La apuesta de integrar la red de librerías Educal —una sociedad anónima de capital variable— sectorizada a la Secretaría de Cultura federal, y la Dirección General de Publicaciones —también dentro de la estructura de esa dependencia— al Fondo de Cultura Económica (FCE), que es un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Educación Pública, no ha tenido ningún avance administrativo ni jurídico para lograr dicha fusión, lo que ha generado es que las atribuciones que el director general del FCE, Paco Ignacio Taibo II, al operar los tres organismos, esté en un vacío legal e incluso en la ilegalidad.
Desde el anuncio de la fusión que hizo a su llegada, hace tres años, Taibo II no ha logrado siquiera determinar cuál será la figura administrativa que regirá a esas tres áreas; tampoco ha presentado un proyecto de fusión ni el documento que avale la decisión de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, de ceder al Fondo y al escritor la coordinación de las tareas operativas de Educal y Publicaciones.
Sin embargo, en la práctica Taibo ha asumido atribuciones sobre las dependencias adscritas a la Secretaría de Cultura, y los directores de Educal, Fritz Glockner, y de Publicaciones, Marilina Barona, están supeditados a las decisiones que toma el director del FCE, actuar que para los especialistas tiene un vacío legal e incluso un acto de ilegalidad.
Especialistas reconocen que administrativa y políticamente es muy complicada la fusión, pero se debe hacer para darle certeza administrativa y jurídica, y para garantizar que cuando esta administración termine, Educal S.A de C.V, y la Dirección General de Publicaciones no queden endebles y en riesgo de desaparecer.
“Me parece que es un asunto de facto, o que hay un vacío legal o de plano hay una ilegalidad, en el sentido de que no conozco un fundamento por el cual el Fondo esté desempeñando esta función, y por lo tanto al ser un asunto de facto me da la impresión de que tristemente puede estar siendo usado el Fondo de Cultura Económica como un organismo ideológico político, un espacio estratégico en el ámbito del conocimiento, de la difusión y la publicación de libros, como un instrumento ideológico político”, asegura el especialista en legislación cultural, Bolfy Cottom.
El analista de política cultural explica que no hay tal fusión entre FCE, Educal y Dirección de Publicaciones. “En tres años, Taibo II no ha avanzado ni un ápice. En consecuencia, solicitó auxilio al Ejecutivo, que finalmente lo recibió. El asunto pasó a la Consejería Jurídica para que se comience a preparar una propuesta. No será una de sus prioridades”.
Ambos especialistas han buscado, sin encontrar, si ha habido cambios al marco normativo, algún acuerdo específico, ya sea del secretario o Secretaría de Educación Pública con la secretaria de Cultura, a efecto de clarificar las atribuciones que correspondan al FCE.
“En estricto sentido tendría que haber un documento legal que funde las atribuciones del Fondo y francamente no encuentro nada que legalmente justifique estas atribuciones que de facto está ejerciendo”, afirma Cottom, quien asegura que sólo hay enredos y puntos oscuros, por ejemplo, habría que ver si en alguna de las actas de la Junta Directiva del Órgano de Gobierno del FCE, del cual forma parte tanto la Secretaría de Educación como la de Cultura, se tomó ese acuerdo.
"Me da la impresión de que tristemente puede estar siendo usado el Fondo de Cultura Económica como un organismo ideológico político”: Bolfy Cottom, Especialista en legislación cultural.
“Es un enredo administrativo, un enredo legal que lo único que genera es desconcierto y me temo que en una de esas puede haber problemas no solamente del ejercicio de las atribuciones sino del ejercicio del presupuesto”, dice el investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH y profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Incluso apunta una irregularidad que va más allá de que el Fondo asuma la coordinación de las actividades de Publicaciones y de ejercer el presupuesto de Educal, “existe la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, en el Art. 9 del Reglamento interior, en la fracción 1, están las atribuciones de esta subsecretaría: coordinar los programas y acciones que tienen que ver con publicaciones en las que participa la Secretaría de Cultura, así como el fomento para el establecimiento y desarrollo de librerías, bibliotecas y otros espacios públicos y privados para lectura y difusión del libro”, dice.
El reto de desentrampar
Cuando el funcionario habló de regalar libros le dijeron que no se podía y él aplicó: “Si no los podemos regalar a partir de las normativas que existen, creemos nuevas normativas y si no, creemos caminos de desvío”. Ese hartazgo o desdén por las normativas naturales de la administración pública han sido un choque para que Taibo II avance en la fusión que por supuesto es complicada; deben encontrar confluencias, primero entre FCE, SEP y Cultura federal, a través de sus directores administrativos y jurídicos, y luego gestionar ante las secretarías de Hacienda, para unificar los presupuestos, y Función Pública, para ver los ajustes a la Administración Pública, pero también gestionar lo laboral, que no será nada sencillo.
“Disponer del presupuesto de una instancia para la otra es, además de un uso patrimonialista de los recursos públicos..., una violación a la normatividad”: Gerardo Ochoa Sandy, Especialista el política cultural.
Ochoa Sandy dice que la Secretaría de Hacienda tendría que hacer la correspondiente fusión de los presupuestos, y por ahora en el PEF de 2022 ya no ocurrió, si acaso podría ser en 2023, a expensas de lo que suceda. Señala que durante la primera sesión ordinaria de la Junta Directiva del FCE de 2021, Taibo expuso que “acudió durante 2020 al presupuesto del Fondo para subsidiar el déficit de Educal, que había incurrido en insolvencia para el pago de su propia nómina. Lo mismo violenta la ley al disponer a su antojo del personal y no rinde cuentas. La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función pública deben exigírselas”.
Así sigue en su gestión al frente de la “alianza estratégica con Educal”, como la define en el Programa Institucional 2021-2024 del Fondo de Cultura Económica”, publicado en el Diario Oficial el pasado 1 de marzo.
“Hay serias dudas respecto de una actuación plenamente legal del Fondo de Cultura Económica y es muy peligroso porque esto significa que la normatividad la hacen a un lado y se toman acuerdos de palabra que no justifican el ejercicio de atribuciones que están ya asignadas a un órgano como es la Dirección General de Publicaciones o a Educal”, concluye Cottom.
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