El reconocimiento de que fue una instrucción presidencial la construcción del Tren Maya y que en su edificación había que hacer, a contrarreloj, un proyecto de salvamento arqueológico que llevó a la reubicación de al menos 47 elementos del patrimonio arqueológico y la construcción del para contener esos vestigios “deconstruidos”, fue uno de los puntos que quedaron claros en la mesa académica “La reubicación de patrimonio arqueológico en México. Los casos de Quintana Roo y Campeche” a la que convocó ayer el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El otro reconocimiento, y ese sí casi unánime, es que ninguno de los 10 participantes —incluido el director general y el secretario técnico del INAH— está a favor de la remoción y reubicación de un solo elemento arqueológico y que cuando se hace es la última opción, como en el caso del salvamento arqueológico en el Tren Maya, lo que ha generado una gran polémica y cuestionamientos de arqueólogos expertos que han documentado la destrucción del patrimonio arqueológico, hecho que califican de .

El encuentro de poco más de cinco horas celebrado ayer en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de Antropología, fue inaugurado por el director general del INAH, Omar Vázquez, quien se mantuvo sólo por momentos atento a las disertaciones de ocho investigadores y académicos del INAH que celebraron el salvamento a cargo de Pérez Rivas y respaldaron los procesos de reubicación y reinstalación del patrimonio arqueológico realizados, aunque señalaron que esa medida es la última opción que se tiene en materia de salvamento. También manifestaron, casi en colectivo, que todo fue hecho con apego a la normativa nacional e internacional, a la que todos hicieron referencia; incluso todos presentaron ejemplos de casos de reubicación —dejaron de llamarlo casi todos deconstrucción— de patrimonio arqueológico e histórico a nivel nacional e internacional.

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Aunque hubo una pequeña representación de los arqueólogos que han denunciado la destrucción del patrimonio, sobre todo en el tramo 7 del Tren Maya, encabezada por Felipe Echenique y Sergio Gómez (incluso éste último consiguió que le cedieran poco más de 20 minutos para presentar evidencias de la destrucción, con tan mala calidad de las imágenes que no se podían ni leer los documentos ni ver los detalles), el encuentro de ayer fue un para dar respaldo al proceder del INAH, de las autorizaciones del Consejo de Arqueología y de la Coordinación de Arqueología para la reubicación del patrimonio; además de un reconocimiento al trabajo del arqueólogo Manuel Pérez Rivas, director del proyecto de Salvamento Arqueológico Tren Maya, quien fue el más felicitado, al igual que lo fue el antropólogo Diego Prieto, exdirector del INAH.

“Lo que hizo Manuel Pérez Rivas está estupendamente bien hecho en términos técnicos. Como en ningún otro proyecto se utilizó tecnología de punta, diversidad de especialistas, y eso dio como resultado un buen trabajo técnico”, señaló Salvador Pulido, coordinador nacional de Arqueología, quien en entrevista con EL UNIVERSAL reconoció que “un punto que disminuye la efectividad del proyecto es cómo se determinó qué monumento tendría que ser recuperado, reubicado, investigado a fondo”. Y agregó que “nunca se pensó en la generación de un parque, se pensó en que se iba a recuperar, iba a tratar de hacerse posible la perduración del monumento”. Pulido incluso negó que los elementos que se dejaron en el derecho de vía quedaron abandonados; aseguró que están protegidos.

Justo Pérez Rivas agregó que “las obras prioritarias de infraestructura del gobierno federal, independientemente de sus connotaciones políticas e ideológicas, siempre han representado grandes retos para las labores de salvamento. El Tren Maya no es la excepción”.

Funcionarios participantes en la mesa académica “La reubicación de patrimonio arqueológico en México. Los casos de Quintana Roo y Campeche”, convocada por el INAH. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Funcionarios participantes en la mesa académica “La reubicación de patrimonio arqueológico en México. Los casos de Quintana Roo y Campeche”, convocada por el INAH. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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Aunque fue una charla entre amigos, entre funcionarios y un encuentro académico muy institucional, quien sí se mostró enojado con el espacio que medios como EL UNIVERSAL le han dado a los arqueólogos críticos, fue el exdirector del INAH, Diego Prieto, quien calificó la cobertura como “un juego político y politiquero de algunos medios adversos”.

Señaló: “Nos quieren utilizar, primero para golpear al INAH y segundo, para golpear al gobierno. Cada quien tiene derecho a confrontar el gobierno, somos libres y vivimos en democracia, pero no utilicen al INAH”.

Prieto, apuntó que “no es cierto que no se puedan desmontar monumentos. Lo único que dice la ley es ‘sin la autorización del INAH’. ¿Qué legitima un traslado?, ¿qué legitima un desmontaje?, la autorización del INAH. Y en la medida en que INAH autoriza, y conste que el director Diego Prieto en su momento jamás firmó una autorización arqueológica porque no es arqueólogo, pues es en la medida en que la Coordinación de Arqueología, el Consejo y la comunidad arqueológica considera pertinente una intervención, es pertinente”. Señaló que en el trabajo de salvamento arqueológico en Tren Maya tuvo que enfrentarse a las fuerzas castrenses.

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“Aquí no estamos entre delincuentes ni malas personas y yo respeto todo lo que opinen los compañeros del sindicato, pero también asumir que como institución debemos cerrar filas porque sabemos lo que significa empezar a golpetear una situación con el fin de debilitarla. Cuidado. Cuidado, defendamos la pluralidad, pero no debilitemos una gran institución del Estado mexicano que es el INAH”, dijo enfático el funcionario.

Y es que en un par de momento hubo apenas ciertas rispidez, en especial cuando Felipe Echenique pudo hablar y dijo que lo que hicieron no está permitido en ningún artículo de la Ley Federal, “hablo de la juridicidad, no existe, cuando mueven un monumento, están destruyendo una zona arqueológica, porque de ahí la sacaron y al destruir una zona arqueológica están cometiendo un delito junto con todos los que ya cometieron”. Dijo que sólo un juez puede resolver esta discusión, pero las denuncias de hechos que presentaron por la presunta destrucción ante la Fiscalía General de la República no han prosperado, aún así insistió en que sí hubo destrucción de patrimonio en el Tren Maya.

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