Apología del crimen organizado vs. responsabilidad pública

Daniel Cabeza de Vaca Hernández

La entrevista en sí, y las posteriores declaraciones de los actores pueden constituir verdadera apología del crimen y del narcotráfico

Contrasta vivamente la trascendental captura de Joaquín A. Guzmán Loera, por parte de nuestras Fuerzas Armadas y de procuración de justicia, frente a la irresponsable, inexplicable e injustificada entrevista de un par de actores, una mexicana y otro extranjero, en la que alaban a ese detestable criminal, al modo de un personaje histórico de gran calado como Ernesto Guevara o Fidel Castro.

Ese lamentable hecho, que fue ejecutado subrepticiamente al amparo de una famosa revista titulada Rolling Stone —cuya orientación principal debe ser abordar el arte musical y sus distintas expresiones— pone de manifiesto la doble moral de personas cuyo único interés reside en el protagonismo personal, ejecutado a costa del dolor, el drama y el desamparo de millones de personas inocentes, que son víctimas y ofendidos del execrable delito del narcotráfico. La entrevista en sí, y las posteriores declaraciones de los actores pueden constituir verdadera apología del crimen y del narcotráfico.

Lo anterior en un contexto donde nuestro país ha sido cuestionado duramente por representantes de organismos internacionales, así como por asociaciones no gubernamentales, justamente con motivo de supuestas violaciones a los derechos humanos, circunstancia ésta que afectó de modo considerable el prestigio interno y externo de nuestras instituciones públicas, que han sido de entre las más leales, sacrificadas y prestigiosas de nuestra historia.

Con enorme dedicación, vocación y entrega al servicio público, afortunadamente esa falsa percepción se ha revertido, traducida en la eficaz, rápida y categórica detención de El Chapo Guzmán, en aras de cumplir, por una parte, con la prioritaria obligación estatal de brindar seguridad, de procurar justicia y de combatir a la impunidad; y, por la otra, de garantizar, devolver y reparar el pleno reconocimiento, goce y disfrute de los derechos fundamentales a las personas agraviadas, con toda la violencia que este criminal ha provocado.

Al respecto, debe destacarse que la laudable detención de ese auténtico mafioso, se acompaña actualmente con la modernización de todas las instituciones mexicanas de investigación, procuración e impartición de justicia, al encontrarse ya en un profundo proceso de transformación, que se acompaña de nuevas leyes, sistemas y figuras, sobre todo del orden penal, cuyo objetivo último reside en hacer valer —de forma universal, permanente y tangible— el imperio de la ley y el Estado de derecho.

El Presidente de la República da un firme “manotazo” de profundo calado y de irreprochable autoridad, en el que hace saber —sin titubeos y sin reservas a la sociedad mexicana— que nada ni nadie está, ni debe estar, ni ha estado, por encima ni fuera de sus leyes, de sus instituciones e incluso de sus más caros y preciados intereses, como el orden interno, la convivencia pública y la paz ciudadana.

En la población debe existir un clima de certeza, credibilidad y confianza sobre el inquebrantable compromiso de nuestro país y de nuestras autoridades en el combate al crimen organizado y a sus múltiples expresiones, lo que se demuestra no sólo por la exitosa operación de inteligencia naval que hoy celebramos con júbilo, sino por las innumerables e incontrovertibles muestras de ello, traducidas en la adopción, sin reservas y sin titubeos, de todos los compromisos, instrumentos y mecanismos regionales e internacionales en la materia.

Si bien es cierto que la seguridad, procuración e impartición de justicia son asuntos esencialmente públicos, también es verdad que son cuestiones de interés general, en los que la sociedad debe cerrar filas al unísono con las autoridades federales, estatales y municipales; y con motivo de esa razón fundamental —en la que subyace la corresponsabilidad y el cointerés— no se puede tolerar, no se debe permitir y no se vale alabar a ningún personaje, a ninguna persona y a ningún potentado —por más reconocido o famoso que sea— que haga franca apología de un criminal que tantísimo daño ha hecho a nuestro país y al mundo.

Para ellos sólo cabe aplicar el rigor de la ley que nos une como nación y que nos asegura el destino común a todos.

Consejero de la Judicatura Federal de 2009 a 2014

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