Fiscalía: nueva oportunidad

En el largo camino que el país recorre hacia un Estado de Derecho pleno, parte central será la creación de una Fiscalía General de la República. Desde febrero de 2014 se planteó transformar a la actual PGR para dar paso a un nuevo órgano con autonomía, cuyo titular tendría una duración transexenal (nueve años), lo que le permitiría no deber favores al gobierno en turno y eliminar así cualquier suspicacia sobre actuaciones parciales.

Y precisamente para evitar suspicacias, el Ejecutivo federal envió ayer una iniciativa para modificar el artículo 16 transitorio de la reforma constitucional de 2014, que establece que el procurador en funciones asuma en automático como fiscal general en el momento que el Congreso emitiera la declaratoria de que ese nuevo organismo entra en funciones. ¿Qué garantía de independencia tendría el fiscal de la nación si su nombramiento no resultó de una auscultación entre figuras destacadas del ámbito jurídico? Voces de partidos políticos y de la sociedad civil se habían manifestado en ese sentido.

La propuesta del Ejecutivo confiere al Senado la facultad de emitir una convocatoria para elegir al nuevo fiscal general. Los tiempos ahora corresponden a la Cámara Alta, pues deberá definir el momento de aprobación de la Ley Orgánica que dará nacimiento al nuevo órgano.

En el Senado PAN y PRD presentaron también iniciativas para reformar la designación del fiscal general. Con varias propuestas por discutir, lo deseable es que el proceso no detenga su marcha ni caiga en un impasse por diferencias partidistas. El tema principal parece zanjado —que el actual procurador no se convierta en fiscal de manera automática—, por lo que debe ser prioritario definir método y fechas del proceso de selección.

La oportunidad está sobre la mesa. El Ejecutivo hizo su parte al escuchar la demanda de la sociedad civil y al Legislativo le tocará transparentar en todo momento el proceso, para lo cual tendría que hacerse acompañar de universidades, barras de abogados y expertos, para que no asome la desconfianza al momento de la designación.

La iniciativa presidencial viene a despresurizar un tema que comenzaba a politizarse. La fiscalía general tiene la encomienda de devolver a este país la confianza en la impartición de justicia, en que todas las investigaciones estarán apegadas a Derecho y que ante la ley todos somos iguales. A partir de que comience a operar, los casos de impunidad y de falta de acciones deben ser menores. De ese tamaño será la tarea para quien asuma la fiscalía.