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En México todas las instituciones del sector financiero están obligadas a reportar ante la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las operaciones que realizan los bancos, casas de bolsa, Afores, centros cambiaros, entre otras, pero en especial aquellas hechas por las llamadas Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Dicha figura legal aplica por ejemplo, al Presidente, a los senadores, diputados, al jefe de Gobierno capitalino, delegados, secretarios de Estado, directivos de organismos autónomos, líderes de partidos, alcaldes, miembros del Poder Judicial y altos mandos militares. Todos los movimientos financieros de las PEP, así como los de sus cónyuges o familiares en segundo grado, son vigilados en México y en todo el mundo. El objetivo es prevenir y detectar el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.
Sin embargo, este mecanismo de la SHCP, aplaudido en su momento por su gran potencial para prevenir, perseguir y castigar delitos financieros, en opinión de especialistas es insuficiente a la hora de ocuparse de posibles actos ilícitos en el caso de las PEP, pues carece de facultades para identificar aquellos reportes relacionados con dichos sujetos y desconoce el número de consignaciones ante la PGR por uso indebido de recursos, por ejemplo.
No obstante que la legislación prevé observar los movimientos financieros de 2 mil servidores públicos y a pesar de la existencia de millones de reportes, los resultados que da la autoridad son exiguos. Hacienda informó que de 2006 a septiembre del año pasado, la UIF ha formulado 528 denuncias ante la PGR, pero nunca detalla en cuántos casos ha procedido la acción penal.
La SHCP argumenta en su favor que el servidor público considerado como Persona Políticamente Expuesta no implica que sólo por tener ese carácter esté implicado en alguna irregularidad. Sin embargo, luego de los casos de funcionarios y políticos involucrados en malversación de fondos públicos, enriquecimiento inexplicable o de endeudamiento excesivo de las arcas públicas, tendría que ponerse más énfasis en la vigilancia de las PEP.
Pese a lo anterior, el efecto de este instrumento es positivo, sin duda, no sólo por lo que detecta y las denuncias ante la PGR, sino por su papel de disuadir a los funcionarios al saber que Hacienda tiene los elementos para detectar eventuales operaciones sospechosas. Pero para que ese efecto disuasor surta efecto y este instrumento sea más efectivo, tendrían que ser públicos aquellos casos en los que efectivamente el mecanismo funcionó y devino en que alguna PEP fuera detenida o sancionada.
No se trata de ningún linchamiento mediático, ni de una intromisión en los negocios o manejos financieros personales —y por ende privados— de estos personajes. Se trata, al final de cuentas, de un ejercicio de transparencia que abonaría a la erradicación de posibles delitos financieros perpetrados por funcionarios públicos.
