuarta parte de las unidades de primer nivel y casi tres cuartas partes de las de urgencia tienen quejas de los usuarios.

Lo interesante del caso es que los tumores se detectaron vía una encuesta realizada por 700 voluntarios en 160 establecimientos de salud en 16 entidades federativas.

La muestra alcanzó a 6 mil 700 usuarios.

El común denominador apunta a unidades ubicadas en zonas de rezago social.

Los datos contrastan con las mediciones oficiales. Por ejemplo, según ellas el promedio de espera para recibir consultas en áreas de elevada pobreza es de 22 minutos para las ubicadas en el medio urbano y 28 para las del rural. Sin embargo, la muestra habla de un promedio de una hora y 32 minutos.

Más pobres, menos atención médica.

Y aún hay más.

Balance general. Reducida por la calificadora Moody’s la calidad crediticia de Petróleos Mexicanos, con amenaza de repetir la acción en las próximas semanas, el resultado práctico de la medida apunta a encarecer la posibilidad de nuevas emisiones de deuda de la petrolera, por más que en el centro de ellas se ubica el aval del gobierno federal.

La empresa productiva de Estado es castigada, justo, por su sobrendeudamiento, cuyo monto escala ya a un billón 450 mil millones de pesos. Los focos de alerta de la calificadora de Estados Unidos se encendieron ante el hecho de que la firma incrementó su deuda en los últimos 12 meses con 28 mil millones de dólares, de los cuales 21 mil corresponden a este año.

En la paradoja de la temporada, justo cuando se merman peligrosamente sus ingresos ante la caída en la plataforma de producción y del precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo, la empresa lleva al infinito sus deudas.

¿Le apostará a la quiebra?

Sigue el balconeo. Firme el dedo en el renglón de la mano anónima que mece la cuna en el balconeo de conversaciones telefónicas peligrosas de directivos de OHL, la última colocada en escena pone en entredicho al director general de Pemex, Emilio Lozoya, y en menor medida al de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa.

La grabación ilegal de una conversación entre el presidente de la constructora, José Andrés De Oteyza y el director técnico de la firma, Jesús Torres, revela un posible tráfico de influencias para “amarrar” un contrato de 476 millones 844 mil dólares. Según la conversación, el directivo realizó llamadas previas a la fecha de la adjudicación del contrato para construir la central eléctrica Enpalme I, en Sonora, hacia uno y otro funcionario.

“Este, dice la voz atribuida a Oteyza, lo arreglé ya con Lozoya y directamente con Ochoa…”

Proyectos Juveniles. En su defensa frente a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la empresa Proyectos Juveniles a la que contrató el Partido Verde Ecologista para expedir tarjetas de descuento con diversos comercios, señala que solo se incluyó el logotipo del organismo político con fines publicitarios.

En las entrelineas, pues, la gente, es decir posibles electores, recibieron la tarjeta no como un regalo del partido sino solo como recordatorio de la existencia de éste.

El contrato, señala la firma, fue liquidado con recursos ordinarios debidamente reportados y comprobados ante el Instituto Nacional Electoral.

El problema es que no fue la firma sino el partido quien distribuyó las tarjetas… con remitente a ciudadanos en edad de votar, cuyos datos aparentemente se extrajeron del padrón electoral.

Proyectos Juveniles dice que el 3 de marzo de este año obtuvo su alta en el Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral.

El asunto, como usted sabe, tiene de espaldas a la pared al exsubsecretario de Prevención del Delito de Gobernación, Arturo Escobar.

Cuarto para las 12. A unas horas de que el presidente Enrique Peña Nieto viaje a París para asistir a la Conferencia Mundial del Clima, el Senado descongeló la minuta enviada por la Cámara de Diputados en relación con la Ley de Transición Energética.

Anoche se aprobó el dictamen que discutirá el pleno.

El problema es que en el largo paréntesis se aflojó el cabildeo de los sectores productivos que podrían resultar afectados de no obtener certificados de energía limpia.

Las multas son cuantiosas.

La propuesta de la Concamin y la Cámara Nacional del Hierro y el Acero habla de que se consideran al gas natural como combustible de bajas emisiones.

albertobarrancochavarria0@gmail.com