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Nuevamente, la Secretaría de Gobernación (Segob) envió al Senado y compartió con algunas organizaciones de la sociedad civil, su análisis anual acerca de la incidencia delictiva en México. A través de una carta y una breve presentación de power point, dicha institución trata de mostrar que las condiciones del país en materia de seguridad han mejorado en los últimos 3 años, es decir, desde la entrada en funciones de la actual administración federal. Con dicha perspectiva, en el documento se hace referencia a varios avances en materia de seguridad y en particular se destaca lo siguiente:
a. La incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes reportada durante 2015, es la más baja desde que se comenzó a registrar dicha estadística en 1997 y que esta refleja una reducción de 15% respecto a 2012.
b. Los delitos que más afectan a la sociedad han presentado una disminución sostenida desde 2013. Entre 2012 y 2015, el secuestro se redujo en 26%, las extorsiones en 31% y el robo de vehículos en 25%.
c. Si bien en algunas zonas específicas del país se registró un incremento de la tasa de homicidio doloso durante el último año, a nivel nacional persiste la disminución de este ilícito de 22% respecto a 2012.
Por sí mismo, los argumentos suenan como una serie de logros importantes de la administración federal. Sin embargo, dicha información tiene que ser analizada con mayor atención dada la situación por la cual atraviesa el país y porque se trata de la pérdida o trastocamiento de vidas humanas. Precisamente, a partir de una revisión más detallada podemos destacar que:
1. Si bien el dato que habla de una disminución sobre la incidencia delictiva proviene de lo que directamente le informan las instituciones de procuración de justicia al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este no refleja adecuadamente las condiciones en las que vivimos. Ello se debe a que si se analiza el fenómeno a partir de estadísticas agregadas, no es posible identificar las causas del descenso y si efectivamente están reduciéndose los delitos que más afectan a la población. Esta situación no representa algo menor pues implica la carencia de los insumos necesarios para políticas públicas eficientes y eficaces en la materia, ya sea para su diseño o corrección.
2. Cabe destacar como lo hemos hecho en varias ocasiones, que continúa subsistiendo una debilidad importante respecto a los procesos de recopilación y sistematización de la información sobre incidencia delictiva de las instituciones de procuración de justicia. Justamente debido a ello, tampoco podemos afirmar que los datos del SESNSP correspondan al número de delitos denunciados ante la autoridad.
Paralelamente, al analizar este punto, se omite reconocer la gran cantidad de delitos no denunciados y en los cuales no se inició una averiguación previa o carpeta de investigación, es decir, se omite reconocer la cifra negra. Dicha cantidad de ilícitos no es nada despreciable, como lo indican los datos que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) pues en 2014, el 93% de los delitos cometidos en el país no se denunciaron. Es importante enfatizar que aproximadamente la cifra negra se ha mantenido en esos niveles y prueba de ello es que entre 2012 y 2013 tuvo crecimiento sostenido y, posteriormente, tuvo un descenso marginal en 2014.
3. En el análisis que realiza la institución federal sobre la incidencia de homicidios, se descarta los datos del SESNSP que dan cuenta del aumento de un 7.5% de este delito durante 2015 y en su lugar optan por hacer uso de los registros administrativos publicados en el INEGI referentes a los índices de 2014. Aunado a ello, en el documento oficial se aprecia que únicamente utilizan los datos del SESNSP para dar a conocer que hubo un descenso de 22% de este ilícito entre 2012 y 2015, omitiendo cualquier alusión a su incremento.
4. Otra imprecisión metodológica de la Segob en el documento en cuestión es que para el análisis que realizan sobre la incidencia de homicidios a nivel estatal, regional y de determinadas ciudades utilizan una tercera fuente de información: la base de datos sobre homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada. Dicha fuente ha sido tema de controversia desde la administración del ex presidente Calderón, ya que implica cierta subjetividad en el análisis y se anticipa a una investigación ministerial que debería esclarecer la certeza de que cierto homicidio esté o no vinculado a la criminalidad organizada. Por esa razón, la administración del exmandatario interrumpió la presentación y publicación de este dato.
Con el inicio de la administración del presidente Peña Nieto se revivió este mecanismo de análisis con una agravante, la base dejó de ser pública y debidamente desglosada. Debido a esta cuestión, varias organizaciones sociales protestamos y acordamos con la Secretaría de Gobernación que ésta dejase de ser utilizada no sólo como insumo de comunicados de prensa sino como indicador de resultados. No obstante, a pesar del acuerdo entre SEGOB y la sociedad civil presentado a medios de comunicación en 2013, ha habido un incumplimiento constante de la autoridad que, como en este caso, usa una base de datos opaca e imprecisa.
5. Si bien son correctos los porcentajes de disminución de robo de vehículos, secuestro y extorsión con base en información del SESNSP, los periodos de tiempo que utilizan para mostrar dichas tasas de variación son seleccionados ad hoc: comparan los índices registrados entre 2014 y 2013, así como entre 2015 y 2012. Esto significa que nuestras autoridades convenientemente buscan entre qué periodo hubo un disminución mayor al compara las tasas correspondientes.
6. El gobierno federal omite señalar que parte del gran descenso en la incidencia de la extorsión tiene que ver con un cambio en la metodología de registro, que los eventos de amenazas y engaños han aumentado (aunque haya disminuido el número de delitos consumados) y que carecemos de fuentes claras para medir la extorsión presencial.
En resumen, cuando la Segob aparentemente muestra un esfuerzo por ser transparente y rendir cuentas lo que hace es utilizar tres fuentes distintas sin explicación del por qué y a evidente conveniencia para forzar los avances; omite deliberadamente el crecimiento de los homicidios entre 2014 y 2015; para mostrar una mayor efectividad en la disminución de algunos delitos utiliza tasas y para otros números absolutos; compara las tasas de ciudades extranjeras con la del país y no con realidades como las de Acapulco, Iguala o Chilpancingo; utiliza periodos de tiempo ad hoc para buscar el descenso más grande. Asimismo la institución federal no explica cómo lograron los “resultados” que presumen y su aproximación al problema de seguridad evidencia que no entienden la importancia de lo local y que se trata una seria crisis que nos afecta a todos. Festejan los triunfos de los datos totales sin entender que los problemas siguen a nivel local y que cada vez hay casos más graves.
¡Qué lejos estamos de un verdadero proceso de rendición de cuentas a la sociedad! ¡Qué lejos estamos de un México en paz! ¿Realmente nuestras autoridades creen que mandar un documento impreciso queriendo presumir resultados es rendición de cuentas? ¿Quiénes son los asesores en materia de seguridad del Secretario Miguel Ángel Osorio Chong que exponen así a su jefe, a la Secretaría y a toda la administración federal? ¿Por qué nadie les ha explicado que un ejercicio como el anterior debilita la confianza en las instituciones pues no solo la cotidianeidad sino los propios datos oficiales dan cuenta de otra realidad?
Tres años al frente de la Segob no han sido suficientes para aclarar conceptos básicos: no es lo mismo violencia que inseguridad que incidencia delictiva. Adicionalmente, la federación asume resultados y retrocesos sobre el combate a delitos que son responsabilidad principal de las autoridades locales como lo es el robo en sus distintas modalidades y donde la función de los funcionarios federales versa alrededor de la manera en que se reparten los recursos, la verificación de efectiva implementación y con la rectoría o dirección de políticas nacionales que coadyuvan a la labor de las autoridades locales.
Sí hay una buena práctica que la autoridad federal puede presumir y de la cual aprender: la Coordinación Nacional Antisecuestro. Tras el gravísimo caso de aumento del secuestro en 2013, que llegó a su máximo histórico, la federación puso en marcha un proyecto fundamental: vigilar que las entidades federativas destinen los recursos en esta materia a lo que corresponde; que se homologue el nivel de actuación, capacitación e insumos en el ámbito local; que exista colaboración y coordinación entre autoridades. Además hay que destacar que en este proyecto ha sido clave e impecable la designación de sus titulares, antes Renato Sales y actualmente, Patricia Bugarín.
Secretario Osorio Chong, desde el Observatorio Nacional Ciudadano una y otra vez hemos demostrado como ciertas declaraciones que usted ha hecho carecen de fundamento. Entendemos que a usted le proporcionan dicha información y que en esta se sustenta su narrativa, por esta razón le ofrezco con gusto nuestro apoyo para revisar documentos y declaraciones que si continúan siendo imprecisas incrementará la desconfianza y abonará a la confusión entre la ciudadanía. Nuestro interés es el suyo: que México sea un país de leyes, que sea un país en el cual las autoridades son transparentes y rinden cuentas, un país en el cual las personas viven seguras y tiene acceso a la justicia. Señor Secretario deje que le regalemos esto al país, deje que lo ayudemos a informar objetivamente sobre la crisis de seguridad humana que enfrentamos.
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
@frarivasCoL
