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¿Combate a la pobreza o a la desigualdad?

Pablo Álvarez Icaza Longoria

Se ha protagonizado un interesante debate sobre cuál debe ser el énfasis de la política económica y de las políticas públicas en los dos últimos meses entre Gerardo Esquivel, articulista de El Universal, y Luis Rubio de Reforma. Rubio argumentó que el principal problema del país es la pobreza y no la desigualdad; Esquivel respondió que en la medida en que no ataquemos de fondo la desigualdad no podremos avanzar en el combate a la pobreza.

En realidad la polémica de fondo no es sobre si estos dos fenómenos se contraponen, en agosto pasado expliqué que están fuertemente interrelacionados en México, a propósito de la difusión de las cifras de pobreza y distribución del ingreso del 2014; sino más bien sobre las propuestas de política que sugieren.

Por un lado se propone que debe de aplicarse una política fiscal redistributiva, fijarse un mayor impuesto (Tobin) a las operaciones bursátiles y financieras, e incrementarse el salario mínimo, entre otras medidas, es decir, deben implementarse mayores regulaciones o quitarse las trabas en el caso del salario mínimo, que se ha utilizado como un ancla antiinflacionaria y que ha llevado a México a un crecimiento desigual.

En contrapartida, se señala que la política fiscal que incrementa el impuesto sobre la renta a los niveles de mayores ingresos es contraproducente, porque reduce el ahorro y la inversión (se mata la gallina de los huevos de oro), y que debiera igualarse el IVA en medicinas y alimentos, lo que mejoraría la eficiencia tributaria, se gravaría el consumo y no a la inversión, pero que ello no se ha implementado por los costos políticos que implica. Elevar el salario mínimo sería inflacionario, y que primero debería incrementarse la productividad con una reforma educativa y con una política de gasto más eficiente, además se pide eliminar los subsidios innecesarios más vinculados al clientelismo y asistencialismo.

Esto es, mientras que una posición insiste en que México no ha logrado desarrollarse, porque no se ha liberado de la herencia de un estado interventor que no ha dejado que las reformas estructurales prosperen o que continúen; la otra indica que si bien no se debe regresar a la época de un estado propietario, es necesario que se establezcan regulaciones considerando que las distorsiones del mercado, las grandes corporaciones y los grupos oligárquicos de poder, han impuesto un modelo de crecimiento desigual que ha impedido el desarrollo del país y ocasionado un nulo avance en el bienestar. La pobreza por ingreso en 1992 es prácticamente la misma que la registrada en 2014.

Los Papeles de Panamá han revelado la corrupción que subyace a las operaciones encubiertas que implica en envío de recursos al exterior, como resultado de desvío de recursos o evasión de impuestos, así como el creciente lavado de dinero ante la complacencia y/o incapacidad de las autoridades mexicanas para frenarlo.

Sin embargo, la pregunta que nos hacemos es si la carencia de regulaciones al movimiento de capitales, se debe a que los grupos de poder político y económico en realidad controlan al Estado de tal manera que la mayoría de los mexicanos no creemos que el SAT sancionará algún posible delito por las operaciones offshore exhibidas desde el domingo 3 de abril. La autoridad fiscal aclaró de entrada que si los inversionistas pagaron sus impuestos y reportaron los montos, éstas no tendrían ser ilegales, lo que sonó a una exoneración por adelantado.

¿Por qué los Papeles de Panamá resultan tan escandalosos para la opinión pública? Por un problema ético, ya que mientras más de 55 millones de mexicana/os viven en situación de pobreza como resultado en gran medida de los bajos ingresos que perciben, vemos que personalidades del mundo empresarial, la política, los espectáculos, los deportes, etc. depositan parte de sus fortunas en el extranjero para proteger sus inversiones de una devaluación, de pago de impuestos o de alguna confiscación por parte de alguna autoridad.

Sospecho que las operaciones offshore se intensificaron desde que comenzó el proceso devaluatorio en el segundo semestre de 2014. Tengo la hipótesis de que podrían explicar una parte importante de los montos de errores y omisiones registrados los últimos años. Cuantificar el total de estas transacciones, ya que los de la firma panameña es una de las muchas que existen, abre la pregunta de si realmente se quiere y puede regular estas operaciones.

Maestro en economía

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