El pasado lunes 13 de junio, dos días después de la masacre de 49 personas en un club nocturno gay en la ciudad de Orlando, Florida, considerada el ataque más mortífero ocurrido en EU después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el presidente Barack Obama llamó al pueblo estadounidense a decidir si ése es “el tipo de país en el que queremos vivir”.

Obama hacía referencia a la serie de masacres que han ocurrido en los últimos años en distintas ciudades de Estados Unidos, que en gran medida fueron posibles gracias a la enorme facilidad para adquirir armas de fuego en esa nación.

Según el Departamento de Justicia y el Consejo de Relaciones Exteriores de EU, entre 2001 y 2011 los incidentes relacionados con armas de fuego dejaron 40 veces más muertos que los ataques calificados por las autoridades de terroristas.

Es gracias a la laxitud de las leyes que cualquier ciudadano de EU pueda hacerse de casi todo tipo de armas. La Segunda Enmienda de la Constitución del país vecino le da derecho a cada estadounidense mayor de 21 años a comprar un arma de fuego. Como consecuencia, se calcula que existen 270 millones de armas en posesión de civiles, lo que convierte a EU en el país con más armas por habitante. Pero no sólo eso, personas con antecedentes de violencia doméstica, drogadicción o de otro tipo pueden acceder a ellas de manera fácil y rápida.

Pese a que el debate sobre una regulación más estricta de la venta de armas vuelve a Estados Unidos con cada matanza; y a que desde que asumió la Presidencia en 2009 Obama se ha presentado ante las cámaras legislativas más de una decena de veces a hacer exhortaciones sobre el tema con miras a impulsar una mayor regulación, ninguna legislación ha prosperado.

Justo tras la matanza de San Bernardino, en diciembre de 2015 con saldo de 14 víctimas, el presidente Obama intentó endurecer en el Congreso el control de la venta de armas, pero los republicanos, cercanos a la Asociación Nacional del Rifle —uno de los lobbies más poderosos del país y férreos defensores de esta industria— lo impidieron. Ante ésto, Obama impuso algunas regulaciones mediante mandato presidencial —como mayores controles en ferias de armas y a la venta por internet—, pero de alcance muy limitado.

Con datos como que 57% de los estadounidenses está a favor de prohibir la venta de armas de asalto, según una encuesta de CBS News, y luego de la masacre de Orlando y de la larga lista de eventos similares ocurridos en años recientes en EU, se hace inevitable poner candados a la venta indiscriminada que hoy existe en el vecino país, cuyos efectos adversos alcanzan incluso a México en el contexto de la lucha contra el crimen. Es urgente que la clase política estadounidense tome cartas en el asunto, y enfrente cualquier interés que se oponga a la necesaria y responsable regulación de las armas. La seguridad y vida de las personas dependen de ello.

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