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El otro día vi un video de un aparato para crecer plantas hidropónicas, de manera automática, en casa. Se trata de un laboratorio personal que promete una o más plantas por ciclo y cuyo crecimiento puede ser monitoreado vía una app en el teléfono. Aunque el artefacto sirve para cualquier planta, está anunciado para la producción casera de marihuana. El usuario simplemente elige la semilla, la coloca en la máquina y listo.
Hoy, la marihuana es legal para fines recreativos en 8 estados de la Unión Americana, 28 más lo permiten para fines médicos. La diferencia entre los países que han salido del régimen de prohibición absoluta y la mexicana es notoria. Allá las invenciones tecnológicas son el pan de cada día. Acá, cada año son arrestadas y encarceladas miles de personas por conductas relacionadas con la marihuana.
No sabemos bien a bien cuántas personas son detenidas o encarceladas en México anualmente por marihuana. Sabemos, sin embargo, que es la principal sustancia ilícita por la cual se pone en marcha el sistema de justicia penal en México. El Censo del Sistema Penitenciario Estatal del Inegi reporta que en 2015 por lo menos 4 mil 434 personas estaban privadas de la libertad en cárceles estatales por delitos de marihuana. De estos, al menos, mil 742 estaban detenidos por posesión simple (es decir que no hubo ninguna circunstancia que hiciera suponer una intención de comercio). A estos datos hay que agregar a las personas privadas de la libertad por marihuana en centros penitenciarios federales, donde los delitos de drogas representa una proporción mayor de los delitos sancionados.
Los daños generados por el prohibicionismo han sido documentados en múltiples estudios: desde los enormes costos que tiene para el Estado cada arresto y persona encarcelada, hasta los daños para las personas privadas de la libertad y para sus familias, que deben mantenerlos en prisión. Las prisiones en México, sabemos, son lugares violentos, insalubres, donde cotidianamente se violenta la dignidad humana, la integridad física y, también, infinidad de leyes. Con la excusa de prevenir el consumo, ahí ponemos a un gran número de consumidores, cultivadores y comerciantes y aceptamos la necesidad de balaceras y muertes. No se trata, además, de una política imparcial. Tiene como blanco a pequeños campesinos de zonas con pocas oportunidades, a hombres jóvenes provenientes de colonias marginadas, a mujeres sin oportunidades que son cabeza de familia.
En Estados Unidos los sesgos del prohibicionismo hacia afroamericanos y latinos, han sido muy marcados. Por ello, y como forma de reparar los daños generados por la guerra contra las drogas en estas poblaciones, varios estados y ciudades han previsto su inclusión en el emergente mercado legal a través de cuotas de participación. Oakland, California, por ejemplo, estableció que la mitad de las licencias para marihuana médica sean otorgadas a personas que fueron sentenciadas por delitos relacionados con marihuana o que viven en alguno de los 21 distritos con más arrestos por marihuana. Ohio obliga a que 15% de los negocios de marihuana sean para comunidades minoritarias. Florida exige que 1 de 3 tres licencias dadas para cultivo sean para la Asociación de Granjeros y Agricultores Negros. Otros prevén ayuda financiera para que personas pertenecientes a estos sectores puedan acceder a los mercados.
Estamos aún lejos de una regulación del mercado en México. Sin embargo, a principios del próximo año, las autoridades de salud deberán emitir las normas para regular la marihuana medicinal. De no comenzar a pensar en cómo garantizar la participación en el mercado de pequeños productores y grupos minoritarios, corremos el riesgo de tener otro mercado más que beneficia a pocos sin tomar en cuenta a quienes han padecido desproporcionadamente los efectos negativos de la actual regulación.
División de Estudios Jurídicos, CIDE.
@ cataperezcorrea
