Si las barbas de tu vecino ves cortar...

El proceso electoral 2016 finalmente concluyó. Entre los resultados que se pueden destacar está la alternancia en entidades donde históricamente no había sucedido, como Tamaulipas y Veracruz. Estas son entidades con una problemática de seguridad bastante compleja, al grado de que los altos índices delictivos y de violencia que ha padecido la población parecen haber jugado un rol importante para que los ciudadanos optasen por votar en contra del partido que ha gobernado por décadas. Tamaulipas y Veracruz destacan por las condiciones de inseguridad, pese a que el discurso oficial insista sobre las mejoras en esta materia. Es un hecho que las diversas realidades locales presentan una fotografía completamente diferente a la que las autoridades prefieren aducir.

Cuando se analizan los datos públicos sobre incidencia delictiva, en las estadísticas disponibles en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), podríamos tener la tentación de confirmar el discurso oficial: los delitos están bajando. Con una lectura superficial de dicha información, fácilmente podríamos aseverar que se ha generado e implementado una estrategia efectiva en materia de seguridad. No obstante, como se podrá apreciar en el estudio Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2015 (disponible en http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2016/06/REPORTE-ANUAL-2015.pdf), se requiere de un análisis más focalizado y objetivo para dar a conocer que nos resta bastante por andar para afirmar que nuestra seguridad está garantizada.

Los datos reportados en el ámbito nacional refieren que aparentemente hay una disminución de los homicidios culposos, secuestros, extorsiones, robos con violencia y de vehículos donde sobresale el descenso anual de los secuestros del fuero común de 24.52% en 2015. En este escenario exclusivamente destaca el aumento del homicidio doloso, el cual desde mediados de 2012 presentó un comportamiento a la baja y que desde inicios de 2015 tuvo un cambio en su tendencia cerrando el año con un aumento de 8.69% de las averiguaciones previas y de 7.65% de la cantidad de víctimas. Este incremento del delito que ha sido utilizado por el gobierno federal para medir los niveles de violencia en el país y la disminución en el resto de los delitos de alto impacto, inevitablemente lleva a que nos preguntemos cómo debemos interpretar dichos indicadores en relación con la realidad que cotidianamente enfrentamos.

El primer punto debe ser que para comprender lo que los ciudadanos vivimos en materia de inseguridad, los datos agregados no son suficientes: si bien el robo con violencia ha disminuido a nivel nacional, en entidades como Querétaro y Tamaulipas se reportaron aumentos en sus tasas de averiguaciones previas de 22.55% y 7.15%, sobrepasando la tasa nacional de 2015 en 25.03% y 17.47%, respectivamente. De igual manera, respecto a los secuestros del fuero común a pesar de la disminución registrada en Tamaulipas y el Estado de México de 12.21% y 7.39% en su tasa por cada 100 mil habitantes, estas continúan siendo 645.21% y 275.64% mayores que la tasa nacional.

En materia de extorsión se observa que Jalisco y Nuevo León presentaron las tasas más altas del país, superiores en 151.26 y 140% a lo registrado en el ámbito nacional, resultado de que en 2015 tuvieron aumentos de 23.68 y 33.10%. En resumen, la baja de las averiguaciones previas de delitos de manera agregada no significa necesariamente mejores condiciones de vida para los ciudadanos en el ámbito local. Desde esta perspectiva resulta más que evidente la necesidad de contar con estudios a nivel regional, estatal y municipal que permitan desagregar y comparar la información para construir una fotografía más detallada sobre lo que está sucediendo en nuestro país.

El segundo elemento a destacar es que, pese a que la autoridad insista sistemáticamente que la mayor parte de los homicidios dolosos son resultado de los enfrentamientos entre integrantes de la delincuencia organizada en la lucha por el control de ciertos territorios, ello no implica que nuestras instituciones tengan nula responsabilidad sobre lo que está pasando. El hecho de que estén aumentando este tipo de actos y que posiblemente más personas estén involucrándose en este tipo de actividad refiere un fracaso de las instituciones educativas, de salud, de desarrollo económico y social para generar oportunidades de progreso para las personas dentro de la ley. Además hay que tomar en cuenta que evidencia ciertas fallas o debilidades de las instituciones del Estado no solo para controlar los territorio que se disputan los grupos criminales, sino para garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales de la población.

Tercero, querer hablar de reducciones de los delitos en un sistema en el cual se registran determinadas conductas delictivas acorde con criterios individuales y subjetivos en lugar de cumplir con lo que dicta la ley es un tanto paradójico. Ello se debe a que son disminuciones que se derivan de importantes inconsistencias, de modificaciones de la información y debilidades de los propios procesos de sistematización y registro de las instituciones de procuración de justicia. Aunado a ello, hay que tener presente que en nuestro país, la cifra negra —constituida mayoritariamente por delitos no denunciados— alcanza 93% de todos los delitos cometidos y que hay casos en los cuales las autoridades locales deciden dejar de registrar los delitos. Por estos y otros factores, afirmar que la reducción de la incidencia delictiva y de la violencia a partir de estas cifras es querer minimizar la crisis de seguridad humana que enfrentamos en México.

Cuarto, las bajas en la incidencia de delitos en ocasiones pueden depender de cuestiones exógenas al actuar de las autoridades locales tales como cambios en la políticas nacionales o internacionales en materia de seguridad, justicia, legalidad, salud, control territorial, conflictos, desastres internacionales o movimientos mismos del mercado ilegal internacional de narcóticos, trata de personas, tráfico de armas, piratería, por citar algunos ejemplos.

Por último, centrarse en las bajas de delitos más que en el fortalecimiento de las instituciones genera incentivos perversos para que las autoridades dejen de reportar transparentemente, al mismo tiempo que se enfoca en bajas estéticas o de corto alcance que depende de la voluntad y compromiso de ciertos buenos servidores públicos y no del normal operar de las instituciones. Respecto a ello, podemos retomar dos casos emblemáticos: Baja California y Nuevo León. Estas dos entidades han sido consideradas éxitos relativos en materia de seguridad, sin embargo, en 2015 tuvieron repuntes en homicidios dolosos para el caso de Baja California e incrementos en homicidios culposos, extorsiones y robos de vehículos en Nuevo León. Lo que ha sucedido en estas entidades muestra cómo la disminución de las cifras de averiguaciones previas en años o periodos específicos, no implica que las instituciones sean más sólidas y capaces de enfrentar los retos futuros en materia de seguridad y justicia.

El próximo año Coahuila, Estado de México y Nayarit enfrentarán la renovación de sus gubernaturas, en particular para el Estado de México y Nayarit podríamos decir que “si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar”. Dicho de otra manera, para estas autoridades, urge que atiendan de fondo el tema de seguridad y justicia con el objetivo de que se implementen acciones eficaces para combatir el delito, ser transparentes, rendir cuentas y entregar instituciones sólidas que trabajen en apego a la norma. Cada una de las autoridades estatales debe tener presente que es prioritario atender estos rubros si pretenden continuar gobernando.

Esto es fundamental porque la crisis de seguridad es una realidad en dichas entidades federativas. Por ejemplo, en relación con la situación del Estado de México, ya he expuesto una parte importante de los graves problemas que enfrenta en materia de incidencia delictiva; que es una entidad en donde se denuncian apenas 7 de cada 100 delitos.

Por su parte, Nayarit es una entidad con autoridades opacas que no responden a solicitudes de transparencia ni rinden cuentas a la sociedad; una entidad que en poco menos de tres años pasó de ser una de las más violentas a ser una con los menores índices delictivos del país; una entidad en donde no se identifican políticas sociales, educativas, económicas, de seguridad, capaces de transformar en tan poco tiempo la realidad social estatal.

Los cambios de gobierno generan retos en relación con las condiciones de seguridad de una entidad. Por un lado, implican cambios en mandos de las instituciones de seguridad estatales que conllevan nuevas estrategias y políticas. Sin duda, estas parten idealmente de un diagnóstico que, en teoría, debería priorizar acciones que beneficien  a la población y no posponer la resolución de este problema o bien, delegar estas tareas a la Federación. Por esta razón no se debe descartar un recrudecimiento de la incidencia de estos delitos en Tamaulipas y Veracruz durante este año, así como en el Estado de México y Nayarit en 2017.

Invito a las autoridades entrantes y a las salientes a revisar con detalle los diagnósticos que existen respecto a la incidencia delictiva y la calidad institucional, esto con la finalidad de llevar a cabo los ajustes necesarios con miras a mejorar las políticas de seguridad y justicia en el ámbito local. Únicamente de esta manera podríamos afirmar que existe un verdadero compromiso de nuestros funcionarios para garantizar la seguridad de sus gobernados —y dicho sea de paso, sus votantes. Por lo tanto, creo que es pertinente recordar una de las frases de mi mi abuela “si no lo hacen porque es lo justo, por lo menos háganlo porque les conviene”.

Director del Observatorio Nacional Ciudadano.

@frarivasCoL