Pagos improcedentes por 15 millones 331 mil pesos, de un total de 18 millones 837 mil pesos destinados al pago de estímulos económicos a investigadores, ayudantes o, en su caso, "beneficiarios de investigadores fallecidos"; así como, 3 millones 506 mil pesos a pagos “en demasía”, por "indemnizaciones sin acreditar la dependencia económica o cumplir los requisitos para ser beneficiario de investigadores fallecidos, fueron parte de los resultados a la fiscalización del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En la segunda entrega de la Cuenta Pública 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó al Conacyt y al SNI, encontrando varias irregularidades, como no contar con convenios firmados, actualizados o incluso no formalizados, así como no acreditar la adhesión a instituciones de educación superior o centros de investigación públicos.
También señala que se hicieron pagos por 2 millones 835 mil pesos a cinco investigadores eméritos de los que no había evidencia que demostrara su situación, “ya que no demostraron la aplicación de un mecanismo que sirviera como prueba de vida para sustentar sus pagos”.
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En cuanto al Conacyt, la Auditoría señala que en 2022 ejerció mil 682 millones de presupuesto, pero publicó con 23 meses de retraso su Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti), no publicó el Plan Nacional para la Innovación; no contó con comités intersectoriales y de vinculación para atender la articulación de políticas científicas.
Fiscalización a la cultura
Entre las instituciones culturales destaca el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), que fue auditado en lo referente a servicios cinematográficos: producción y formación, y una de las conclusiones a las que llegó la ASF es que “la mayor parte del presupuesto se orientó, entre otros conceptos, a la subcontratación de servicios con terceros”.
Según la Auditoría, IMCINE ejerció 113 millones 746 mil pesos —25 millones 596 pesos (29.0%) más que los 88 millones 149 mil aprobados gracias a 91 adecuaciones presupuestarias— de los cuales 38 millones 941 mil pesos (34.0%) correspondieron a servicios personales; 49 millones 348 mil (43.1%) a servicios generales, y 25 millones 460 mil pesos (22.3%) a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, lo que mostró que la mayor parte del presupuesto se orientó “a la subcontratación de servicios con terceros”. Además no dispuso de elementos que le permitieran medir su contribución en el desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual, pues no definió ni cuantificó a la población que atendió.
La ASF señaló que aunque el INAH hizo proyectos de investigación, no estableció líneas prioritarias; y tampoco actualizó los planes de estudió de sus tres escuelas.
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