Imaginemos por un momento la situación por la que pasan aquellos niños, niñas y adolescentes cuyos derechos son violentados. Por ejemplo, aquellos que viven en condiciones de pobreza extrema, que no pueden ir a la escuela, que trabajan desde temprana edad o que sufren algún tipo de maltrato o abandono ¿a quién acuden? ¿En quién confían? ¿Con qué mecanismos cuentan para la prevención y la atención integral de sus derechos?

Imaginemos el temor, la frustración y el impacto que situaciones de este tipo tienen en el desarrollo presente y futuro de la niñez y la juventud en México. Imaginemos también el impacto que tienen en la sociedad y en el progreso del país en general.

Diariamente, miles de niños, niñas y adolescentes enfrentan circunstancias que los ponen en riesgo. Sin embargo, México ya cuenta con una Ley General Sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que está vigente en el país y cuenta con carácter preferente desde diciembre del 2014.

Los niños, niñas y adolescentes también cuentan ya con diversos recursos que servirán para garantizar el respeto y el ejercicio pleno de sus derechos, así como su restitución si son violentados. Ejemplo de estos mecanismos es la Procuraduría de Protección, la cual entra en acción si un niño o niña sufre algún tipo de maltrato o abandono con el objetivo de que regrese a una vida plena en la que todos sus derechos sean respetados.

Otro instrumento clave de garantía de los derechos de la infancia y juventud, es el nuevo Sistema Nacional de Protección para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, el cual fue presentado por el Presidente de la República en diciembre del 2015 y permitirá gestionar de manera coordinada los recursos y los esfuerzos multisectoriales.

Este Sistema, el cual está siendo rápidamente articulado a nivel estatal y municipal, permitirá sentar las bases para que los más de 43 millones de niños, niñas y adolescentes en México tengan una vida plena, brindándoles un marco de justicia y equidad, y articulando el rol de las instituciones públicas para lograr que este avance, se traduzca en una política armonizada a nivel nacional, estatal y municipal.

El Sistema es un órgano que depende directamente del Presidente a nivel nacional, del Gobernador a nivel estatal, y del Alcalde a nivel municipal. Sin embargo, impulsar este sistema es responsabilidad de todas las instancias, sectores y órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil y la ciudadanía.

Para liderar la coordinación de los esfuerzos y la articulación de políticas, se ha establecido una Secretaría Ejecutiva a nivel federal, la cual consecuentemente tendrá que ser replicada a nivel estatal y municipal. Esta Secretaría asumirá el rol de elaboración de Planes Estatales o Municipales según corresponda, y de desarrollar los Sistemas de Información, destinando todos los recursos necesarios para su operación.

En UNICEF hemos seguido de manera muy cercana la creación y la armonización de la Ley General en el país y hemos visto con especial emoción la rápida armonización que se ha llevado a cabo en los 32 estados que ya cuentan con una Ley local; un récord y un parteaguas en materia de legislación en el país.

Tenemos la certeza de que el compromiso demostrado por las autoridades con la armonización de la Ley, llevará también a la rápida creación de los 32 Sistemas Estatales y los 2,445 Sistemas Municipales, respondiendo a los plazos establecidos por la Ley General y las leyes locales. Para lograrlo, es fundamental una distribución adecuada de los recursos públicos, lo que permita tener mejores resultados y mayores impactos en el bienestar de la niñez y la adolescencia en México.

La infancia representa el 35% de la población mexicana, y merece una inversión proporcional; el presupuesto que le corresponde. Está comprobado que la inversión en la infancia y la juventud es la mejor inversión que puede hacer un país; y es estratégica, porque los recursos que se dejan de distribuir en ellos y ellas hoy, supone mayores costos sociales, políticos y económicos el día de mañana.

Por eso es tan importante que los mecanismos del Sistema se repliquen en todas las entidades federativas y municipios del país, y que se cuente con el respaldo de todas las y los Gobernadores y Presidentes Municipales, los mejores aliados de la infancia para velar por que esta Ley General, así como el Sistema de Protección Integral para la niñez y la adolescencia, lleguen al último rincón del país.

La apropiación de la Ley y el Sistema, no sólo será recordada como la etapa en la que se coordinaron los esfuerzos institucionales, será recordada como una etapa histórica para la infancia en México. Una etapa que coloca a los niños, niñas y adolescentes como un asunto prioritario en la agenda nacional, estatal y municipal; porque generar un Sistema para la Protección Integral, ha sido un reclamo histórico; un reclamo que hoy, es una realidad.

Este es un momento histórico que no tiene marcha atrás y que exige foco, concentración, voluntad, y acción. Este es un momento de transformación, de trabajo en equipo, de objetivos comunes y de esfuerzos concretos hacia la niñez y la juventud

Un momento histórico que representa una gran oportunidad para cambiar la realidad y la historia del país. Una oportunidad que no debemos dejar ir, para que la infancia y la adolescencia sea desde hoy, y para siempre, un eje rector en la agenda en México.

Por ellos y por ellas, por sus derechos y por el presente y el futuro del país.

Representante de UNICEF en México

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