Trabajadores de Cultura Comunitaria, por honorarios y a merced del Insabi

Aunque en el PEF 2021 se habían reducido los recursos a Vinculación Cultural, según la titular de Cultura Comunitaria, Esther Hernández, la Secretaría de Cultura reasignó recursos a todo el programa y tendrá 221 mdp

Trabajadores de Cultura Comunitaria, por honorarios y a merced del Insabi
Fotos: ARCHIVO EL UNIVERSAL
Cultura 17/04/2021 02:50 Sonia Sierra Actualizada 03:11
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Mientras que en el primer semestre de 2019 la Secretaría de Cultura informaba que había dado fin a contratos eventuales y de esquemas de capítulo 1000 y 3000, y entonces tan sólo una dependencia como la Dirección de Vinculación Cultural no renovó contrato a 60 personas que estaban por honorarios, hoy el esquema por honorarios, Capítulo 3000, ha tenido que ser la opción con la que Vinculación Cultural opera su “programa estrella” de Cultura Comunitaria.

A la fecha, la promesa de seguridad social a capacitadores y promotores de Cultura Comunitaria sigue en el aire pues las 517 personas contratadas este año, lo están por honorarios.

En entrevista, Esther Hernández, directora de Vinculación Cultural, asegura: “Estamos esperando la resolución general que hagan para el gobierno (se refiere al debate de las outsoursing en el Senado), y mientras lo que hicimos fue una contratación por capítulo 3000, tenemos ahorita a 517 personas, que entraron a comité de adquisiciones como todos los prestadores por Capítulo 3000. En lo que nos ofrecen una alternativa -que será la que se tomé para todo el gobierno- adelantamos con la contratación por 3000”.

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Estas 517 personas no tienen seguridad social; para ellas “está el Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar)”, sostiene la funcionaria, y añade: “Y todas las facilidades para los promotores, maestros, para registrarse en el Insabi”.

En julio de 2019, la propia directora de Cultura Comunitaria, al ser cuestionada por la contratación de una outsourcing para operar el programa –Lore Soluciones—argumentaba que ella misma había insistido en que el personal contratado tuviera un seguro. Justificó entonces: “Finalmente están en lugares en los que muchas veces no se tienen los servicios privados de salud a la mano o lugares en los que por la propia condición que se vive en el país pueden ser de riesgo”.

En los próximos días está por definirse en el Senado el tema de las outsourcing. Cultura Comunitaria continuará, mientras tanto, con capítulo 3000 y sin más protección que Insabi para los maestros, talleristas, facilitadores, que participan. Una protección que, en tiempos de pandemia, es todavía más necesaria. Según la funcionaria, ha habido ocho contagios por Covid-19 en un personal de mil (aunque antes dice que el personal contratado asciende a 517). “Nadie falleció. A todos se les dio acompañamiento y monitoreo de estado de salud”.

Al preguntarle a Esther Hernández qué cambió para las personas contradas hoy con relación a lo que tenían con la outsourcing, responde: “Bueno, que los pagos por honorarios se hacen de manera mensual, no quincenal”. Y luego añade: “Y el hecho de que no hay seguridad social”. Pero matiza: “Es una medida momentánea, aplica para todo el gobierno, y la SHCP está trabajando en otros esquemas…”

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Asuntos pendientes

Cultura Comunitaria recibió este año y el pasado cuestionamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación y del Coneval. Por otra parte, sufrió un recorte presupuestal considerable:

En el primer año de operaciones—2019— tuvo recursos por 400 millones de pesos; para el segundo año -2020- le asignaron 637 millones de pesos pero, dado que hubo recortes en gastos de operación -por decreto presidencial- los recursos para el programa en 2020 fueron al final de 355 millones, detalla Esther Hernández.
Para este 2021 ya hay una reasignación con relación a lo que decía el Presupuesto de Egresos de la Federación: toda la Dirección de Vinculación Cultural tenía asignados 97 millones de pesos, pero ahora, tan sólo Cultura Comunitaria tendrá para el ejercicio de este año 221 millones, mínimo:

“Seguimos actividades como el año pasado, haciendo evaluaciones en estados en semáforo verde y para empezar actividades en cuanto empiece la SEP. Tenemos, para nómina y compra de materiales, 221 millones de pesos para Cultura Comunitaria, contratación de maestros, promotores y compra de materiales para los semilleros. Nos han comentado que podría haber ampliación en cuanto empiecen las actividades, conforme avance la situación… Ese es el monto, son reasignaciones que hizo la Secretaría de Cultura, y ampliaciones que se pidieron a la SHCP. Eso es para contratar personal y compra de materiales”.

La pandemia también redujo de manera importante el número de municipios donde Cultura Comunitaria opera de forma permanente. Tras trabajar en 535 municipios en 2019, Cultura Comunitaria en 2020 operó en 296 municipios; no hubo actividades en espacios públicos –jolgorios y milpas-; sólo hubo semilleros, y éstos estuvieron en 296 municipios.

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“En 2019, 300 eran municipios permanentes -con semilleros-, y 235 con actividades en espacios públicos. Y en 2020, 294 fueron de semilleros”.

-¿Cuánta población de la que participa en Cultura Comunitaria tiene Internet?

-Más o menos 40%. La otra podía tener WhatsApp, no constante, no podía recibir una clase, pero sí lo tienen para enviar y recibir mensajes.

Hernández sostiene que “no se abandonó en ningún momento a las familias, y a los niños y niñas participantes; el mayor problema fue en actividades en espacio público”.

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Acerca de los cuestionamientos de la Auditoría Superior de la Federación, la funcionaria sostiene: “En todas las auditorías hubo detalles que, varias dependencias, expresamos las diferencias con respecto a sus conclusiones; decía que era un reducido número de informes pero entregamos más de 20 mil archivos digitales. Como todas las dependencias, dado que se asignó nuevo equipo de ASF volvimos a entregar todos los materiales”.

Sobre lo que se ejerció y cómo en 2020, responde que finalmente fueron 355 millones, de los cuales 272 millones fueron para nómina y lo demás para materiales de Carrete, Hojas de vuelo, que se imprimieron e hicieron llegar a las comunidades.

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“Todos los gastos de operación, eventos públicos, movilidad no se pudieron realizar por la pandemia, y lo que se mantuvo fue lo sustantivo, pago a personal. Siguieron haciendo su trabajo por modalidad virtual o a domicilio, en seguimiento con cada familia, y con los protocolos de sana distancia”.

-¿Cuánto fue virtual y cuánto a domicilio?

-Virtual 60% de las acciones, y el resto en seguimiento directo en las casas. Hay algunas personas que tienen WhatsApp y les mandaban por ahí las tareas, las acciones que tienen que realizar, y los maestros iban a dar seguimiento semanal. En los casos donde ni siquiera había WhatsApp, se iba a las casas y se les dejaban las actividades. Hicimos algunos materiales que se les entregaban para que siguieran las actividades que ahí estaban. Se hacía una vez a la semana o una vez cada 15 días. La mayoría vive en las comunidades o municipios cercanos, a media hora, o una hora. Dependiendo de eso, como hubo comunidades que cerraron o restringieron el acceso, entonces en esos casos, en lugar de hacerlo una vez a la semana, se llegaba a acuerdos con los municipios para se hicieran dos veces o a través de enlaces se entregaran los materiales, o después se podía dar seguimiento a los avances.

-¿Cómo comprueban que eso se cumplió?

-Por los informes que presentan los maestros, fotografías, evidencias.

-¿Tienen el 100% de esa confirmación de evaluación?

-Así es. En el caso de que no se realizaron actividades satisfactorias o que los maestros o promotores no pudieron o no quisieron cumplir con las actividades tuvieron una evaluación no favorable, y son unos pequeños casos que no continúan trabajado este año.

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-¿En cuánto porcentaje?

-Fue pequeño, fue como 5%. Hubo varios casos en los que se les dio de baja el año pasado cuando vimos que no estaban trabajando.

*Con información de Alida Piñón

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