En junio de 1971 el gobierno estadounidense, encabezado entonces por Richard Nixon, declaró al consumo de drogas el “enemigo público número uno” por lo que, para derrotarlo, llamó a iniciar una ofensiva. Desde esa fecha, parece que en lugar de apagarse el fuego, se avivó la llama. Hoy en día es un problema de alcance mundial y a lo largo de estas últimas décadas varios países han tenido que enfrentar también las disputas de las bandas criminales. Perú, Colombia y México —en América Latina— son las naciones que más han sufrido este tipo de violencia.

Luego de casi medio siglo de enfrentar el problema desde un punto de vista delictivo, el mundo ha comenzado a reconocer que puede haber otro camino. Este año Naciones Unidas determinó cambiar de paradigma y dejar atrás políticas prohibicionistas para privilegiar la atención del problema como un tema de salud pública “que atienda sus causas y establezca políticas para recuperar comunidades golpeadas por el crimen organizado”.

México apoya esta línea pero apenas de manera incipiente. Mientras el país se aferra todavía a la estrategia de confrontación, en Estados Unidos hay estados en los cuales es legal el consumo recreativo de marihuana y en casi la mitad es legal su uso medicinal. Aquí la iniciativa para regular el uso medicinal de la cannabis se ha atorado en el Senado y ha quedado entrampada en disputas políticas. Aún existe una posibilidad de que pueda ser aprobada esta semana.

Además de resultados cuestionables, enfrentar al narcotráfico ha significado una sangría económica para el país. EL UNIVERSAL publica hoy que a México una década de guerra frontal a los cárteles de la droga le ha representado un costo superior al billón de pesos; unos 110 mil millones de pesos anuales en promedio .

Empujado al combate de los cárteles debido una deficiente capacidad de respuesta de corporaciones estatales y municipales, en esta década poco se ha hecho para fortalecerlas, lo que complica dejar la política de ofensiva al narco.

Seguramente todavía pasará tiempo antes de que México y el mundo adopten de manera general y decidida un enfoque de salud pública ante el consumo de drogas. Lo que ya es consenso es que la actual política no ha dado el resultado previsto. En el país dicha estrategia ha prevalecido sin que haya datos públicos de una evaluación oficial o diagnósticos integrales de las zonas mayormente afectadas por el fenómeno del narcotráfico.

En las regiones afectadas por el fenómeno del narcotráfico la recomposición social debe ser prioridad. Es hora de que comience a reconsiderarse el destino de los recursos; en lugar de reacción, privilegiar la prevención y la atención a adictos. Es una ruta a la cual se le debe dar una oportunidad.

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