La Ley de Bibliotecas, más dudas y vacíos que certezas

Aunque se trabaja en un reglamento para su aplicación, los profesionales se preguntan cuál será el sueldo mínimo para dignificar su labor y de cuánto será el presupuesto para los recintos

La Ley de Bibliotecas, más dudas y vacíos que certezas
Para la Secretaría de Cultura, la nueva legislación "reconoce el papel fundamental de los bibliotecarios mexicanos”. En la imagen, personal de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada en la Ciudad de México. Foto: Germán Espinosa. EL UNIVERSAL
Cultura 21/07/2021 02:40 Yanet Aguilar Sosa Actualizada 12:08
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A casi dos meses de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 1 de junio, por decreto presidencial, la nueva Ley General de Bibliotecas no se ha hecho efectiva por falta de Reglamento —lo cual le podría llevar un año—, y aún genera incertidumbre entre los bibliotecarios, pues aunque estipula la dignificación de los profesionales y una “inversión social” del Estado para el impulso de las bibliotecas, no determina cuál será el sueldo mínimo para el personal y menos el presupuesto para los recintos.

La legislación que fue aprobada por el Congreso el 30 de abril, sin mayor discusión, y que abroga la Ley General de Bibliotecas publicada el 21 de enero de 1988, pasó de 16 a 44 artículos, y ha sido definida por la Secretaría de Cultura como una ley que “reconoce el papel fundamental de los bibliotecarios mexicanos” y “recupera el rol de la biblioteca pública como centro cultural de su comunidad”. Y justo en esos puntos están los cuestionamientos principales de los profesionales.

Otro tema que les causan preocupación es que las editoriales podrán deducir impuestos a través de las donaciones en especie a la Dirección General de Bibliotecas, lo que significaría que más que compra selectiva y específica para cada recinto, su actualización estará determinada por las donaciones.

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Y hay otro asunto que hace ruido: las productoras de materiales culturales, impresos y digitales están obligadas a entregar copia en depósito legal a la Biblioteca del Congreso de la Unión, la Biblioteca Nacional de México y desde ahora a la Biblioteca de México, si no lo hacen “se harán acreedores a una multa equivalente a cincuenta veces el precio de venta al público de los materiales no entregados. La aplicación de la sanción no excusa al infractor de cumplir con la entrega de los materiales” y que la Secretaría de Hacienda hará efectivas las sanciones administrativas que correspondan.

Y justo esa disposición ha sido impugnada por la editorial global Springer Nature México, que ante juzgados pidió frenar la Ley General de Bibliotecas con el argumento de que afecta los derechos de autor y conexos al solicitarles que entreguen copias de sus ejemplares digitales. Sin embargo, el juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa determinó en días pasados negarles la suspensión provisional. EL UNIVERSAL solicitó entrevista con la editorial pero hasta el cierre de la edición no la hubo.

A la doctora en Bibliotecología Brenda Cabral Vargas, además presidenta de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios A. C. (AMBAC), le preocupa el tema del almacenaje de los materiales, las plataformas que implica y los derechos, pero sobre todo que cuando se habla, en el Artículo 18, sobre contar con un salario digno para los bibliotecarios, “no se dice de cuánto sería, ni siquiera se estipula cuántos salarios mínimos, por lo menos consideran el salario digno para los bibliotecarios, y ese es un gran pendiente”.

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Cómo se establecerá el salario digno, de cuánto será y si habrá un tabulador que rija para las más de 7 mil 700 bibliotecas que integran la Red Nacional de Bibliotecas Públicas que tiene a su cargo la Secretaría de Cultura federal, pero además a cuánto ascenderá la “inversión social” para que éstas se conviertan en espacios culturales, como pretende la Ley General de Bibliotecas, son algunas de las cuestiones más apremiantes, que hasta son vacíos en la Ley y, para muchos, parte de los grandes pendientes de esta nueva legislación.

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La nueva ley procurará que trabajadores tengan título, acreditación o certificación. En la imagen, Biblioteca Pública Ignacio Ramírez, de Coyoacán. Foto: Carlos Mejía. EL UNIVERSAL.

Alejandra Quiroz, estudiosa de los servicios bibliotecarios, dice que la gran ausencia de esta Ley, que propone las directrices para la integración de un Sistema Nacional de Bibliotecas, regula los términos del Depósito Legal, así como las obligaciones y sanciones de los creadores de contenidos editoriales, culturales y educativos, es el cómo y el cuánto

“¿De cuánto es esta remuneración digna para los bibliotecarios?, ¿habrá un tabulador?, ¿se va a tratar de homogeneizar en todo el país?, ¿qué parte del presupuesto destinado a bibliotecas va para los sueldos de los profesionales? No está clara la Ley, se supone que están redactando ahora un reglamento, pero ¿qué cosas van a venir en el reglamento que no vienen expresadas en la Ley? pues tampoco lo sabemos. La verdad es que se perdió la oportunidad de desarrollar una especie de servicio profesional de carrera para las bibliotecas”, dice.

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Entre los temas que puntualiza la Ley está la determinación de que las entidades y municipios o alcaldías “deberán nombrar, adscribir y remunerar de manera digna al personal destinado a la operación de las bibliotecas públicas bajo su jurisdicción”, asegurando que su desempeño sea adecuado, para lo cual procurarán que ese personal cuente con título profesional en bibliotecología o área de conocimiento equivalente, o con una acreditación o certificación de la Dirección General de Bibliotecas.

Y ese sigue siendo un asunto que la nueva Ley no atiende pues esa “poca claridad”, dice Quiroz, sobre el supuesto sin que se estipule “cuánto, ni cómo, ni dónde”, deja a las bibliotecas “muy desamparadas, casi como desde su creación con José Vasconcelos. Me da curiosidad no tener esa certeza de los dineros porque la cultura necesita dinero para sostenerse sobre todo si estamos hablando de inversión social”, señala Alejandra Quiroz.

Cabral, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM, dice que aunque en algún momento las asociaciones de bibliotecarios participaron con ideas que enviaron al Congreso, nunca fueron tomados en cuenta ni contemplados en la discusión, “tendrían que haber puesto un candado para asegurar que los municipios y alcaldías deben tener un compromiso con el personal de las bibliotecas”.

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Alejandra Quiroz insiste en el presupuesto. “¿Qué es inversión social, en qué parte de las leyes o de la distribución de los gastos en México explica tal cual la inversión social y con cuánto presupuesto se va asignar a las bibliotecas de parte de los municipios, de los Estados, y de la Federación para poder hablar de inversión social porque si no nada más se queda en lo dicho”, 

Rodrigo Borja Torres, director general de Bibliotecas, defiende está nueva ley fue ideada por su antecesor, Marx Arriaga, y dice que sí se escucharon e integraron a los bibliotecarios, y que aunque no se definen los montos del salario digno ni de la inversión social, habrá más definición en el reglamento, que ya diseñan y que podría estar listo a fin de año.

“Los bibliotecarios participaron muchísimo, mi antecesor recorrió muchas bibliotecas para escuchar lo que la gente necesita, en base a esos consensos él iba revisando con los coordinadores estatales e iba armando esta nueva ley”, afirma Borja.

El funcionario asegura que el salario de los bibliotecarios depende de los gobiernos estatales, “en ese aspecto la Ley es muy clara y faculta a los estados para que dentro de sus presupuestos contemplen a la biblioteca como parte fundamental”, y señala que están empezando a elaborar el reglamento, “bien se sabe que una ley sin reglamento a la larga se convierte en letra muerta”. 

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 7 mil 700 BIBLIOTECAS integran la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

Frase

“Me da curiosidad no tener esa certeza de los dineros porque la cultura necesita dinero para sostenerse sobre todo si hablamos de inversión social”. Alejandra Quiroz. Estudiosa de servicios bibliotecarios
 

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