¿Quién cuida nuestros datos?

Editorial EL UNIVERSAL

Preocupa que el interés por la protección de datos personales no sea uniforme. Sólo 12 de 32 entidades homologaron leyes locales con la normatividad federal

La experiencia de amanecer un día con el doble de deudas de las habituales no debe ser nada gratificante, y menos si es otra persona la que está disfrutando de los beneficios del dinero gastado. Casos de ese tipo han ido en aumento en el país por el tráfico de datos personales. El robo y la suplantación de identidad se dan con más frecuencia de lo que se cree, a pesar de las posibilidades que puede otorgar la tecnología para evitar esa clase de ilícitos.

Todos los días en actividades cotidianas, desde inscribirse a un curso escolar o incluso en una consulta médica, se entregan datos personales que luego corren el riesgo de ser utilizados para obtener, con engaños, información más delicada como cuentas bancarias y sus claves de acceso. Es cierto que en muchas ocasiones la ignorancia o ingenuidad de la víctima influye para que se cometa el delito, pero en otras tantas situaciones es una dependencia oficial la principal responsable.

EL UNIVERSAL publica hoy dos informaciones que por sí solas describen el problema. Por un lado la Secretaría de Relaciones Exteriores reportó la pérdida de papelería para elaborar al menos 200 pasaportes. Por el otro, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales reconoce un incremento de 45% de 2016 a lo que va de 2017 en los casos de robo de identidad, en varios de los cuales están involucrados trabajadores del Instituto Nacional Electoral e incluso sus familiares.

El riesgo de que los documentos caigan en manos de criminales es más que manifiesto. El descuido –o la intencionalidad clara– de personal de dependencias oficiales para contribuir al incremento del robo de identidad tiene que investigarse y la autoridad debe informar de los resultados.

También preocupa que el interés por la protección de datos personales no sea uniforme. El miércoles pasado terminó el plazo de seis meses para armonizar las leyes locales con la Ley General de Protección de Datos Personales y sólo 12 de 32 entidades cumplieron con ese requisito. Aunque la misma normatividad prevé que si la ley estatal no fue homologada, de manera automática entran en vigor los preceptos federales, el hecho de no impulsar una ley local en la materia demuestra el desdén hacia un tema de vital importancia para la población en general.

Aunque seguramente el robo de identidad no desaparecerá, es importante que desde oficinas gubernamentales exista disposición por tratar de contener el problema. Si se le minimiza, se corre el riesgo de que en el corto plazo nos veamos rebasados por un fenómeno que pudo haber sido contenido a tiempo.

 

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