El 23 de junio se publicó, desde la cuenta de Twitter #YaPágameINAH (@YapagameINAH), un comunicado de prensa firmado por 17 investigadores del Proyecto de Salvamento Arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, Zumpango, Estado de México. La queja pública —en el documento se denuncia que, desde el 15 de marzo hasta el 31 de mayo, 30 arqueólogos no habían cobrado—, fue el último recurso de los firmantes después de agotar los medios que tenían a la mano: pidieron hablar directamente con Diego Prieto Hernández, director general del Instituto, y fueron ignorados; se les respondió con soluciones incumplidas y, como una de las últimas medidas, están desde el pasado 28 de mayo en un paro de labores que dejó los trabajos de salvamento en el abandono.
Tres días antes de publicar el comunicado, en un oficio dirigido a Prieto —con copia al director de Salvamento, Salvador Pulido; al secretario técnico, José Luis Perea; al administrativo, Pedro Velázquez; a la coordinadora nacional de Arqueología, Martha Lorenza López y al investigador de la dirección de Salvamento, Rubén Manzanilla—, los arqueólogos establecieron la cronología de los hechos:
Debido a que el aeropuerto de Santa Lucía es un proyecto federal, uno de los más importantes para esta administración, el INAH firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la que, en este caso, le corresponde absorber los gastos y depositar, en la cuenta concentradora del INAH, el recurso para costear los trabajos de salvamento arqueológico; tal como sucedería con un particular, sin que los investigadores dejen de estar contratados directamente por el Instituto.
Desde octubre de 2019, al iniciar la construcción del aeropuerto, el acuerdo entre Sedena e INAH se estableció por convenios o etapas, y la explicación que se le dio a los arqueólogos fue que había un estado incierto en la transición del cuarto convenio —terminado en diciembre de 2021—al quinto. “Estas fallas se deben a la mala administración de Prieto. Desconocemos si la Sedena no realizó el pago al INAH o si el INAH recibió los recursos y retrasó el pago. En caso de que fuera cierto que la Secretaría no había depositado, el Instituto debió ser más estricto y velar por sus investigadores. Sedena es una institución federal y debió comportarse a la altura”, dicen los investigadores. La promesa fue que, si los arqueólogos terminaban las labores y entregaban los informes correspondientes, se sustentaría lo necesario para dar paso al quinto convenio.
“Nos pidieron generar una factura correspondiente a marzo ante el SAT, pero como no alcanzaba el recurso del cuarto convenio, nos pagaron sólo una quincena, la primera de marzo, aunque el SAT sí tomó el porcentaje correspondiente al salario total por tratarse de una factura mensual. Se supone que el pago de enero hasta la primera quincena de marzo salió de un remanente del cuarto convenio”.
El 24 de junio, un día después de que se publicó el comunicado de prensa, los arqueólogos entrevistados informaron que a la mayoría de sus compañeros se les cubrió el adeudo o una parte de lo que se les debía, además de que se les solicitaron facturas para tramitar quincenas posteriores al 15 de marzo.
“La presión mediática es algo que afecta mucho al Instituto. Qué bueno que en esta ocasión atendieron nuestra causa, pero la verdad es que estamos en el limbo porque puede volver a pasar. Debido a que estamos contratados por Capítulo 3000 estos retrasos son frecuentes”, dijeron los investigadores y señalaron que por el carácter político del proyecto, se atendió de inmediato la demanda pública. “Nuestro boletín fue concreto, no queríamos generar una polémica que se prestara a controversias o a que los oponentes de esta administración lo utilizaran para darle un enfoque político. Por supuesto que tiene una carga política porque el INAH es federal, pero nosotros sólo queríamos que se nos pagara lo justo”.
En este proyecto, los arqueólogos ganaron alrededor de 28 mil pesos mensuales (entre 28 y 34 mil es la diferencia entre pasantes o titulados). Pero a ese promedio hay que descontarle los impuestos, que van de 7 a 8 mil pesos. “De acuerdo con el tabulador del INAH, nos corresponden alrededor de 11 mil mensuales, pero en Santa Lucia ganamos aquella cantidad porque se aplican viáticos debido a lo lejos que está de la Ciudad de México”.
EL UNIVERSAL solicitó al INAH información sobre el mecanismo de contratación de los 30 arqueólogos que laboran en Santa Lucía y sobre los impagos, pero no hubo respuesta.
Para los arqueólogos llama la atención que el adeudo empezó justo en la quincena en que el Presidente del país inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), “una inauguración que no fue completa porque aún hay áreas en las que se están realizando obras. Creemos que como Rubén Manzanilla entregó en tiempo y forma los informes, el proyecto se dio por hecho, lo dejaron así, se deslindaron de él”, señalan.
Hay militares cuidando las zonas de almacenes donde el material está resguardado, pero no hay arqueólogos al cuidado, por lo que los restos óseos, por ejemplo, que tenían rastros de humedad, hongos, pueden contaminar el material de no recibir tratamiento preventivo.
En el Centro de Investigación, en el Museo del Mamut, el registro de material quedó al 90 %, “todo se detuvo de forma abrupta. Lo que no entró en este archivo se quedó en la antigua alberca olímpica y no sabemos si alguien lo está resguardando”.
En los cerca de 35 frentes del aeropuerto se encontraron restos prehispánicos. En Jaltocan, cuya ruta va hacia Santa Lucía, se encontraron asentamientos y basamentos como casa-habitación, entierros y material asociado a Teotihuacán. También se detectó ocupación azteca tardía, cercana al contacto con los españoles: herramientas de hueso, tepalcates (piezas de cerámica) que podrían pesar toneladas y arrojan luz sobre el pasado de la región.
Arqueólogo
“Qué bueno que en esta ocasión atendieron nuestra causa, pero la verdad estamos en el limbo, puede volver a pasar. Debido a que estamos contratados por Capítulo 3000 estos retrasos son frecuentes”
Arqueólogo
“Había compañeros en campo supervisando el trabajo de excavadoras durante la obra; ahora ya no hay quien vigile... Todo se detuvo de forma abrupta... no sabemos si alguien está resguardando”
28-34mil PESOS AL MES (menos impuestos: entre 7 y 8 mil pesos) ganaron los arqueólogos en este proyecto
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