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E l 6 y 7 de abril de 2016, una representación del Estado mexicano acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para participar en su 157º periodo de sesiones. En esta ocasión, México se hizo representar por una delegación de alto nivel, integrada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), por el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), y por el suscrito.
La nutrida delegación del Estado incluyó además a funcionarios de distintas dependencias, que respondieron cabalmente a los cuestionamientos que fueron formulados en las audiencias y reuniones con el órgano interamericano.
La participación de México en este periodo de sesiones ilustró la seriedad que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto otorga al trabajo con la CIDH y con su función de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el continente.
No hay duda que son muy pocos los Estados que, como México, dan ese grado de importancia al fortalecimiento del diálogo franco y abierto con los mecanismos internacionales de derechos humanos y al reconocimiento de su labor. Recordemos tan sólo que en lo que va de la presente administración, se han recibido diez visitas de instancias internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo de la propia CIDH y del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A esas visitas deberán sumarse cinco más previstas para 2016, como son las de los relatores de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos y sobre el Derecho al Agua y al Saneamiento, la del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —que celebrará su 55º periodo extraordinario de sesiones en agosto próximo— y la del Subcomité de Prevención de la Tortura.
En ese marco de cooperación y apertura, el espacio ante la CIDH la semana pasada permitió reconocer expresamente los retos que enfrentamos en distintas materias y destacar las acciones en marcha para atenderlos.
En la audiencia sobre la situación general de los derechos humanos, el suscrito enfatizó las numerosas coincidencias con las recomendaciones que formuló la CIDH en su más reciente informe, en temas como la seguridad ciudadana, el combate a la desaparición de personas y a la tortura, el acceso a la justicia y la atención a grupos vulnerables. Por su parte, en la audiencia sobre el sistema penitenciario, se ofreció información precisa sobre las acciones para el mejoramiento de la situación de las personas privadas de la libertad en el país, identificando retos, y destacando cómo las acciones han permitido reducir problemas de sobrepoblación y malos tratos. En sentido similar, la audiencia sobre desaparición de niños, niñas y adolescentes (NNA), permitió exponer las acciones para la implementación de la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (LGDNNA), y destacar compromisos concretos para visibilizar mejor la problemática y fortalecer iniciativas legislativas y protocolos de actuación que redunden en una atención efectiva a toda desaparición de estos grupos vulnerables. Finalmente, la audiencia sobre acceso a la información y libertad de expresión, ofreció un espacio no sólo para reconocer desafíos, sino también para enfatizar la importancia del papel que juegan los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas, así como las acciones en marcha para su protección efectiva.
En cuanto al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), durante la sesión de la CIDH se destacó la gran labor de acompañamiento técnico de los cinco expertos designados por la CIDH, el valor de sus recomendaciones y cómo éstas han sido continuamente incorporadas en las investigaciones a cargo de la PGR. A pocos días de la conclusión de su mandato el próximo 30 de abril, las recomendaciones finales que formulará el GIEI serán objeto de un seguimiento puntual, además que fortalecerán las acciones del Estado para continuar atendiendo el que es quizá el caso más complejo y doloroso de la historia reciente de nuestro país.
En síntesis, la participación de México en el periodo de sesiones de la CIDH permitió reafirmar la riqueza de la relación entre México y el órgano interamericano, e hizo patente el compromiso del gobierno de la República para continuar trabajando y generando las condiciones que aseguren a todas las personas el goce de sus derechos humanos, así como la obligación de todas las autoridades de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, como lo mandata el Artículo 1º de nuestra Carta Magna.
Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Secretaría de Relaciones Exteriores
