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Para lograr la calidad en los servicios de los profesionales del Derecho resulta fundamental contar con mecanismos que garanticen un ejercicio libre, independiente y ético de la profesión, que fomenten un compromiso social del gremio y que exijan una formación profesional de calidad.
Respecto a la formación profesional de los abogados, mucho se ha dicho sobre la necesidad de mejorar la calidad de los programas de licenciatura en Derecho y de hacer más estrictas las autorizaciones y los controles para las instituciones educativas que ofrecen estos programas. Definitivamente este es un paso indispensable si queremos contar con abogados mejor preparados.
Sin embargo, una transformación de la educación jurídica no logrará su objetivo si no visualiza el proceso de formación profesional de un abogado como un continuo educativo, que no inicia ni concluye con la licenciatura en Derecho.
El continuo formativo de un abogado se conforma por distintos procesos educativos dependiendo del grado de avance en la formación y en el ejercicio profesional, que incluye: la formación previa a la licenciatura en Derecho; la licenciatura en Derecho; el inicio del ejercicio profesional supervisado; el posgrado; la educación continua; el ejercicio profesional avanzado o especializado; y el autoaprendizaje. Para cada etapa es necesario definir qué tipo de conocimientos, habilidades y actitudes deben adquirir los abogados o futuros abogados, así como los procesos para evaluarla.
En México se ha discutido durante varios años si la colegiación y la certificación obligatorias son los medios adecuados para fortalecer el continuo formativo de los abogados y, en general, garantizar la calidad de los servicios de los profesionales del Derecho. Aunque hay estudios serios sobre su impacto positivo y propuestas concretas para su implementación, persisten voces críticas que cuestionan su viabilidad en nuestro contexto y frenan dicha implementación.
Seguir esperando hasta tener un modelo perfecto con el que todo el mundo esté de acuerdo resulta una utopía. Es necesario implementar en el corto plazo el mejor modelo posible por el momento. Menciono dos motivos de esta urgencia.
El primero es el número cada vez mayor de abogados que ingresan al mercado laboral sin un requisito de formación o actualización constante. Para darnos una idea de la dimensión, desde el 2010 a la fecha se han expedido más cédulas profesionales a licenciados en Derecho que durante todo el Siglo XX. Estos nuevos abogados se forman bajo programas educativos muy diversos en estructura y calidad y no requieren ningún requisito adicional para poder ejercer la profesión durante toda su vida en cualquier parte del país.
El segundo motivo es la importancia de pasar a un siguiente nivel de discusión que aporte herramientas para enfrentar los retos que la profesión jurídica está por enfrentar. Se requiere analizar cómo impactará en el ejercicio del Derecho las nuevas formas de organización de los despachos, los nuevos modelos de cobro a los clientes, la globalización, la tecnología, la apertura de mercados en bienes y servicios, entre otros.
En mi opinión resulta mucho más costoso para la sociedad y para el mismo gremio no contar con mecanismos que permitan el ejercicio profesional de calidad, libre, independiente y ético de los abogados por seguir buscando el mecanismo ideal, que adoptar la colegiación y certificación obligatorias, monitoreando estrechamente su implementación para proponer ajustes cuando se requieran.
Director general del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho
(www.ceead.org.mx)
