En enero 2019 la invitó a los medios a conocer su nueva “sede”, pero sólo había una oficina de Comunicación Social, poco de personal del INAH y del. El resto del año se le siguió preguntando a la secretaria si ese “proceso” de mudanza tenía avances o no, su respuesta siempre fue evasiva, sólo aseguraba —varias veces con hartazgo— que mantenía la promesa de que dado el momento “todas las áreas” pisarían Tlaxcala, pero nunca dijo cómo ni cuándo ni cuánto personal ni por cuánto tiempo ni cómo iban a facilitar, por ejemplo, la vivienda a quienes se fueran para allá.

Pues ya salió el peine a tanta evasiva: ¡no sabían ni cómo hacerlo! Es más, tres años después apenas van a analizarlo. Esta columna tuvo acceso al oficio fechado el 17 de febrero que la Unidad de Administración y Finanzas, a cargo de Omar Monroy, envió a los trabajadores para informarles que los iban a censar, según que para “pretender eficientar” trámites administrativos que van de trámites fiscales hasta pagos de remuneración. Pero también se les avisó que les iban a preguntar si tienen “impedimento en cambiar su residencia a Tlaxcala” y que sus respuestas servirán para hacer un análisis que derivará en una “toma de decisiones”. O sea que si nadie se quiere ir ¿se decidirá que ya no habrá tal mudanza y desacatarán la orden presidencial? Seguramente no, ¿pero entonces van a decidir cómo seguir simulando que tienen medio pie en aquellas tierras? Muchas preguntas brincan en cada renglón del oficio.

Por ejemplo, las respuestas servirán para “establecer los vínculos de colaboración institucional con los sectores educativo, vivienda y seguridad social, de tal suerte, que se brinde la asesoría y apoyo para los trámites que hubiera lugar, de acuerdo a sus necesidades”. O sea, ¿les van a pasar el teléfono del Infonavit, una guía de escuelas de educación básica y los datos de unos mudanceros de confianza? Luego dice que las respuestas son de “carácter informativo y no será vinculatorio”. Entonces, ¿si se niegan nadie debe temer perder su trabajo? Vamos a decir que la respuesta es entusiasta y muchos se van, ¿en dónde los van a meter?, ¿con qué dinero?, ¿y la sede de Arenal?, ¿y la de Reforma?, ¿seguirán pagando alquileres? Si les tomó tres años preguntar a sus empleados si se quieren ir o no, en una de esas les toma otros tres contar cuántos sí y cuántos no, y ya será bronca de la siguiente administración qué hacer con tan profuso análisis. Ya veremos.

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