La incertidumbre y la desazón, nos cuentan, atosiga a la comunidad cultural y artística de México ante el decreto presidencial anunciado la semana pasada sobre la extinción de fideicomisos. La Secretaría de Cultura federal y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (uno de los fideicomisos más amplios) han optado por el silencio total y aunque desde el sábado más de mil artistas, creadores e instituciones han exigido una respuesta clara y contundente sobre la situación en la que quedarán fideicomisos como el Fonca, Educal, Cineteca Nacional, Fidecine y Foprocine, las autoridades ni siquiera atienden el mensaje ni la carta dirigida a la secretaria Alejandra Frausto. Pero cómo exigirle una respuesta a la titular de Cultura cuando ni el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aclaró del tema en su informe trimestral, emitido la tarde de ayer; donde por cierto, sólo dedicó tres líneas para hablar de la promoción a la lectura y sobre todo de mil millones de pesos que se están ejerciendo para convertir el Bosque de Chapultepec en “el espacio artístico y cultural más importante del mundo”. Claro, de inmediato el descontento en las redes sociales no se hizo esperar puesto que el Presidente sigue defendiendo el proyecto que encabeza el artista Gabriel Orozco, mientras que la cultura y la ciencia viven días de incertidumbre.
Las redes sociales también se convirtieron pronto en el foro de discusión de los efectos que tendrá el decreto de extinción de los fideicomisos; incluso hubo documentos puntuales como el emitido por Art. 27, en el que Carlos Lara G. y José Manuel Hermosillo califican de vergonzoso que la Secretaría de Cultura tenga que justificar la existencia de instituciones como el Fonca. Señalan que el decreto carece de certeza jurídica y lo califican de “una suerte de notificación de embargo” ante el cual el sector artístico y cultural tiene pocas opciones; en especial apuntan que “ante la lentitud de la Secretaría de Cultura de enfrentar estos temas” a los beneficiarios sólo les queda hacer valer sus derechos culturales a través de un juicio de amparo que deje sin efectos el decreto del 2 de abril. Más claro, ni el agua.