Contar las penas

El derecho penal es —o debiera ser— la herramienta estatal a través de la cual se expresa, de la forma más fuerte posible, la reprobación social de ciertas conductas que consideramos gravosas o lesivas. En teoría, sólo aquello que consideramos realmente inaceptable es tipificado como delito y sancionado penalmente, normalmente con penas privativas de libertad. El homicidio, la violación, el secuestro, la extorsión, son castigados severamente por el sistema legal porque dañan bienes que consideramos fundamentales como la vida, la integridad física y la libertad sexual. En otras palabras, el derecho penal tiene un carácter expresivo. Sin embargo, el rechazo social tiene grados. Entre más lesiva es una conducta, más severamente es penada. No se castiga con igual severidad un homicidio en riña que uno que resultó de un secuestro porque se considera más reprochable el segundo. ¿Qué conductas considera la sociedad mexicana más reprochables?¿Qué bienes protege con mayor vigor?

Tomemos dos temas de relevancia nacional: la corrupción y las drogas. El escándalo de la casa blanca, del gobierno saliente de Veracruz con la entrega de recursos públicos a empresas fantasmas, la detención del ex presidente de PRI en España por lavado de dinero, y el largo etcétera han indignado a la sociedad mexicana al punto de lograr una disculpa presidencial (de utilidad cuestionada) y un Sistema Nacional Anticorrupción que era impensable hace unos años.

En el tema de drogas, la preocupación por la salud de usuarios (presentes o futuros) ha llevado a la tipificación de toda conducta relacionada con sustancias ilícitas. Pero en 2013, el Sinais registró solo 70 muertes por sobredosis en México, lo que indica un problema menor de salud, sobre todo comparado con otros como la obesidad o el sobrepeso (la diabetes cobro 87 mil vidas ese año). La ONU estima que solo 13% de los usuarios de drogas ilícitas son problemáticos (es decir que el consumo no afecta de forma negativa la vida cotidiana de la mayoría de usuarios). Esta cifra contrasta con los más de 170 mil homicidios, 300 mil desplazados y 28 mil desaparecidos que ha dejado la guerra contra las drogas.

No obstante la disparidad en el daño que causa la corrupción y el uso de drogas, un vistazo a cómo el sistema sanciona estos delitos muestra la enorme desproporción en el reproche social. Por ejemplo, tanto el cohecho (soborno) como el peculado (apropiarse de dinero público) tiene una pena mínima de 24 meses de prisión, lo mismo que la siembra de marihuana sin fines de comercio o distribución (para autoconsumo). El suministro, aun el gratuito —como es “pasar el churro”—, tiene una pena mínima de 48 meses, el doble que se le da a la apropiación del dinero público. La pena mínima por siembra con fines de suministro, como sería el caso de un club de producción, es de 80 meses, casi 4 veces la del cohecho o el peculado. Una mirada a la pena media —esto es, el promedio entre el mínimo y el máximo— muestra también la desproporción con la que sancionamos las conductas relacionadas con ciertas drogas. Sembrar con fines de suministro gratuito tiene una sanción media de 140 meses en prisión, mayor que para el lavado de dinero que es 120.

¿Es más relevante para nuestra sociedad controlar las drogas que combatir la corrupción? Por ridículo que suena, eso parece decir nuestro sistema penal. No abogo aquí por un aumento de penas para los delitos de corrupción. Más derecho penal difícilmente resolverá ese complejo problema social, institucional y, sí, también cultural. Lo que busco es mostrar los absurdos a los que nos ha llevado la escalada punitiva en la guerra contra las drogas. Absurdo y además ineficaz, pues es difícil argumentar con seriedad que las exageradas penas que hoy tenemos desincentivan la siembra, producción, transporte, o posesión de drogas en México.

División de Estudios Jurídicos CIDE

@cataperezcorrea